Grupos armados mataron más de 4 mil civiles al margen de combates

Londres, 28 de Mayo (EFE) — Los grupos armados de Colombia dieron muerte a más de 4 mil civiles por motivos políticos al margen de los combates en 2001, cuando asimismo secuestraron a más mil 700 personas, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy.

La organización no gubernamental destaca que la gran mayoría de las ejecuciones extrajudiciales y de las más de 300 "desapariciones" registradas el año pasado fueron obra de grupos paramilitares que contaban con el apoyo activo o tácito de las fuerzas de seguridad.
Añade que no dejó de empeorar la seguridad de quienes vivían en las zonas de conflicto, sobre todo los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, funcionarios judiciales, periodistas, integrantes de comunidades afrocolombianas e indígenas y campesinos.

Según AI, en 2001 salieron a la luz indicios sobre estrechos vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares y, aunque hubo avances en varias investigaciones judiciales y disciplinarias, la impunidad siguió siendo un fenómeno generalizado.
El informe señala que, además de que no se hizo ningún esfuerzo decisivo para detener a los líderes paramilitares nacionales, en los casos que sí experimentaron avances éstos se vieron frenados por amenazas, homicidios y decisiones judiciales cuestionables.

Entre ellas cita la de liberar al ex general Rito Alejo del Río, detenido por agentes de la Fiscalía General por su presunta relación con paramilitares, y la de anular los procedimientos abiertos en la jurisdicción militar contra el ex general Jaime Uscateguí por la matanza de 27 personas perpetrada en 1997 en Maparipán (Meta).
AI constata que el conflicto interno, cada vez más encarnizado, afectó a la mayoría de las zonas del país, que hubo informes sobre centenares de matanzas en diferentes puntos de Colombia -la mayoría perpetradas por paramilitares apoyados por el ejército- y que más de 300.000 civiles se vieron desplazados internamente.

También denuncia que los ataques guerrilleros contra bases de las fuerzas de seguridad continuaron exponiendo a las comunidades civiles a un considerable peligro, y que tanto las guerrillas como los paramilitares siguieron utilizando a niños como combatientes.
Al dar cuenta de una visita de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU, indica que ésta condenó los abusos sexuales contra niñas por parte de jefes paramilitares y guerrilleros, y expresó su inquietud por la utilización de más de 2.500 niñas soldados, la mayoría en las filas de las FARC.

El informe responsabiliza a los grupos armados de oposición de numerosos abusos, incluido el homicidio deliberado y arbitrario de centenares de civiles.
AI sostiene que entre los miembros de la sociedad civil más perseguidos por las guerrillas -por oponerse a su política o denunciar sus abusos- había periodistas, líderes indígenas y políticos, y que decenas de civiles resultaron muertos o heridos durante ataques desproporcionados contra objetivos militares.
Durante 2001 se mantuvo el elevado número de tomas de rehenes, agrega el informe, que atribuye a las guerrillas el 60 por ciento de un total cercano a los 3.000 secuestros.

Destaca el caso de Consuelo Araújo Noguera, ex ministra de Cultura y esposa del Procurador General, secuestrada por las FARC el 24 de septiembre, junto a otras 24 personas que en su mayoría quedaron en libertad antes del día 25, y quien murió a manos de esta guerrilla seis días más tarde.
No obstante, de acuerdo con AI, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron poner fin a los secuestros colectivos en octubre y diciembre, respectivamente.

En cuanto a las conversaciones de paz iniciadas en 1999 entre el gobierno y las FARC (canceladas por el primero en febrero de 2002), el informe dice que no experimentaron progresos importantes.
Añade que en principio tampoco hubo avances en las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla ELN, aunque en noviembre las partes mantuvieron contactos en Cuba y en diciembre el Ejecutivo las reanudó formalmente.