Acusa a policías de malos tratos y destaca investigación Pinochet

Londres, 28 de Mayo (EFE) — La policía chilena fue acusada de someter a manifestantes a malos tratos y uso excesivo de la fuerza en 2001, según Amnistía Internacional (AI), cuyo informe anual destaca hoy los esfuerzos judiciales por aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura en Chile.

La organización humanitaria internacional, con sede en Londres, subraya, además, que Chile abolió el pasado año la pena de muerte para delitos comunes.
AI resalta que las justicias chilena y argentina prosiguieron sus pesquisas por esclarecer las violaciones de derechos humanos en el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
La organización señala que al finalizar 2001 el juicio a Pinochet seguía pendiente de los tribunales chilenos, dado que la Corte Suprema admitió a trámite un recurso de la acusación contra el sobreseimiento del caso por motivos de salud dictado en julio por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La misma Corte Suprema chilena, recuerda AI, rechazó en agosto la solicitud de extradición de Pinochet presentada por una juez argentina por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en 1974, por cuyo caso fueron detenidos en octubre en Chile cinco miembros de la antigua policía política de la dictadura.
Añade que el caso Prats fue incluido en la investigación judicial argentina sobre la Operación Cóndor, "una conspiración secreta de los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para devolver a personas exiliadas a sus países donde serían sometidas a tortura, desaparición y, en muchos casos, asesinato".
Por esa operación, un juez argentino pidió en julio la detención preventiva con fines de extradición de Pinochet, añade AI.

Por otra parte, señala que agentes de Carabineros (policía militarizada dependiente del ministerio de Defensa) "hicieron uso de fuerza excesiva" en varios casos y manifestaciones pacíficas.
Agrega que "decenas de manifestantes fueron maltratados al ser detenidos y mientras permanecían recluidos en comisarias de policía de Santiago", y cita los casos de Andrea Martina Olivares y Marta Albán Ochoa.

Sobre Olivares, AI dice que fue detenida en marzo de 2001 en una manifestación, vejada durante su traslado y permanencia en la Tercera Comisaría de Carabineros y obligada a firmar unos documentos antes de ser dejada en libertad.
Amnistía denuncia que Ochoa fue detenida en una manifestación, golpeada e insultada en un vehículo policial y que tuvo que recibir asistencia médica en la Décimo Novena Comisaría, en Providencia, antes de quedar en libertad.

AI también acusa a la policía chilena de hacer "un uso excesivo de la fuerza" en actos de protesta convocados por grupos indígenas en las disputas de tierras acaecidas en las regiones del sur del país.

La organización internacional pro derechos humanos menciona que un miembro de la comunidad mapuche fue alcanzado por un bala en un ojo en una manifestación reprimida por la policía, y que otros cuatro integrantes de ese grupo indígena fueron heridos por agentes.
Además, destaca que la secretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, y decenas de personas de ese grupo político fueron golpeados por carabineros durante un desalojo de su sede en Santiago en noviembre de 2001.