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La justicia penal de adolescentes
está cercana al colapso. Los tribunales de niñez, según un
reciente foro demostró, están ahogados por la cantidad de
casos que deben atender. Las causas penales de los dos últimos
años han avanzado tan poco, que la mora es alarmante. Los
juzgados y fiscalías que debieron crearse hace ya más de tres
años todavía aguardan la aprobación de un crédito extraordinario
que depende tanto del Ministerio de Economía como de la Asamblea.
Los jueces de hoy siguen haciendo lo que hacían hace 50 años:
investigan los delitos, preparan la acusación, defienden al
menor, lo juzgan y lo vigilan mientras cumple la sanción.
Esto es una parodia de justicia. El mensaje que recibe la
comunidad, ante la parálisis y el anacronismo de la jurisdicción
de niñez, es que aquí sigue imperando la impunidad y la arbitrariedad.
La ley 40 fue creada para cambiar el sistema tutelar, pero
este ha resistido exitosamente cualquier intento de reforma.
Para agravar la situación, algunos piensan que “el problema
está en la ley”, sin darse cuenta de que la mayor criminalidad
y el más vertiginoso aumento de incidentes delictivos en los
dos últimos años ocurre entre la población adulta, lo que
no hace mejores a las leyes que rigen la jurisdicción penal
y el sistema penitenciario. ¿Cuándo habrá un compromiso serio
por parte de los tres órganos del Estado para ponerle remedio
a esta situación? |
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