Investigan si fianza de Jones se ajustó a
la ley El Frente
contra la Corrupción dice que la Central de Fianzas 'se encuentra fuera de los
parámetros de solvencia' permitidos por la Ley
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com El Ministerio Público
inició una investigación para determinar si la fianza de excarcelación por un
millón de dólares interpuesta a favor del ejecutivo del Consorcio San Lorenzo,
Stephen Jones, se ajusta o no a los parámetros legales.
Tales diligencias comenzaron luego de que el Frente Nacional contra la Corrupción
advirtiera que la Central de Fianzas, S.A., la empresa a través de la cual se
consignó la suma a favor de Jones, “se encuentra fuera de los parámetros de solvencia”
permitidos por la Ley. Como respaldo a su
solicitud, el Frente Nacional contra la Corrupción adjuntó copia de un informe
de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, referente al cuarto
trimestre del año pasado, en el que se advierte que la Central de Fianzas, S.A.,
tiene un déficit superior a los 42 mil dólares. El capital
mínimo exigido por las leyes sobre seguros y reaseguros es de dos millones de
dólares, según el mismo documento. Jones
evitó una orden de detención girada en su contra por la Procuraduría General de
la Nación, que investiga el presunto soborno a legisladores a cambio de la aprobación
del Contrato-Ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, que se encargaría
de la construcción del Centro Multimodal, Industrial y de Servicio (CEMIS).
Precisamente el Frente insistió en su denuncia sobre
las irregularidades detectadas en los protocolos de fusión del CEMIS que, según
afirmó, no cuentan con las formalidades de ley, debido a que algunos de ellos
no fueron firmados por los supuestos representantes legales.
Esto, a juicio del Frente contra la Corrupción, fue corroborado en un comunicado
público por Rafael Zúñiga, quien ejerce funciones de secretario general de la
Contraloría General de la República. Z´úñiga,
según el Frente, afirmó que jamás firmó documentos que en la Notaría Décima se
dieron por suscritos. En consecuencia, manifestó,
son nulas esas actas. Ante los persistentes
rumores de que el CEMIS está en venta, el silencio de la Procuraduría, a su juicio,
“podría derivar en perjuicios a compradores inocentes que desconocen la información”.
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