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Panamá padece una crisis
institucional profunda, de la cual son testigos todos los
miembros de la clase política y la conciencia ciudadana
del país. Algunos pretenden ignorarla como lo han hecho
desde 1972; otros alegan que las reformas constitucionales
de 1978 y de 1983 resolvieron los problemas fundamentales.
Mentira. No fueron reformas de buena fe; se hicieron por imposiciones
externas, porque los militares panameños no aprendieron
a ser democráticos. Es imposible enseñar a un
carnívoro a convertirse en vegetariano. La Constitución,
que ni siquiera merece ese nombre, debe cambiarse. ¿Cómo
hay que hacerlo? Ese es el punto a discutir por toda la sociedad
civil, porque es asunto que nos concierne a todos. Por ello
nos parece sobremanera oportuno el llamado del Comité
Ecuménico de Panamá para atender el problema,
ante la “alarmante crisis de valores morales, económicos,
sociales y políticos que sufre la patria”. Básicamente,
los sistemas previstos en la Constitución para su reforma
no son viables, porque todos requieren la intervención
de la Asamblea Legislativa que es el órgano del Estado
más desprestigiado y que requiere de profundas transformaciones.
Esas solo pueden lograrse en una nueva Constitución
hecha con valores cívicos y políticos completamente
divorciados de las consideraciones de política partidista. |
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