La segunda vuelta electoral
Los que votaron por otros candidatos, pierden la esencia de su preferencia política de fondo y se ven obligados a dirigir su mirada hacia candidatos que no les inspiran
Adolfo Ahumada
Aplican en Costa Rica la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Este sistema es de origen europeo y se funda en un sentido estrictamente aritmético de la representación presidencial. Se aduce que el mandato sólo es suficientemente válido si cuenta con el respaldo registrado de, al menos, la mitad más uno de los electores, y es allí donde radica la legitimidad para el ejercicio del poder.
Sin embargo, en América Latina el sistema no ha podido superar la prueba de la realidad. En primer lugar, porque sólo toma en cuenta la cantidad efectiva de votantes y se olvida tanto del número total de ciudadanos, como del de los electores inscritos. De esa manera, la supuesta legitimidad que nace de la voluntad pública queda limitada o recortada a los actores físicos del proceso electoral, a los que quisieron ir a votar y no a todos los ciudadanos. Esto significa que la legitimidad, aun en los casos en que se aplica este mecanismo, es una legitimidad parcial. En ningún caso, en consecuencia, se llega a la legitimidad absoluta, que parece ser el principal postulado que inspira a la segunda vuelta, al menos en su formulación teórica inicial.
En el plano de los grupos políticos, el espectáculo de la segunda vuelta, según me cuentan, ha sido muy poco edificante. En la primera ronda hay posibilidades de que los grupos contendientes formulen planteamientos sobre planes de gobierno y decidan elaborar propuestas para el enfoque de los problemas. En la segunda vuelta hay un marcado incremento del clientelismo electoral. La costumbre de lograr alianzas se puede concretar en la primera. Ya para la segunda, se trata de una alianza ajena a lo programático, más bien impulsada por el afán de buscar resultados aritméticos en pocas semanas –cuando no hay tiempo para la discusión de nada serio– y todo queda reducido al reparto burocrático más o menos descarado. Hay sectores en América Latina que participan en las elecciones con conciencia de que van a perder. Grupos minoritarios sin presencia electoral significativa, se dedican a esperar la segunda vuelta para ofrecerse mejor, siempre, naturalmente, afinando el olfato para acercarse al posible ganador del torneo y entonces llevarse un par de ministerios. Es una práctica conocida de antemano, que conduce al oportunismo en sus más altos niveles. Puro mercadeo.
Los sistemas que se basan en una sola vuelta se adaptan mejor al ideal de nuestras sociedades. Obligan, en el caso de las alianzas, a que estas se estructuren en torno a ciertos criterios e ideas. No tiene mayor trascendencia que, en relación a los votantes, se pueda ganar con mayoría simple. En esos casos, la obligación inevitable del ganador es fortalecer su legitimidad –base de lo que ahora algunos denominan “gobernabilidad”– mediante la incorporación de fuerzas que no lo apoyaron durante el proceso electoral y, sobre todo, con una gestión de gobierno eficaz y alejada de la mediocridad. De ese modo, el ejercicio de la función pública no descansa exclusivamente en el resultado que se obtuvo en las elecciones ni se prolonga su significado durante todo el período presidencial. El riesgo más frecuente surge cuando el gobernante se llena de orgullo insistiendo en que ganó con mayoría absoluta en una segunda vuelta, y ese factor le sirve para fundar en ello su legitimidad. Claro que se engaña, ya que no puede desconocer la cantidad de personas que se abstiene de votar y, especialmente, porque no hay cosa más variable que un voto. Se conoce de líderes que han obtenido la victoria con gran margen y, a la vuelta de poco tiempo, pierden el apoyo del pueblo, pero siguen en el poder porque ya a nadie le da por andar tumbando gobernantes y porque la cosa no es como antes. Otros, que ganaron con poca ventaja, se pueden convertir en dirigentes que llegan a simbolizar toda una época en la evolución de la Nación.
El sistema de una vuelta, que es el que ha formado parte de la tradición constitucional de Panamá, es una práctica democrática que busca tendencias en la mayoría del electorado y le respeta sus preferencias. Es intimista, porque enfatiza la voluntad muy personal del votante, y trata de evitar que este quede atrapado en una encrucijada que no puede resolver. La segunda vuelta lo obliga a reducir opciones y a decidir entre dos candidatos, aunque ninguno de ellos haya sido objeto de sus simpatías. Sencillamente, se les dice a los que no votaron por los dos primeros que aquellos son ciudadanos de segunda categoría y, por tanto, están obligados a cambiar su voto o a no votar. Los que votaron por otros candidatos, pierden la esencia de su preferencia política de fondo y se ven obligados a dirigir su mirada hacia candidatos que no les inspiran. En esas circunstancias, muchos escogen un camino menos complicado y, sencillamente, se abstienen de votar, como ha ocurrido en la última elección en Costa Rica.
El autor es abogado
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