Panamá culpa a Nicaragua
El Gobierno de Panamá exigió al de Nicaragua quehaga
una investigación exhaustiva José Otero
y
servicios internacionales
planas@prensa.com
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Ayer, a mediodía, el jefe de la Policía Nacional,
Carlos Barés, el vicecanciller, Harmodio Arias, y el ministro de Gobierno y Justicia,
Aníbal Salas, ofrecieron una conferencia de prensa en relación con el escándalo
de tráfico de armas en que se ha visto envuelta Panamá. También participó el jefe
del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis.
| El ministro de Gobierno
y Justicia, Aníbal Salas, responsabilizó ayer al Gobierno de Nicaragua de incumplir
normas internacionales sobre venta de armas de guerra, al tiempo que denunció
que la Policía nicaragüense no informó a Panamá sobre una investigación que adelantaba
sobre la entrega de un cargamento bélico que se desvió a manos de irregulares
colombianos. Salas reiteró que Panamá
nunca estuvo involucrada en el trueque de armas de guerra efectuado entre la empresa
guatemalteca Girsa y la Policía nicaragüense.
No obstante dijo que Nicaragua incumplió con el artículo IX de la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos
y otros Materiales Relacionados, de la cual ambas naciones son signatarios desde
1997.
Explicó el funcionario que el referido artículo obliga al Estado que vende el
material bélico a informarle al Estado solicitante los detalles de la transacción
y verificar que esta información llegue a su destinatario.
Según Salas, la compra de armas, realizada por una empresa intermediaria de dos
israelíes establecidos en Guatemala, se llevó a cabo con documentos falsos del
Gobierno panameño, y las autoridades nicaragüenses no verificaron su autenticidad.
El ministro Salas añadió que este fin de
semana encabezó una delegación panameña que se reunió, en Managua, con altos funcionarios
del gobierno del presidente Enrique Bolaños, a quienes les informaron sobre el
incumplimiento de esta norma internacional.
También destacó que le pidieron al Gobierno nicaragüense una investigación exhaustiva
para dar con los responsables de esta transacción ilícita en la cual se involucró
a Panamá. Salas indicó que luego de que fuera
entregado un lote de 3 mil fusiles AK-47 a la empresa guatemalteca supuestamente
intermediaria, en el año 2000, Nicaragua inició una operación, junto con Estados
Unidos y Colombia para capturar a los sospechosos de proveer este cargamento a
los irregulares. Montaron una segunda entrega consistente en 2 mil fusiles de
asalto pero no le notificaron a Panamá sobre las investigaciones en proceso.
En la conferencia de prensa, se explicó que fue en
enero del 2001 cuando las autoridades colombianas notificaron a Panamá sobre esta
investigación y de inmediato el Gobierno panameño se sumó a la operación y se
comprometió a guardar silencio hasta que se concretara la misión.
No obstante, dijo el ministro Salas, la operación se abortó
el pasado 21 de abril cuando los medios de comunicación colombianos dejaron al
descubierto la operación. Por su parte, Carlos
Bares, jefe de la Policía, señaló como “lamentable” que por casi dos años sus
colegas nicaragüenses mantuvieran silencio sobre esta operación donde se implicaba
a Panamá. El vicecanciller, Harmodio Arias,
aseguró que, a pesar de las divergencias causadas por el escándalo, las relaciones
diplomáticas entre ambas naciones se mantienen en su máximo nivel.
El escándalo del tráfico de armas hacia Colombia estalló
la semana pasada cuando el diario El Tiempo de Colombia reveló que la Policía
de Nicaragua vendió 3 mil fusiles AK 47 y 5 millones de municiones 7.62mm a la
empresa guatemalteca Girsa, que presuntamente actuó como intermediaria de la Policía
de Panamá, pero el cargamento fue desviado hacia Colombia.
Girsa es propiedad de los empresarios israelíes radicados en Guatemala Oris Zoller
y Uzi Kisslevich, quienes afirman haber sido contactados por los panameños también
de origen israelí Marcos Sherem y Shimon Yelinek, quienes niegan tener relación
con el negocio. Las armas fueron embarcadas
el 26 de octubre en el navío panameño Otterloo en Puerto Rama en Nicaragua, pero
terminaron el 12 de noviembre en el puerto de Turbo, en Colombia, reveló el jefe
del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis.
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