Panamá, 30 de abril de 2002
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Sossa pide archivo de querella interpuesta por Jacobo Salas

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

El procuradorde la Nación, José Antonio Sossa, solicitó el archivo del expediente instruido tras la querella criminal que, por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, interpusiera en su contra el legislador arnulfista Jacobo Salas.

La petición de Sossa se encuentra consignada en el escrito de contestación del cuestionario enviado a su despacho por la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien instruye el expediente.

Sossa fundamentó su solicitud en que el Código Judicial exige que al querellarse contra un funcionario por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, la denuncia debe estar acompañada con la prueba sumaria de su relato. “En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo”, según indica Sossa en referencia a lo que dispone el artículo 2467 del Código Judicial.

Crónica de notas

Jacobo Salas se querelló contra Sossa luego de que el jefe del Ministerio Público, según el legislador oficialista, ordenara que se investigaran sus cuentas bancarias, a pesar de que su nombre no aparecía involucrado dentro del expediente que esa agencia de instrucción adelanta por presunto soborno a funcionarios.

Las denuncias formuladas por el legislador perredista Carlos Afú sobre una compensación monetaria a legisladores por la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, dejó “entrever”, señaló Sossa, la presunta conducta ilícita que se dio dentro del hemiciclo legislativo, en donde, según dijo, resultan “seriamente cuestionados” los legisladores de la República. Ello, a su juicio, “lo que motiva en principio (es) una investigación en torno a todos y cada uno de los legisladores”.

Como quiera que se trataba de la posible comisión de un delito de corrupción, que se origina en la Asamblea, insistió el procurador Sossa, “es por lo que se consideró que la investigación debía hacerse sin excluir a ninguno de los miembros de la Asamblea, al tratarse de un hecho ilícito que afectaba a la institución en su conjunto”.


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