Cierre de la Refinería no afecta los intereses del Estado: Sossa
El procurador dio concepto favorable al acuerdo entre la empresa y el Estado
MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, emitió concepto favorable sobre el acuerdo entre el Estado y la Refinería para cerrar esa empresa. Según dijo, el acuerdo no lesiona los intereses del Estado, por lo cual resulta “viable” efectuar el Convenio de Transacción y Terminación del Contrato Ley No. 35 de 1992.
En nota enviada al ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, el seis de marzo del 2002, Sossa responde a la solicitud de pronunciamiento sobre la transacción entre el Estado y Refinería Panamá, S.A.
De acuerdo con la nota, Sossa realizó un análisis del proyecto de convenio, que establece como fecha efectiva de terminación anticipada el 30 de noviembre del 2002, cuando deben cesar y terminar todos los derechos y beneficios, así como las obligaciones, que se derivan del contrato Ley No. 35, tanto para la Refinería como para el Estado.
“Con la transacción, se pone fin al proceso arbitral, terminando y extinguiendo todo reclamo, derecho o acción que Refinería y el Estado pudieran tener”, señala la nota.
Con el propósito de prevenir interrupciones en el manejo y comercialización de productos de petróleo, así como de la importación, antes de la fecha de terminación, Refinería celebrará contratos con el Estado a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el uso de determinados bienes estatales, contratos que entrarán en vigor en la fecha efectiva de terminación.
También se elaborará un documento para la operación y administración (por Refpan) de una Zona Libre de Petróleo.
Refinería está obligada a ejecutar un programa de Adecuación y Manejo Ambiental para el cierre de sus operaciones de refinación y un programa de Adecuación y Manejo Ambiental para el centro de acopio de combustibles, los cuales fueron aprobados por la República de Panamá.
Esos programas tienen la finalidad de garantizar el cierre ambientalmente seguro de la planta industrial, y la mitigación de los efectos adversos que las operaciones industriales hayan podido ocasionar.
Sossa no se refirió en la nota al posible despido de unos 220 empleados que se produciría si la empresa deja de refinar.
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