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Panamá es un país
institucionalmente enfermo, víctima de las retorcidas
estructuras constitucionales que creó la dictadura
en sus distintas fases. La Constitución de 1972 fue
la antítesis de lo que una constitución debe
ser. Proscribió los partidos políticos, otorgó
extraordinarios poderes al Ejecutivo y convirtió al
Legislativo en una especie de apéndice de la Presidencia.
Después hubo reformas constitucionales en 1978 que
en algo democratizaron el sistema, pero fueron producto de
las exigencias de algunos senadores estadounidenses que las
impusieron como condición para ratificar los tratados
sobre el Canal de Panamá. Finalmente, en 1983 se aprobaron
otras reformas que en algo mejoraron el sistema, pero también
fueron insuficientes. El resultado es una torcida y retorcida
estructura constitucional que afecta a todos los órganos
del Estado. Esa situación tiene que superarse para
recobrar la salud de la República. Lamentablemente,
las dos fórmulas de reforma constitucional establecidas,
pasan a través de la Asamblea Legislativa, que es una
parte muy importante del problema. Por tanto, es necesario
acudir al constituyente primario, el pueblo, para que decida
cuáles serán las instituciones bajo las cuales
quiere vivir. Después de todo, como reconoce la propia
Constitución vigente, el poder público solo
emana del pueblo. |
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