Barés niega compra de armas
Los nombres que aparecen en la orden de compra de la
Policía Nacional corresponden a funcionarios del actual gobierno
José Otero y Rafael Pérez
planas@prensa.com El director de la Policía
Nacional, Carlos Barés, insistió ayer, tras una reunión con el procurador José
Antonio Sossa, que ni la institución de seguridad ni el Gobierno panameño han
tenido vinculación alguna con este trueque de armas de guerra.
Javier Chérigo, encargado de la Policía Técnica Judicial
(PTJ) y quien está al frente de esta investigación destacó que las averiguaciones
están en su fase inicial de recopilación de información y, por el momento, no
hay señalamientos contra nadie. También Carlos
Carrillo -abogado de Shimon Yalin Yelinek, señalado por el empresario Oris Zoller
como una de las personas que pagaron estas armas a nombre de la Policía de Panamá-
negó toda vinculación de su cliente en este negociado.
Marco Shern, otro de los empresarios radicados en Panamá a los cuales Zoller relacionó
con esta transacción de armamento, aclaró que nunca ha efectuado ninguna negociación
con la empresa GIRSA ni con Zoller sobre compra de armas .
Mientras tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas informaron de que los nombres
que aparecen en la orden de compra de la Policía Nacional, que permitió la obtención
de este lote de armas, corresponden a funcionarios del actual gobierno .
Se trata de los funcionarios, Reinaldo Castillo,
quien ejerce funciones de jefe de compras de la Policía; Rolando Taboada, director
de servicios generales de esa institución; Fredinson Carvajal, de control fiscal
de la Contraloría; y Alexis Vergara, quien actualmente ocupa la subdirecci´on
financiera en asuntos de seguridad pública en el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Vergara, quien al momento de registrarse
la permuta fungía como auditor jefe de la referida dirección financiera en la
Policía Nacional, evitó hacer comentarios sobre este tema tras ser contactado
ayer por este diario. Barés aseguró que tanto
el documento en cuestión como la firmas que aparecían en la orden de compra eran
falsas. Fernando Núñez Fábrega, quien ocupó
la dirección financiera en asuntos de seguridad pública en el Ministerio de Gobierno
y Justicia durante la administración de Winston Spadafora, calificó como absurda
la mencionada transacción dado que no cumplía con los requisitos legales previamente
establecidos. Núñez Fábrega recordó que al
momento de la entrega de un lote de armas en el comercio internacional el vendedor
recibe un certificado de uso final que le garantiza que el material bélico entregado
al comprador no sea desviado a un destino diferente al que previamente fue acordado.
Este certificado debe llevar cinco firmas:
del exportador, del intermediario, del director de seguridad pública del Ministerio
de Gobierno y Justicia, del ministro de esta cartera y en este caso del director
de la Policía Nacional. Recordó que durante
la administración Spadafora se giró una circular a los tres jefes de policía (PN,
Servicio Marítimo Nacional y Servicio Aéreo Nacional) en la que se advertía que
la compra de armas solo la manejaba el ministro de Gobierno y Justicia.
Una orden de compra de esa naturaleza, dijo, no podría
superar la cifra de 50 mil dólares y jamás era despachada “al portador”, como
ocurrió en esta oportunidad.
Además
en portada • 'Pregúntele
a Barés': Montano
•
Huelga del SUNTRACS entra hoy en su segunda jornada
•
Gobierno promete frenar a taxistas 'piratas'
• Barés niega compra de armas
• Young espera reglamentación
de Ley de Transparencia
•
La familia Rodin se enfrenta por terrenos en la Zona Libre de Colón
• Piratas asaltan barco camaronero
frente a la isla de Buenaventura
•
Duhalde lucha por mantenerse en el poder
•
Una carta muestra inquietud en el PRD
•
Gobierno condecora a obispo Rómulo Emiliani
• Directores de colegios son
'intocables', dice ministra
•
Analizan extender vigencia de fichas de seguro
•
Se desborda río Cricamola
•
¿Empezó la campaña?
•
Conceden el primer habeas data
•
INAC pide ayuda policial para cuidar tumbas prehispánicas
• Capacitan a docentes
• Tranque turístico
• FENASEP demanda al
Estado ante CIDH
•
Reportan más de 12 mil embarazos en adolescentes
•
Los menores delinquen menos que los adultos
| 
