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Cada día recibimos sorpresas
sobre la venta de armas que Nicaragua hizo a Colombia, con
documentos que, aparentemente, indicaban que el destino final
sería la Policía Nacional de Panamá. La Policía Técnica Judicial
no dice nada de substancia, el Ministerio Público, como siempre,
se convierte en el Misterio Público, y poco se adelanta en
las investigaciones. Sin embargo, por algún milagro –que hasta
donde se sabe, ocurren muy raramente– la presidenta de la
República de Panamá se enteró de que se estaba tratando de
usar el nombre de la Policía Nacional de Panamá para encubrir
el comercio de armas que efectuaba el jefe de la Policía de
Nicaragua para enviar armas de guerra a Colombia. En síntesis,
solo se sabe que hay versiones contradictorias sobre lo que
realmente ocurrió, y adelantar juicios o conclusiones sin
poderlas demostrar fehacientemente, deja muy mal a Panamá.
Después de todo, se trata del tráfico de armas de guerra a
un país en donde la guerrilla, además de constituir un grave
peligro para el Gobierno colombiano, afecta la estabilidad
política y social de los países limítrofes, incluyendo a Panamá.
Tratemos el asunto con mayor seriedad. |
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