Panamá, 21 de abril de 2002
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De la Comisión de la Verdad a la Procuraduría

El informe de la Comisión pone en manos del Ministerio Público la posibilidad de hacer justicia

Rafael Pérez G. y José Otero
planas@prensa.com

Tras culminar la labor para la que fueron convocados, los miembros de la Comisión de la Verdad señalaron la necesidad de reabrir judicialmente los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos entre 1969 y 1989.

Por ello, sugieren llevar a cabo “excavaciones sistemáticas” en sitios donde se presume que existen restos de otras víctimas de la dictadura militar.

Igualmente, se sugiere el establecimiento de una “unidad de seguimiento” encargada de darle continuidad a todo el material investigado y a los documentos y pruebas recabadas.

La investigación permitió comprobar que en el ejercicio del poder, el régimen militar utilizó “la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante”.

Aunque algunos de los eventos investigados ocurrieron hace casi 40 años, la Comisión recomendó al actual gobierno que cumpla las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, se propuso que los familiares de los asesinados y desaparecidos reciban una adecuada reparación moral y material por los daños sufridos.

La presidenta Mireya Moscoso señaló durante la entrega del informe que evaluaría esta propuesta.

Por otra parte, y para que estos hechos no se repitan en Panamá, los miembros de la Comisión de la Verdad solicitaron a los actuales gobernantes que se eduque a las futuras generaciones de líderes, reforzando la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación, así como en los estamentos de seguridad pública.

Además de las recomendaciones de la Comisión, Panamá dio en marzo pasado otro paso para combatir la violación impune de los derechos humanos, al convertirse en el quincuagésimo sexto Estado en adherirse al estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.


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