En pos de la verdad
Juan Luis Batista
jlbatista@prensa.com
Alberto Almanza, abogado y activista católico de 51 años, ha estado en la palestra pública sin proponérselo.
Después de 15 meses de investigación, el presidente de la Comisión de la Verdad entregó oficialmente esta semana el informe final sobre los asesinatos y desapariciones políticas ocurridas durante la dictadura militar (1968-89). De las 147 denuncias recibidas, 110 pudieron ser documentadas.
Almanza fue nombrado presidente de la Comisión de la Verdad a principios del año pasado, por recomendación del arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño.
La comisión quedó integrada, además, por el obispo episcopal Julio Murray; el activista de derechos humanos Osvaldo Velásquez; el presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Fernando Berguido; el abogado Juan Antonio Tejada Mora; la escritora y médica Rosa María Britton y la activista de derechos humanos Otilia Tejeira de Koster.
Al final del camino solo quedaron trabajando en la Comisión, Almanza y cinco colegas más; los otros integrantes se retiraron por diversos motivos.
Almanza, que entre 1976-77 —cuando estaban prohibidos los partidos políticos— fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, tiene siete hijos, y, junto a su esposa Gitza, pertenece a las comunidades neocatecumenales.
Durante los primeros meses, Almanza trabajó ad-honorem y tuvo que enfrentarse a la salida de Britton y Tejeira de Koster. Sin embargo, la adversidad más grande la encontró en la recuperación de los restos de los desaparecidos.
Las dificultades enfrentadas en este campo, sin embargo, tuvieron una sorpresiva y muy eficaz ayuda: Eagle, el perro que fue la pieza clave para desenterrar la verdad.
Además de la información obtenida sobre los muertos y desaparecidos, el trabajo realizado por la Comisión comprobó -a través de importantes documentos- la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1968.
Al final del trabajo, Almanza llegó a una significativa conclusión: la mayoría de las personas asesinadas o desaparecidas eran idealistas. Y por ello espera que el informe, entregado al Ministerio Público, no solo sirva de referencia histórica sino que permita hacer justicia –sin incurrir en venganza– a quienes la merecen.
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