M. Rodin, investigado por Interpol
Cuatro investigaciones adelantaba la Interpol contra empresas vinculadas al empresario, una de ellas, por lavado de dinero
LA PRENSA/Alvaro Reyes
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
La Procuraduría General de la Nación, desde 1997, ha tenido especial interés en Martin Rodin y sus empresas. La investigación contra el Consorcio San Lorenzo y sus ejecutivos —entre quienes destaca Rodin— es una más de las que se han hecho en Panamá, aunque en el pasado no han tenido mayores consecuencias para él ni para sus compañías.
Un intercambio de cartas entre funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) —hoy fuera de esta institución policial—, la Interpol y la Procuraduría General de la Nación deja entrever pugnas por las investigaciones que adelantaba hace un par de años la Interpol contra las empresas de Rodin.
Al menos, cuatro pesquisas estaban en curso en 1999 contra compañías vinculadas a Martin Rodin. Entre ellas, Motores Internacionales, S.A. (MOINSA) —acusada de cambiar el registro alfanumérico del chasis de autos Lada con el que se identifica el año en que se fabricaron los vehículos, y de incumplimiento de contrato— y Eurolada International Inc. —sobre la que pesaban dos investigaciones por lavado de dinero en Europa— y cuyos dignatarios trabajaban para MOINSA, según la Interpol.
El 26 de agosto de 1999, el secretario general de la Procuraduría, José María Castillo, envió una carta al entonces director de la PTJ, Alejandro Moncada. “Por instrucciones precisas del Señor Procurador General [José Antonio Sossa] —decía— le solicito, formalmente, informe por escrito al Despacho Superior sobre cualquier diligencia que hubiese sido solicitada a la Policía Técnica Judicial por organismo nacional o internacional, en torno a la persona del ciudadano MARTIN RODIN” [negritas y mayúsculas son del original].
Castillo también quería saber si la PTJ había abierto alguna investigación contra Rodin y, si así fuera, decía la carta, “le solicito que nos envíe copia de la documentación o expedientes que tenga al respecto... lo cual deberá ser remitido al Despacho del Señor procurador, en el día de hoy”.
La respuesta a Castillo —al día siguiente— no provino de Moncada, sino del entonces jefe de la Interpol-Panamá, Jorge Mottley. El funcionario mencionó brevemente las investigaciones que adelantaba su oficina contra las empresas de Rodin por petición de sus homólogas de Bratislavia (Eslovaquia), Kiev (Ucrania) y Perú. Pero Mottley advierte que el Ministerio Público ya sabía de estas investigaciones. Al menos de una.
“La Procuraduría General de la Nación —dijo Mottley— con anterioridad ha tenido conocimiento de las diligencias practicadas con relación a la solicitud de Asistencia Policía recibida de INTEPOL - LIMA (VEINSA -vs- MOINSA), toda vez que usted [José María Castillo] en nombre del señor Procurador General de la Nación instruyó personalmente al suscrito para que atendiera en nuestras oficinas al Licenciado GUILLERMO COCHEZ, asesor jurídico de Motores Internacionales, S.A., lo que efectivamente se hizo” [negritas y mayúsculas son del original].
Cochez, como se sabe, no solo es un entrañable amigo del procurador, sino un ex copartidario y ex colega legislador. Es, incluso, su abogado particular en demandas millonarias contra La Prensa.
Por último, Mottley menciona que no ha recibido solicitud formal de ubicación ni aprehensión con fines de extradición de persona alguna.
En cuanto a los expedientes, advierte a Castillo que éstos reposan en las oficinas de Interpol y que están a su disposición “en el momento en que usted desee presentarse a examinarla, ya que por lo sensitivo de la misma, nuestras colegas nos han pedido que se le dé un trato estrictamente policial”.
Pero no fue así. El jefe de la Interpol, de acuerdo con una nota que dirigió a Sossa el 30 de agosto de 1999, se vio obligado a enviar copia de los expedientes abiertos contra las empresas de Martin Rodin.
Dos de las investigaciones que adelantaba la Interpol (Bratislavia y Kiev) solicitadas en 1997 y 1999, tenían que ver con lavado de dinero, por lo que Interpol había solicitado no tener contactos con los sujetos investigados.
De ahí las precauciones de Interpol-Panamá, especialmente por el hecho de la cercana amistad que mantiene Sossa con Cochez, este último, abogado de Martin Rodin en casos investigados por la Interpol en el pasado.
El caso de los chasis
Una de las investigaciones giró en torno a la petición de asistencia de Interpol-Lima, tras una denuncia interpuesta contra MOINSA por un distribuidor peruano de autos Lada, llamado Vehículos Internacionales, S.A. (VEINSA). Esta empresa descubrió que MOINSA alteraba la letra que indica en el chasis la fecha de fabricación del auto. Sus clientes, en vez de adquirir autos del año (1995) terminaban manejando uno de 1993, y encima, reciclado. La empresa acusó, en consecuencia, a MOINSA de “estafa” y “falsedad”.
El representante de Lada en MOINSA, Valery Budunov, reconoció en una declaración emitida el 20 de diciembre de 1996, que “durante varios años la fábrica [Avtolada] suministró a Motores Internacionales, S.A. gran cantidad de vehículos en condiciones inadecuadas, incluyendo unidades básicas incompletas”. MOINSA estaba obligada, añadió, “a reparar, integrar y completar las unidades que llegaban con faltantes o incompletas, a fin de poder vender dichos automóviles”.
Martin Rodin, bajo juramento, declaró el 24 de marzo de 1997 a las autoridades que los autos permanecían en el patio de MOINSA en Coco Solo (Colón) entre uno y tres años, a la espera de ser reparados. Por ello, señala Budunov, la letra que indicaba el año de fabricación en el chasis del auto “era obsoleta”, ya que los autos se terminaban de “reparar y completar” en otro año, en los talleres de MOINSA.
Juan Manuel Handal, por entonces gerente técnico de la empresa, declaró a la PTJ que esta empresa no tenía licencia de ensamblaje, aunque sí para reparar o instalar accesorios a los vehículos carentes de ellos. Admitió, empero, que alterar la letra del año de fabricación “no es una instalación accesoria”.
¿Se han vendido este tipo de autos localmente?, preguntaron a Handal. “Estos vehículos —respondió— se han vendido inmediatamente a todos los distribuidores Lada en América Latina, no sujetos a reglamentaciones especiales”. ¿Como las de Perú, por ejemplo?
A pesar de que Panamá pertenece a Latinoamérica, Pedro Herrera —empleado de MOINSA encargado de “adecuar” la letra correspondiente al año de fabricación— aseguró que “localmente, nunca se ha vendido algún vehículo” con esa “adecuación”. Pero lo cierto es que eso no se ha investigado.
¿Por qué no se inició una investigación de oficio en Panamá para verificarlo? ¿Es que acaso bastaba la palabra de un empleado de Moinsa para tener la certeza de que alterar el alfanumérico del año no era una práctica en Panamá?
Motley recibió instrucciones precisas del procurador de atender a Cochez y al propio Martin Rodin. ¿Cuál era su interés en esta persona?
La Prensa dará seguimiento a las otras investigaciones que llevó adelante la Interpol.
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