Panamá, 19 de abril de 2002
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Lo que no se dice del Seguro Social

¿Por qué no se manifiesta sobre los montos en exceso que pagan los empresarios y asegurados sobre los cuales no reciben beneficio alguno?

Jorge G. Obediente

El 21 de marzo de 2002 se publicaron dos páginas completas que resumían ciertas medidas para dizque salvar el Seguro Social. Las propuestas más sobresalientes eran las de aumentar las cuotas, aumentar la edad de jubilación, rebajar el porcentaje a recibir y otras más que van en detrimento, tanto del asegurado como de los empresarios. Lo curioso del caso es que nunca se menciona nada para introducir eficiencia operativa, ni controlar los gastos; ni reformas importantes a los reglamentos que mejoren los servicios a los asegurados, ni simplificación de procesos, ni fomento de una mística de trabajo entre los funcionarios; me imagino que todos estos términos pudieran ser ofensivos para la actual estructura de la Caja de Seguro Social, que lo que pretende, entre otras cosas, con el aumento de cuotas y rebaja de beneficios, es perpetuar la estructura actual de funcionamiento. Dicho de otra forma, sigamos pagando más y recibiendo menos para que pueda perpetuarse el festín existente de hoy en día.

Se mencionó definir la cuota del Seguro Social como una contribución fiscal, o sea, un bonito nombre para convertirlo en otro impuesto, lo que les permitirá la flexibilidad necesaria para utilizarla como a bien tengan. Me imagino que se fabricarían excedentes de fondos que luego serían “transferidos” a la caja común para financiar cualquier déficit en otro lado. Recordarán ustedes los “excedentes” del FECI por más de 40 millones de dólares, que a final del año 2000 fueron “transferidos” de dicho fondo y utilizados para ser aplicados al déficit del Gobierno central. Me imagino que esto se volverá costumbre con el FECI.

En dicho artículo se resalta prominentemente: “Actualmente 100 asegurados sostienen a 11 pensionados;...”. Por qué no nos dicen la estadística de: ¿Cuántos funcionarios son mantenidos por 100 asegurados? También debe hacerse público: ¿Cuántos asegurados se requieren para sufragar el total de gastos administrativos de la Caja? Esto me imagino que es como poner el dedo en la llaga o echarle yodo a la herida. ¿Alguien se ha preocupado en analizar los niveles totales de personal que tiene la Caja de Seguro Social, incluyendo los funcionarios, profesionales, asesores y contratos por servicios profesionales, y relacionarlos con el número de asegurados? Estimo que la cifra resultante será una carga bien pesada por cada 100 asegurados. Se dijo también que “es más fácil maquillar la Caja” que tomar las medidas radicales necesarias para resolver la situación de una vez por todas, pero nuevamente sin dirigirse al verdadero problema.

Sería interesante que se publicara, en forma porcentual, cómo se distribuyen las cuotas obrero-patronales para que los asegurados y empresarios conozcan cómo se utilizan los fondos aportados, ya que de aquí es de donde se pagan todos los gastos y se realizan aportes a los planes.

¿Se podrá cuantificar el costo del despilfarro, la burocracia, la ineficiencia, los servicios a los no asegurados, los subsidios al Estado y entidades por parte de los asegurados? En verdad quienes subsidian son quienes aportan y esto va en perjuicio de los beneficios que deben recibir. Qué bonito es decir que vamos a aumentar la edad de jubilación porque ahora la gente vive más; se habla mucho de la seguridad jurídica en las acciones del Gobierno y lo malo que es para los inversionistas que esta seguridad jurídica se ponga en tela de duda por terceros. ¿Qué hay de la seguridad jurídica de los asegurados, quienes han estado pensando toda una vida que al llegar a cierta edad van a gozar de una jubilación y de repente le cambian las reglas del juego? Me imagino que la Caja de Seguro Social está exenta de esta medida y para los asegurados la seguridad jurídica no existe, sino que les cambian las reglas cada vez que necesiten aumentar sus gastos de funcionamiento, contratar más gente, promover la burocracia, y que los asegurados sigan cargando todos los niveles de ineficiencia. ¿Por qué no se piensa en reducir el porcentaje de las cuotas actuales que se utilizan para gastos ineficientes y trasladar esos fondos a los distintos programas de pensión y jubilación? Pensar de esta forma es buscar verdaderas soluciones, pero pareciera que esto es muy difícil o no está en la agenda.

El director de la Caja hace unos días se manifestó públicamente sobre los gastos de representación que no estaban sujetos a la cotización de cuotas obrero-patronales y que esto era una “evasión” permitida por la ley, tanto para los empleados públicos como para los privados. ¿Por qué no se manifiesta sobre los montos en exceso que pagan los empresarios y asegurados sobre los cuales no reciben beneficio alguno? Me refiero específicamente a los salarios altos declarados por encima de los límites establecidos por la Caja para los beneficios de jubilación y pensión. Estos pagos en exceso pueden considerarse como un impuesto o castigo discriminatorio para algunos en beneficio de fomentar la ineficiencia y burocracia institucional.

Si se llegaran a cuantificar todos los costos y gastos resultantes de la ineficiencia, burocracia, las distintas manifestaciones de corrupción, la sobrepoblación de funcionarios, asesores y contratos, los subsidios al Estado y demás cargas no productivas, pudiéramos sorprendernos de que la cirugía que hay que hacerle a la Caja del Seguro Social para que salga del rojo es una menor, y que no necesitaría transfusiones adicionales por parte de los asegurados y empresarios, sino del Estado, después que se tomen su propia medicina para operar y funcionar como si fuera una institución modelo.

El autor es consultor independiente



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