Demandan a Ashcroft por situación de detenidos
NUEVA YORK, Estados Unidos (AFP). —Abogados de derechos civiles demandaron ayer miércoles al fiscal general de Estados Unidos (EU), John Ashcroft, y a otros responsables, por supuestos abusos cometidos contra ciudadanos del Medio Oriente que fueron detenidos tras los ataques el 11 de setiembre, por violación de leyes migratorias.
El Centro para Derechos Constitucionales de Manhattan presentó la demanda colectiva a una corte federal de Nueva York, en nombre de ciudadanos de países del Medio Oriente, del sudeste de Asia, y de otros países, que fueron detenidos tras los ataques de setiembre, y que están siendo tratados como si fuesen criminales.
La demanda fue presentada en nombre de Ibrahin Turken, de Turquía, de Asif-ur-Rehman Saffi, un ciudadano francés oriundo de Paquistán, y de Syed Amjad Ali Jaffari, un inmigrante paquistaní que reside en Canadá, y de decenas de musulmanes arrestados tras los ataques contra el World Trade Center.
Según una copia de la demanda obtenida por la AFP, los musulmanes fueron detenidos en situación migratoria irregular, pero han sido mantenidos bajo custodia por un periodo más largo del necesario para sus deportaciones, y han sido sometidos a “condiciones irracionales y excesivamente duras”.
La demanda cita decenas de casos de abusos físicos y verbales perpetrados por los guardias. En algunos casos, los detenidos fueron mantenidos en “celdas diminutas, sin ventanas, por más de 23 horas al día”.
Y algunos “fueron golpeados seriamente”, agrega la demanda, que está dirigida también contra el director del FBI, Robert Mueller, y James Ziglar, que dirige los Servicios de Inmigración y Naturalización de EU.
Además, agrega el documento, a muchos de los arrestados tras el 11 de setiembre les fue denegada la práctica de su fe. La demanda cita el caso de Turken, que nunca fue acusado de un crimen, pero fue mantenido en cárceles congestionadas, compartiendo celdas con peligrosos criminales, y el de Saffi, que fue detenido en el aeropuerto neoyorquino de La Guardia, el 30 de setiembre.
Pese a que un juez ordenó su deportación, Saffi estuvo preso hasta marzo, y tratado como si fuera un peligroso criminal. Los guardias le dieron “serias golpizas, hasta dejarlo inconsciente”, agrega el documento.
La demanda pide a un juez que proteja los derechos de los detenidos, y que designe a una persona que supervise el tratamiento que reciben durante su custodia.
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