Cuando el Ejecutivo decidió designar la Comisión de la Verdad, algunos la censuraron por considerar que crearía peligrosos antagonismos políticos, y la mayoría manifestó su escepticismo sobre los resultados que obtendría. Pero la comisión entregó su informe, en el que detalla evidencias de 110 casos de asesinatos y desapariciones, a pesar de las restricciones financieras y de otro orden a las que se vio sujeta. Ha hecho una gran labor que requiere el reconocimiento ciudadano, pero de nada servirá si no se le da oportuno seguimiento, en particular en lo referente a los resultados de los exámenes de ADN aún pendientes. Ahora es cuestión de que la administración de justicia haga lo que le compete. El Ministerio Público tendrá que instruir los sumarios, perfeccionar las investigaciones y emitir las vistas fiscales recomendando el llamamiento a juicio en los casos que lo ameritan. Los tribunales tendrán que decidir en cada caso lo que sea procedente, y también dirimir la enorme cantidad de excepciones de prescripción que, sin duda, se alegarán, a pesar del hecho obvio de que durante por lo menos más de dos décadas era imposible que prosperara una acción penal, por la sencilla razón de que tanto el Ministerio Público como el Organo Judicial estaban sometidos, primero a la Guardia Nacional y después a las Fuerzas de Defensa. Es un reto a la justicia.