¿Es la Ciudad Gubernamental producto de un estudio?

Contratar consultores para estudios de proyectos persigue, entre otras cosas, la esmerada búsqueda de soluciones a problemas o necesidades que tiendan a minimizar derroches y desaciertos en la aplicación de recursos del Estado, particularmente cuando estos son escasos frente a un mar de necesidades apremiantes.

Sin embargo, no es poco frecuente encontrar estudios comisionados a consultores, a los que se recurre con el propósito de procurar una “justificación” a un proyecto nacido de una concepción política cuya decisión ha sido previamente tomada. Esta sutil presión conduce a que el enfoque de la consultoría concentre su atención en el proyecto específico, desestimando la posibilidad de cotejar alternativas, cuyos resultados podrían encajar adecuadamente, o, por lo menos, estar a tono con los recursos disponibles, necesidades y prioridades del país. Esta actitud también toma cuerpo cuando los consultores consideran el proyecto como una vía propicia para alcanzar el éxito y progreso de la empresa consultora.

De otra manera, no es comprensible cómo ha sido posible llegar a la etapa de discusión de la ubicación recomendada para el llamado proyecto Ciudad Gubernamental, cuando técnicamente, en la sucesión de pasos o etapas para la planificación de un proyecto (es decir, su definición, delimitación y localización) constituye el primer mandamiento realizar los análisis para establecer la viabilidad y factibilidad técnica, económica y financiera, etc. del mismo. Es decir, ¿es acaso necesario?

El controversial tema, la ubicación de la citada Ciudad, surge como consecuencia de que dicho estudio demuestra que no puede haberse analizado la necesidad del proyecto y sus objetivos, con la seriedad y profundidad requeridas; de haberlo realizado habría aflorado el resultado adverso a la viabilidad del proyecto. Los consultores, entonces, debieron abocarse a examinar alternativas más digeribles, plantearlas y proponerlas abierta y objetivamente, desde luego, siempre a partir de los intereses de la colectividad nacional.

El asunto es evidente, por ello, concordamos plenamente con las opiniones expresadas por los señores Nicolás Ardito Barletta y Nils Castro en las recientes publicaciones aparecidas en el diario La Prensa, así como con los argumentos planteados por la Asociación de Pilotos Aéreos.

Dentro del flujo del inventario (si existe alguno) de las graves necesidades que tiene el país, la Ciudad Gubernamental no tiene cabida apremiante. Resulta, pues, una aberración invertir 200 millones de dólares en un proyecto de esta naturaleza, apoyado en flacos argumentos como: Que ello llevaría a mejorar la eficiencia de la gestión pública; que se ahorrarían varios millones de balboas anuales en alquileres y la eterna historia de creación de empleos.

Tal parece que, según el estudio, la comodidad de un nuevo sitio y de los edificios para la gestión gubernamental fuese garantía suficiente para modificar la voluntad política para hacer las cosas correcta y convenientemente a los intereses y para el beneficio, no de grupos ni personas, sino de las mayorías de los ciudadanos de este país. En cuanto al ahorro de millones, bien vale examinarlo a la luz de adecuados análisis de costo-beneficio, como sugiere el Dr. Ardito Barletta; sin distorsiones ni acomodos, para que los números revelen, confirmen o no la veracidad de dicho argumento. En nuestra percepción, no cabe duda de que, por el contrario, resultaría malogrado. Lo que sí parece garantizar el proyecto y su ubicación, es el derroche y desperdicio de recursos acompañados de un siniestro futuro caos urbano. Obsérvese nada más cómo se comporta actualmente el ya agitado movimiento vehicular camino al congestionamiento, en el área del propuesto proyecto, lo que permite visualizar lo que estaría por venir.

No conocemos el estudio y los análisis realizados para este proyecto, pero basta remitirnos a comentarios, conclusiones y recomendaciones publicadas en los diarios que definen el proyecto, para que al confrontarlo con el contexto de la crisis económica y financiera que padecemos, las graves necesidades debidas a condiciones anémicas y precarias de nuestra población, enriquecidas con las extraviadas ondulaciones políticas de nuestros gobiernos, para que procedamos a desechar tan “brillante idea”, que no persigue otro fin que erigir un monumento a la “magnificencia” de la gestión gubernamental.

Insistimos en que se debió establecer y confirmar objetivamente la necesidad de realizar un proyecto de esta naturaleza, en el que, además, se exige el “manoseo” de recursos, tierras e instalaciones de las áreas revertidas bajo la responsabilidad de la ARI.

Y, nos preguntamos ¿cuál ha sido el papel y opinión de la ARI en este trasiego de sus recursos? Bien gracias, y ¿usted?

La administración de la ARI y su diligente junta directiva han preferido “echar pecho a tierra” para dejar pasar por alto observaciones, críticas y anomalías sobre un tema en el que tiene competencia, con el propósito de satisfacer los caprichosos deseos de proyectos dislocados impuestos por el Ejecutivo.

Ah, pero aprovechemos la oportunidad para referirnos a la ARI; porque, igualmente ocurre con otros proyectos; para muestra un botón. Ante la indignación que sentimos frente a los desvaríos, y tira y hala de proyectos en Amador que lesionan el concepto original del Proyecto Turístico de Amador, valdría nada más examinar cómo se ha manejado y se manejan los asuntos relativos al Proyecto Boulevard de Alta Moda, para justificar la razón de esta inquietud.

Actualmente se realizan nuevos rellenos en el área del mar para instalar una marina frente a donde se construye el mencionado proyecto, ello, sin dejar de desconocer lo construido y añadir distorsiones a la concebida imagen del Proyecto Turístico de Amador cuyo éxito es innegable.

La ejecución de este proyecto —Boulevard Alta Moda— desde su inicio ha seguido procedimientos irregulares, al margen de compromisos contractuales y alejados de las normas, requisitos establecidos y autorizaciones exigidas por las autoridades competentes involucradas en la aprobación de diseños, proyectos y su construcción. Sin embargo, la modalidad administrativa de la ARI no parece conocer otra conducta que la de un constante ceder a peticiones y desmedidas apetencias de los promotores del proyecto, sin medir las consecuencias y efectos nocivos de estas decisiones que tienden a malograr, desfigurar y desgraciar el escenario hasta ahora logrado.

¿Es así como se deben administrar los valiosos recursos de las áreas revertidas que nos pertenecen a todos los panameños? ¿Es sensato, acaso, insistir en la construcción de un conjunto de edificios y servicios concentrados en un solo sitio para las funciones burocráticas del Gobierno, con consecuencias desastrosas previsibles, a pesar de las múltiples advertencias, comentarios y observaciones juiciosas, adversas a tan absurda idea?

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