Parentela libre de pecado

Quién mejor para administrar el Gobierno que la propia familia, dirían los defensores de esta práctica

Se podría definir ‘‘nepotismo’’ como la sospechosa coincidencia entre miembros de una familia y la estructura del poder. Del italiano nepote: sobrino, y este del latín nepos, el Diccionario de la Real Academia Española define la referida práctica como la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos.

La Ley No. 9, a través de la cual se establece y regula la carrera administrativa, define el nepotismo como “la falta administrativa en que incurre la autoridad nominadora que beneficia con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Aunque la presidenta de la República, Mireya Moscoso, insista en utilizar como mecanismo de defensa que sus críticos hayan guardado silencio sobre la misma conducta asumida en administraciones pasada, una revisión de los archivos de los diarios panameños revelan que el tema en mención ha sido recurrente, tras la instauración del sistema democrático en Panamá.

Quién mejor para administrar el Gobierno que la propia familia, dirían los defensores de esta práctica. Otros, aquellos que repudian la desmedida preferencia que políticos dan a sus parientes, opinan, a su turno, que el poder concedido temporalmente por los votos no implica el derecho a solucionar el desempleo familiar.

¡Claro que hay casos excepcionales! Aquellos miembros de una familia que detentan simultáneamente altos cargos públicos, con la aprobación y hasta el arrobo de sus votantes. Tal fue el caso, por ejemplo, de la familia Kennedy en la política estadounidense. “En aquellos años del Camelot, el mandatario de Estados Unidos, John F. Kennedy, su hermano Robert, su hermano Edward, su cuñado Sargent Shriver, entre otros, ocuparon altos cargos en el gobierno de ese país norteamericano. Pero no son muchos los Kennedy de este mundo, y, en cambio, no escasean los casos de nepotismo”.

Ya La Prensa en innumerables artículos periodísticos ha documentado esta práctica. Uno de ellos fue aquel intitulado “Los Kennedy en Chiriquí” en alusión a la participación de familiares de Ernesto Pérez Balladares en su administración gubernamental.

Años después, este mismo diario publicó una crónica periodística que intentaba desenmarañar la tupida red de apellidos y relaciones que se multiplicaban como espejos encarados en la actual administración. En la nota, titulada “Todo queda en familia”, se advertía precisamente que pese a que no es una práctica nueva, en el actual gobierno parecía que la relación entre miembros de estas familias y cargos públicos era tan frondosa o más.

El martes último, la mandataria Moscoso volvió a quejarse de aquellas personas que cuestionan el nombramiento en el aparato gubernamental de funcionarios que mantienen parentesco entre sí, porque, según dijo, no adoptaban esa misma actitud crítica durante los pasados gobiernos.

Y los cuestionamientos a este modo de gobernar no provienen exclusivamente de sus adversarios políticos. En su informe preliminar, la Comisión Presidencial Anticorrupción, designada por la propia presidenta, advirtió sobre la necesidad de establecer controles encaminados a evitar el nepotismo en todas sus formas en la administración, que incluye el nombramiento de grupos familiares que ejercen “un poder de decisión institucional”.

Moscoso respondió a estas sugerencias en una carta fechada el pasado 4 de abril, en la que señaló que en todos los gobiernos y en todos los países existen y existirá en alguna medida la práctica de “dar a personas cercanas y parientes, cargos y responsabilidades públicas”. Más importante que criticar las vinculaciones familiares de los funcionarios, dijo la mandataria, resulta importante, a su juicio, asegurarse de que quienes ocupan los cargos públicos cuenten con la capacidad para ejercerlo y desempeñen sus tareas con responsabilidad, honestidad y eficiencia.

Sus consideraciones ahora como jefa del Ejecutivo contrastan con los compromisos que en esta materia alcanzó durante el pasado torneo electoral. En la página 74 de su plan de gobierno, se comprometió, si llegara a ser electa presidenta, a poner en marcha una reglamentación legal para evitar los conflictos de intereses entre los servidores públicos y los asuntos asignados a su competencia, y que se establecerían controles para “evitar el nepotismo”.

Mientras que ello ocurre, para muchos, la victoria electoral de Mireya Moscoso abrió de par en par las puertas de acceso al empleo estatal.