Asentamientos niegan deuda con el BDA
JULIO CÉSAR AIZPRÚA
jaizprua@prensa.com
Unos 10 millones de dólares en concepto de una supuesta deuda atrasada intenta cobrarle el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) a los asentamientos campesinos que operan en el área de Barú, en la provincia de Chiriquí, según informó ayer el dirigente Pedro Molina.
Molina afirmó que dicha deuda es “ficticia”, ya que en 17 años los asentamientos chiricanos le han pagado al BDA cerca de 85 millones de dólares a capital y unos 40 millones a interés por la deuda que tenían con esta entidad gubernamental.
El campesino reconoció que existen algunas deudas con el BDA, pero dijo que se deben a que en muchas ocasiones, los asentamientos pagaban, pero los funcionarios dedicados a recolectar el dinero no lo entregaban al banco.
“Esto sucedió con algunos proyectos como el de pollos y de plátanos, en donde la plata nunca llegó al banco”, aseguró Molina.
Las declaraciones de Molina se dieron ayer cuando representantes de los asentamientos campesinos se reunieron con legisladores de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, quienes pretenden reformar el artículo 2 de la Ley 43 de 30 de agosto de 1999.
Dicho artículo condonó la deuda que unos 111 asentamientos campesinos, que actualmente se encuentran activos, tenían con el Banco de Desarrollo Agropecuario.
Asunción Sequeida, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos, dijo que están dispuestos a no dejar que se modifique dicho artículo, pues lograr la condonación de la deuda que mantenían con el BDA “fue un logro del movimiento campesino”. Sequeida informó que durante estos años, unos 137 asentamientos campesinos dejaron de funcionar en todo el país.
Los asentamientos los formaron campesinos con terrenos destinados a familias para que los cultivaran.
Los terrenos son bienes del Estado, y los campesinos que quedaban incluidos en el sistema se convertían en ‘‘asentados’’.
Algunos asentados fracasaron en su intento por hacer producir la tierra, y vendieron sus derechos posesorios, pero el Estado no reconoce este tipo de venta.
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