Hacia un ‘Pacto Nacional Constituyente’

De lo que se trata hoy es de establecer un nuevo modelo político y un nuevo pacto de convivencia nacional con la participación de todos

La propuesta de un cambio constitucional como salida al agotamiento del modelo político en que se funda la gobernación en Panamá, viene ganando adeptos. Personalidades, intelectuales de la ciencia y la cultura, grupos de la sociedad civil y partidos políticos están discutiendo y proponiendo esa alternativa.

Claro está que los que ni siquiera piensan en esa posibilidad son las direcciones de los dos grandes partidos políticos del país, PRD y Arnulfista. Ello es entendible porque el régimen político (entendido como la forma específica en que se articulan las relaciones de poder) se sustenta en estos grandes partidos. Como siempre los últimos en enterarse de la existencia de un problema serán sus creadores. Sobre esto, recordaba un escritor en días recientes, el famoso pasaje de María Antonieta poco antes de que la pasaran por la guillotina. Sus allegados le informan sobre el malestar popular y que el pueblo se rebelaba porque no tenía pan, a lo que cándidamente contestó: pero si no tienen pan, por qué no comen tortas.

Resalta en el debate, como primer aspecto, la discusión sobre la pertinencia del cambio constitucional.

En un artículo publicado en el diario La Prensa, Adolfo Ahumada nos advierte y alerta sobre no actuar con sentido de emergencia ya que “no resulta consejero adecuado para el mejoramiento de las instituciones”. A lo que habría que comentar que no conozco cambios (y no reformas) constitucionales que no surjan de alguna emergencia. O por lo menos, si no hay emergencia, si todo rueda sobre rieles para qué vamos a cambiar. Donde no hay emergencias políticas, crisis de la forma o régimen de gobierno, nadie se plantea por el puro ejercicio teórico cambiar una Constitución.

En la misma dirección, pero con otra perspectiva de análisis, el abogado colonense Ricardo Stevens se opone al cambio constitucional con un argumento tan contundente como simplista. Una nueva Constitución no va a resolver el problema de los pobres. Y rápidamente resuelve la compleja relación Estado-derecho y sociedad con una frase de manual “La norma jurídica es un fenómeno posterior a los hechos materiales generados por las relaciones sociales que la hacen posible y necesaria, y son las que pueden asegurar su vigencia”. Esta concepción –el derecho como mero reflejo de las relaciones económico-sociales– surgida de los manuales marxistas fue superada por los propios marxistas y sobre ello hay una copiosa bibliografía.

La norma jurídica puede ser posterior a los hechos materiales que la provocan. Pero también hay cuerpo jurídico que se adelante a la realidad que pretende reglamentar. Y es que el hombre y la mujer no solo son lo que hacen, sino también lo que sueñan. Y los sueños se plasman en normas y la norma completa la realidad. De sueños están conformadas las primeras constituciones democráticas liberales que organizan la mayoría de los nacientes Estados latinoamericanos surgidos de las luchas independentistas. Todas, incluyendo a la Constitución liberal panameña de 1904, no correspondían a las relaciones económico-sociales de las naciones que querían organizar.

La respuesta de un cambio constitucional frente a la crisis de legitimidad del régimen político, no pretende resolver el problema social panameño, sino crear un nuevo y mejor escenario de convivencia nacional para todos. De lo que se trata hoy es de establecer un nuevo modelo político y un nuevo pacto de convivencia nacional con la participación de todos los sectores del país. Hay consenso nacional en que el modelo actual ha hecho crisis y es pertinente su transformación.

Pienso que el alma panameña tiene una especial tesitura, y que no vamos a necesitar graves alteraciones del orden para que los principales actores políticos entiendan que su supervivencia se afinca en el cambio. Por otro lado, la fuerza de los que propugnamos por un cambio constitucional se afirma en la debilidad de ese régimen. Pero no debemos pecar de ilusos. Es cierto que el régimen se encuentra debilitado, pero tampoco los que promueven la Constituyente demuestran capacidad de movilización para imponerla. Más que una correlación de fuerzas, se trata de una correlación de debilidades.

Por ello propongo un “Pacto Nacional Constituyente”, un acuerdo nacional en el que participen todos los partidos políticos, las organizaciones de trabajadores públicos y privados, y los organismos más representativos de la sociedad civil. Este Consejo Nacional Constituyente debe proponer al pueblo en un plebiscito las nuevas reglas de convivencia nacional.

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