Constitución, partidocracia y antidemocracia

Nuestra Constitución tiene tantos fueros y privilegios para la clase gobernante, que cada vez que llega al poder se convierte en su más enconada defensora

Dos realidades innegables se concentran en estos momentos sobre la necesidad impostergable de sustituir la Constitución Política de 1972. Por un lado, la Constitución que nos rige es, por excelencia, partidocrática y antidemocrática. Además, se ha quedado obsoleta y promueve iniquidades, privilegios y atrasos. Por otro lado, los tres órganos del Estado, en los cuales se sustenta su organización política, están en su momento de crisis más grave de los últimos 50 años. La situación, sin margen de dudas, es propicia para atender el clamor ciudadano de una nueva ley fundamental que reestructure y reordene el Estado panameño.

A lo anterior se une el golpe moral que recibió la independencia judicial el pasado 9 de enero con la votación que aprobó a los dos nuevos magistrados.

El triunvirato que gobernó, luego de la invasión estadounidense de diciembre de 1989, dejó pasar, por conocido acomodo, una excelente oportunidad de convocar a una Asamblea Constituyente. En aquel momento, los críticos de la Constitución de 1972, en función de gobernantes, se aferraron a la misma y defendieron, a capa y espada, su vigencia. Esa Constitución que meses antes, el 1 de septiembre de 1989, los militares la habían lanzado al tinaco de la historia, los gobernantes post-invasión la recogieron de ese basurero y le pusieron luces de colores para que los alumbrara en su camino. No piensen ustedes que ese acto lo hicieron por tontería histórica. Lo que sucede es que nuestra Constitución tiene tantos fueros y privilegios para la clase gobernante, que cada vez que llega al poder se convierte en su más enconada defensora. Es decir, lo que antes era malo, por arte de magia se convierte en bueno. Y es que para llegar al poder entre los pocos requisitos exigidos, que ninguno tiene relación con facultades intelectuales, se requiere ser postulado o participar en un partido político y este es uno de los más grandes males que tiene nuestra Constitución. No quiere ello decir que estamos en contra de la existencia de los partidos políticos. Es más, consideramos que sin los partidos la democracia sería casi imposible, pero de eso a consagrar la partidocracia como hace la Constitución del 72 hay grandes diferencias, ya que deja por fuera a más del 60% de la población que no está inscrita en ningún partido.

La Constitución de 1972 es antidemocrática y como prueba palpable tenemos el hecho de que viola el sagrado principio universal: un hombre, un voto. No es lo mismo habitar, por ejemplo, en el circuito 8-8 que en el 4-7. El votante del 8-8 elige hasta cuatro legisladores, mientras que el del 4-7 sólo vota por uno.

Una Constitución como ley fundamental del Estado establece la base del Gobierno y regula las relaciones entre los que están en el poder y los gobernados, así como de los gobernados entre sí, la forma de escoger los más altos cargos de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). También, una Constitución, como ley suprema de un Estado, debe garantizar el mínimo de los derechos individuales y libertades de los ciudadanos.

La palabra Constitución como tal, es decir, como conjunto de principios rectores de una sociedad, tiene sus orígenes en un documento del estado de Virginia, fechado en junio de 1776, en el cual se estableció la Declaración de Independencia de las Colonias Inglesas de América del Norte. Una Constitución como ley superior que regula las relaciones en una sociedad organizada, debe ser producto de la voluntad del pueblo. La Constitución de 1972 fue impuesta y, por tanto, no es producto de la voluntad del pueblo panameño; procede, entonces, su reemplazo.

Nuestra Constitución no resiste más parches ni remiendos; requiere de una transformación total. Esta sustitución hay que hacerla antes de las elecciones de 2004, pues, si no se realiza, por ejemplo, la Asamblea Legislativa crecerá a un número de legisladores cercano a los 100. El Organo Ejecutivo, por su parte, seguirá imponiendo magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El presidente que se elija en el 2004 nombrará los dos procuradores, tal vez, como ha sido la costumbre, salvo contadísimas excepciones, provenientes de los partidos políticos. El Ejecutivo, en función de Consejo de Gabinete (son sólo 14 personas), continuará endeudando ilimitadamente a los casi 3 millones de panameños. Los municipios no se desarrollan porque continuarán atados a un sistema estatal que no les brinda apoyo, excepto en aquellos casos en que los alcaldes son del mismo partido del que gobierna. El nuevo gobierno votará empleados públicos, como es ya costumbre. Seguiremos sin una verdadera carrera judicial, en donde prevalece no el mérito, sino la amistad con la autoridad nominadora.

Con un panorama tan desalentador, con órganos del Estado divorciados totalmente de la opinión pública, sólo hay un camino en el cual los panameños, sin importar nuestras creencias o predilecciones políticas, podremos reencontrarnos. Esa vía es una Asamblea Nacional Constituyente que sea convocada con el único motivo de darle al país una nueva Constitución.

Hay ciertos críticos que, sin empacho alguno, pregonan que una nueva Constitución no resolvería los problemas. Son los simplistas los que le temen a la Constituyente. Definitivamente que siendo la Constitución una ley, por sí sola no resuelve problemas; como tampoco ninguna otra ley, si los ciudadanos no la cumplen o los encargados de aplicarla, no lo hacen.

Una Asamblea Nacional Constituyente, que es el procedimiento más democrático, debe permitir la participación de todos los sectores y tendencias que integran la sociedad panameña, no sólo los inscritos en partidos políticos.

Personalmente, en este proceso nos pronunciamos por el doble control, esto es, por una Asamblea Constituyente más un referéndum. Nos fundamentamos en que no confiamos en lo que sea aprobado por esa Asamblea Constituyente, dado que sería convocada por la actual dirigencia del país, con reglas impuestas por ellos, con la ventaja que tendrían los partidos políticos organizados para llevar a esa Asamblea Constituyente a personas que tal vez jamás en su vida han tenido siquiera una conversación sobre el tema. No sería, entonces, sorpresa que de esa Asamblea Constituyente surgiera un engendro que no elimine los privilegios, lo pernicioso y las permisiones que hay en la actual Constitución de 1972. Por ello, el pueblo, depositario supremo del poder, tendría la última palabra a través de un referéndum.

Además en opinión

• Corrupción… ¿a favor, o en contra?: I. Roberto Eisenmann, Jr.
• Viva el cambio periodístico: Jaime A. Porcell Alemán
• Constitución, partidocracia y antidemocracia: José Alberto Alvarez
• Hielo delgado: Marco Julio De Obaldía