¿Beneficios para todos?

Un anteproyecto de ley pretende gravar a un sector de la población en beneficio de las organizaciones de transporte urbanas

ANA TERESA BENJAMIN
abenjami@prensa.com

En medio de un proceso de reorganización, todavía el sistema de transporte masivo de pasajeros en la ciudad enfrenta diversos problemas.

La propuesta hasta suena bien. Se trata, según el legislador Rubén Arosemena, proponente del anteproyecto de ley No. 127, de corregir los problemas estructurales del servicio de transporte público de pasajeros en el área metropolitana, "con creatividad y solidaridad", y en procura del "bien común".

De acuerdo con documentos de la Asamblea Legislativa, en diciembre del 2001, los legisladores Rubén Arosemena y Aníbal Culiolis -principal y suplente, respectivamente- presentaron a la Comisión de Comunicación y Transporte, y de Hacienda Pública, Planificación y Política Económica de la Asamblea Legislativa, el anteproyecto por el cual “se otorgan incentivos para la modernización y mejoramiento del servicio de transporte colectivo en el área metropolitana y se establece la tasa de circulación vehicular anual”.

En la exposición de motivos, Arosemena establece que los problemas del transporte deben resolverse con prontitud, “a fin de aliviar al usuario del sobrecosto que representa este aumento (refiriéndose a la unificación del pasaje a 25 centésimos por recorrido); evitar nuevos escenarios de confrontaciones populares que no le hacen ningún bien al país, y mejorar este servicio público, lo cual redundará en una mejor calidad de vida para todos”.

Hasta aquí, todo bien. El anteproyecto, después de todo, tiene un propósito “noble”, porque pretende establecer por ley la obligatoriedad de las empresas concesionarias de transporte de comprar autobuses nuevos especialmente diseñados para el servicio que prestan, y para ello tendrían como incentivo la exoneración del impuesto de importación y de transferencia de bienes muebles (ITBM).

El mismo mecanismo se aplicará- según el anteproyecto- para la compra de repuestos, neumáticos, lubricantes y combustible, cuya exoneración “sólo podrá ser realizada por concesionarios autorizados”. Los repuestos y demás productos exonerados deberán tener como destino final los autobuses de la concesionaria que los importó, agrega el anteproyecto.

Como dice el jefe de supervisión del servicio de transporte público de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Martínez, la “Autoridad ve con buenos ojos” el hecho de que se quiera proveer al sistema de transporte público de la ciudad solo con unidades nuevas, ya que los que actualmente se utilizan “son buses colegiales que no cumplen con las características del transporte público de pasajeros”.

Además, dice Martínez, la exoneración para la importación de combustible, repuestos y lubricantes ayudará a los transportistas a equilibrar sus costos de operación, “porque sabemos que una unificación de pasaje no les va a garantizar (a los transportistas) que puedan reemplazar su flota”. A esto habría que añadir que los transportistas deben lidiar con una saturación de certificados de operaciones por ruta que no les permiten competir adecuadamente, explica Martínez.

Y es que los estudios de la ATTT indican que existen hoy día mil 932 unidades registradas, para un total de 63 recorridos urbanos, sin contar las rutas consideradas como suburbanas.

Pero, ¿a qué se refiere el anteproyecto con aquello de “tasa de circulación vehicular anual”?

Arosemena, en su exposición de motivos, dice lo siguiente: “Podemos constatar que la insatisfacción de los usuarios es consecuencia directa de la imposibilidad de los transportistas de mejorar el servicio”, y por ello, “el Estado debe intervenir como instrumento para el bien común, y así cumplir sus funciones constitucionales, estableciendo un equilibrio en la relación entre transportistas y usuarios”.

El “equilibrio”, sin embargo, parece fundamentarse en una premisa no muy sensata. Al menos para los más de 300 mil dueños de autos, pick-ups, camiones y “mulas” particulares y comerciales que tendrán -según el espíritu del anteproyecto - que pagar entre 10 y 25 dólares anuales adicionales a los impuestos municipales que hoy día pagan para poder circular.

Según el artículo 7 del anteproyecto, la tasa de circulación vehicular anual se creará con el fin de "compensar los ingresos que el Estado deje de percibir con los incentivos fiscales que otorga la presente ley", y será aplicable a todos los propietarios de vehículos terrestres particulares o comerciales, inscritos en los municipios de Panamá, San Miguelito, Chepo, Arraiján y La Chorrera, con excepción, claro está, de los vehículos destinados al transporte colectivo y selectivo de pasajeros.

Esta medida tributaria "se inspira en un principio de equidad y solidaridad", insiste Arosemena, aunque para el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, Pedro Acosta, se trata de un ejemplo más de los "subsidios cruzados", tan de moda, en donde "ponen a unos a pagarles a los otros".

“Lo que pasa es que aquí no se atreven a meterle el diente a los transportistas”, agrega Acosta. “Mientras se siga subsidiando, se seguirá premiando la ineficiencia”.

Y aunque personalmente Martínez dice no estar de acuerdo con la nueva tasa, lo cierto es que -según los estudios de la ATTT- los transportistas no podrán adquirir unidades nuevas si no reciben algún tipo de ayuda del Estado. Esto es así porque mientras un bus de segunda cuesta entre 20 y 30 mil dólares, uno de primera, sin impuestos, cuesta 80 mil dólares como mínimo, y ni las tasas de interés vigentes en el mercado ni la subida del pasaje a 25 centésimos hacen rentable la compra de nuevas unidades.

Para Acosta, sin embargo, se trata de cambiar el modelo; de licitar las rutas que sean rentables y solamente subsidiar a aquellas que no lo sean. Como puntualiza, “cada vez que inventan un subsidio cruzado, los que quedamos “cruzados” somos los consumidores”.