El socio en discordia

Stephen Jones, un experto en finanzas nacido en Londres, Inglaterra, llegó a Panamá hace cuatro años, contratado por el grupo Rodin S.A para que salvara a esa corporación empresarial de una crisis económica que afrontaba.

Desde ese momento, Jones no solo se encargó de fiscalizar y custodiar los libros de finanzas de las empresas de Martin, Peter y Lew Rodin, sino que inclusive se ha convertido en asesor y socio en varios de los proyectos importantes que ha impulsado este poderoso grupo empresarial.

Para muchos, Jones se ha convertido en “la llave” de los negocios que emprende este grupo empresarial y su palabra pesa tanto como la de los Rodin, porque ha dejado de ser un simple consejero económico para convertirse en un socio importante.

Jones trabajó por más de una década en Costa Rica y Puerto Rico como asesor financiero de la transnacional Colgate Palmolive. También desarrolló esta función por cinco años en Colombia y Costa Rica, con la empresa Chiquita Banana, Inc.

A finales de la década de los 90 se traslada a Panamá donde se casa con una panameña y conforma una familia. En la actualidad tiene estatus de residente.

Quienes lo han tratado de cerca señalan que Jones es reservado, de poco hablar, casi misterioso, pero muy formal y extremadamente dedicado a su profesión.

Su nombre sale a relucir públicamente en los medios de comunicación a partir de diciembre del 2001 cuando se aprueba en la Asamblea el controversial proyecto de Ley denominado Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), que tiene un costo de 400 millones de dólares y que fue promovido por el Consorcio San Lorenzo del grupo Rodin, donde Jones funge como representante legal y vicepresidente financiero.

Tras la denuncia del legislador del PRD Carlos Afú, el pasado 16 de enero, en que se señalaba la entrega de dinero en la Asamblea para aprobar este millonario proyecto, Jones se ha convertido, junto a su socio Martin Rodin, en protagonista de uno de los más grandes escándalos de corrupción en el país.

El Ministerio Público no dudó en llamar a declarar a Martin Rodin y Stephen Jones y casi de inmediato les formuló cargos y les aplicó medidas cautelares que les prohíben salir del país y la obligación de reportarse cada 15 dias al despacho de instrucción.

Jones fue sometido desde el lunes 18 al viernes 22 de marzo de este año a un extenso interrogatorio en la Procuraduría de la Nación donde tuvo que contestar a un cuestionario de más de 100 preguntas relacionadas con el movimiento financiero del Consorcio San Lorenzo.

“Todo está en regla, todo será explicado, no hay nada ilegal” han sido las únicas frases que día a día repite Jones a los periodistas, como un disco rayado, cuando entra o sale de sus interrogatorios.

Sin embargo, para el Ministerio Público las explicaciones de Jones no han sido tan claras y lo más seguro es que sea llamado nuevamente al banquillo, para volver a revisar las misteriosas cuentas del Consorcio San Lorenzo.