Los daños del control

Un controvertido publicista guatemalteco está detrás del manual de control de daños del Consorcio San Lorenzo

Quién es el autor del manual de operaciones para el manejo de crisis del Consorcio San Lorenzo? Para algunos, eso parecerá un misterio, pero para el publicista del mencionado consorcio, Mario Barletta, no. Al menos, es bastante claro en las declaraciones que presentó bajo juramento al Ministerio Público en febrero pasado.

Sin embargo, hay que admitir que parecen haber ocurrido cosas extrañas en el expediente que contiene las investigaciones del Ministerio Público sobre el Consorcio San Lorenzo.

Por ejemplo, el manual, al parecer, fue desmembrado cuando se folió en el expediente. En muchas de sus páginas, la numeración de la Procuraduría corre de forma inversa al orden del documento y en otras, la numeración de los folios salta, por ejemplo, de la página 549 sigue a la 626 ó de la 631 a la 550, pese a que en la del manual, la numeración es consecutiva (40-41, en el primer caso, y 45-46, en el segundo).

Pero, al margen de esto, lo cierto es que, según Mario Barletta, el Consorcio San Lorenzo contrató los servicios de la empresa guatemalteca Mc Millan Comunicaciones de Guatemala, S.A., “la cual tiene la reputación de ser una de las mejores empresas latinoamericanas en el manejo de este tipo de servicios [manejo de daño de imagen y manejo de crisis]”.

Si lo que dice Barletta es cierto, Mc Millan es una empresa multifacética, porque según el Registro Mercantil de Guatemala esta se dedica a actividades como “operaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico y radiocomunicaciones” y “compra-venta de equipo para radiocomunicaciones”, etc.

En todo caso, Mc Millan emitió una factura —el 29 de enero de 2002— por un monto de 150 mil dólares por sus servicios de consultoría. Dicho documento, según Barletta, incluía “análisis estratégico, evaluación de información y escenario para el diseño de estrategias y plan de comunicación para el CEMIS, S.A. [Centro Multimodal, Industrial y de Servicios]”.

La factura de Mc Millan salió a nombre de SELA, S.A., una sociedad “de carpeta”, como la describió el propio Barletta, y a la que él está vinculado, según sus propias palabras. De acuerdo con el publicista, SELA, S.A. “es una compañía que se dedica a hacer transacciones y pagos por servicios en el exterior...”.

Así es que, luego de recibir tres cheques de 50 mil dólares cada uno de la cuenta del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios, S.A. (fechados los días 17, 21 y 28 de enero), SELA, S.A., previo cobro de su comisión —10 mil dólares por cada cheque— emitió otros tres cheques los días 18, 24 y 29 de enero de 2002 para el pago del manual del Consorcio.

El último pago se hizo a través de una transferencia en el Banco del Istmo [sic] “al banco Northern Trust Bank of Florida [sic] N.A.”. Ello coincide con las instrucciones enviadas el 21 de enero de 2002, a las 10:38 a.m. a la dirección de correo electrónico de una ejecutiva de Starcomm —el holding de Publicuatro— procedente del correo electrónico ligorria@terra.com.gt, en el que se daba instrucciones para una transferencia a la cuenta 1011012871 de Interimage Latinoamericana, S.A. en el banco mencionado.

¿Por qué enviar dinero a esta empresa si la que confeccionó el manual fue Mc Millan?

Al parecer, no fue esta la que tiene la fama en control de daños, sino, precisamente, Interimage Latinoamericana, muy especialmente, su presidente, Julio Ligorría.

De hecho, Barletta dice que los pagos “fueron entregados por mi persona al señor Julio Ligorría, el cual fue el consultor contratado para este servicio...”. La firma de Ligorría, subraya Barletta, “está considerada como una de las mejores firmas latinoamericanas en el manejo de opinión pública, relaciones públicas, control de crisis, control de daños, ya sea a producto, persona o compañía”.

Sin embargo, Ligorría, en recientes declaraciones en Guatemala, dijo que ni Interimage ni él tenían relación alguna con el manual de control de daños del Centro Multimodal.

Pero eso no es cierto. Hace pocos días, Jorge Hernán Rubio, abogado de los dos principales ejecutivos del Consorcio San Lorenzo —Stephen Jones y Martin Rodin— hizo circular una carta fechada el 30 de enero de 2002 y dirigida —ya sin la intermediación de Barletta— a la empresa de Ligorría, Interimage.

En la carta, el Consorcio pretendía desvincularse del aspecto político que planteaba el manual para desviar la atención del Consorcio.

Para Martin Rodin —que firmó la carta— “no es conveniente ni abona a favor de la situación que enfrentamos el hecho de involucrar factores políticos en el desarrollo del proceso, por cuanto estos se convierten en elementos de confrontación que pueden generar mayor controversia a la agenda de discusión nacional”.

En consecuencia, señala Rodin, “consideramos que muchas de las recomendaciones pueden provocar malos resultados”. Así es que pidió revisar el manual y “hacer llegar sus comentarios y una propuesta final, acorde a sus observaciones”.

Por un lado, la carta reconoce tácitamente que la confección del manual es obra de las empresas de Ligorría y, por el otro lado, pone tierra de por medio con el aspecto más conflictivo del manual: el político.

La Prensa consultó con Rubio cuáles eran esos “factores políticos” a los que alude la carta. “Tengo entendido —comentó— que uno de ellos era lo relacionado con el Fondo Fiduciario”.

Como es ya sabido, el manual recomendaba “sensibilizar” a la sociedad panameña “en contra de la pretensión del Gobierno de echar mano de los recursos del Fondo Fiduciario”. ¿Cómo hacerlo? Pues, vinculando a la actual Administración con prácticas corruptas, ineficacia, con el desempleo y con la crisis económica.

Fue quizá esto lo que motivó a las autoridades panameñas a solicitar información sobre Ligorría y sus empresas a las autoridades de Guatemala.

¿Qué tanto se vinculan Interimage y Mc Millan? Parece que no poco. Ambas, durante algún tiempo, compartieron el mismo domicilio, de acuerdo con el Registro Mercantil de Guatemala y a un folleto promocional de Interimage: “13 Calle 2-60 zona 10 Edificio Topacio Azul Oficina 502 Guatemala”.

Pero, como se verá, Mc Millan parece una empresa nómada. El 19 de febrero de este año quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guatemala un cambio de dirección —o más bien de oficina—, ya que es igual a la anterior, salvo que en vez de estar en la oficina 502, ahora es la 1104. Sin embargo, en la factura que envió Mc Millan a la empresa SELA, S.A., la dirección era otra: “1a. Avenida 12-46 Zona 10 Edificio Villa Magna Oficina 462, Guatemala”.

Al principio, por lo visto, estuvieron unidas por la dirección, pero existe otro vínculo: el presidente del consejo de administración y representante legal de Mc Millan es Héctor Mauricio López Bonilla, quien es, a su vez, vicepresidente ejecutivo de Interimage Latinoamericana, S.A.

Interimage, tal como lo dijo Barletta, se especializa en manejo de crisis, entre otros temas. De acuerdo con información promocional de la empresa, Interimage “posee la habilidad de manejar crisis como pocos lo han logrado en nuestra región”. ¿Qué ofrece? La lista parece haber impresionado a los ejecutivos del Consorcio San Lorenzo:

— “Interimage tiene implementada una red de contactos que le permiten trabajar óptimamente con la mayoría de medios de comunicación de América Latina”.

— “Conocedores de que el ejercicio constante del poder implica prepararse para enfrentar la labor investigativa de los medios de comunicación, Interimage ha desarrollado una modalidad de trabajo que nos permite garantizar el éxito de la proyección de una imagen pública cuidadosamente elaborada...”.

— “Nuestro acceso a legisladores, asesores de Gobierno y políticos, garantiza la calidad de nuestros servicios...”.

Con servicios como éstos, ¿cómo rechazarlos?

¿Quién es Julio Ligorría?

Un controvertido publicista guatemalteco está detrás del manual de control de daños del Consorcio San Lorenzo

Julio Ligorría, desde que creó a Interimage Latinoamericana hace 11 años, ha hecho sociedades en 15 países de América Latina. Ha participado como socio en varias empresas en 18 ciudades, como México, Buenos Aires, Quito, Santiago, Sao Paulo y Miami.

En 1999, su empresa empezó una alianza estratégica con Hispacom, una empresa de mercadeo y consultoría de Madrid, pero con oficinas también en Barcelona, París, Bruselas y Lisboa.

Hoy, Ligorría utiliza su prestigio y su habilidad para lograr importantes clientes —como Coca Cola, Universal, BellSouth y JP Morgan— para entrar en el mercado latino.

El ayuda a superar problemas prácticos y concepciones erróneas, afectadas por preocupaciones económicas o políticas, así como por tradiciones u opiniones locales.

Ligorría también trabaja como consultor de políticos y, a veces, como consejero de prensa de gobiernos. “Nuestro enfoque se basa en la investigación del problema y la presentación de escenarios diferentes”, dice Ligorría.

Y esos esfuerzos pueden costarle a los clientes entre 5 mil y 50 mil dólares, dependiendo del tamaño y la naturaleza del proyecto.

Ligorría cree que la ventaja que su grupo tiene sobre otros competidores internacionales es que “como estamos realmente en esos países [donde están sus socios locales], entendemos la situación política”, explica Ligorría.

“Tenemos una visión perfecta de las leyes locales, y más importante aún, cómo esas leyes se interpretan. Y en el negocio de las Relaciones Públicas, más que conocer las leyes hay que saber acerca de la interpretación de los hechos”.

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