Colombia: ensayos del totalitarismo
Las FARC han tomado las
armas solamente por una razón: porque saben que jamás ganarían unas
elecciones populares
Adolfo Rivero Caro
El asesinato del arzobispo de Cali, monseñor
Isaías Duarte Cancino, ha estremecido a Colombia y a toda América
Latina. El crimen se comete cuando el estado mayor de las FARC anuncia
una inminente ola de secuestros y ataques contra objetivos civiles.
Recientemente, uno de sus jefes aseguró que “las FARC no son una
organización terrorista. ``Terrorismo es toda acción aislada de
las masas con el ánimo de causar pánico. ... Nosotros somos un movimiento
de liberación nacional que condena por principio y convicción el
terrorismo”.
¿Acción aislada de las masas? ¿Qué tienen
que ver las FARC con las masas? Las FARC han tomado las armas solamente
por una razón: porque saben que jamás ganarían unas elecciones populares.
Pretenden alcanzar con el terror lo que no pueden conseguir con
la persuasión. ¿Qué son los atentados, los asesinatos y los secuestros,
sino formas de intimidación? ¿Qué otra cosa representa la guerrilla
misma? ¿Liberación nacional? ¿De qué quieren liberar a los colombianos?
¿De la libertad de elegir a sus gobernantes? ¿De la de ser propietarios
de una pequeña empresa? ¿Del resto de sus derechos humanos? ¿Y a
nombre de qué nación hablan esos asesinos? ¿Qué nación los ha elegido
para que puedan hablar en su nombre? Las FARC son tan populares
en Colombia como la ETA en España. Y las únicas manifestaciones
populares que provoca la ETA en España son de repudio y repugnancia.
Como las manifestaciones de dolor, auténticamente de masas, que
estamos viendo en Colombia por el asesinato de monseñor Duarte.
En Miami hay miles de colombianos –abogados, jueces, médicos, policías,
maestros, funcionarios e ingenieros, entre muchos otros– que han
tenido que emigrar porque consideraban, con razón, que sus vidas
y las de sus familias estaban en peligro. En este sentido, han estado
viviendo una prefiguración, una especie de ensayo general, de lo
que sería el triunfo de la subversión y la entronización de una
dictadura totalitaria.
En los países totalitarios, como Cuba por
ejemplo, la Seguridad del Estado no visita a nadie para decirle
lo que tiene que hacer. Dejar de asistir a cualquier acto revolucionario
no apareja necesariamente consecuencias desagradables. Como tampoco
criticar al Gobierno en el trabajo. Pero todo se anota. Todo va
formando un prolijo expediente al que nunca se hace referencia,
pero que puede activarse en cualquier momento. Y que puede mandar
a cualquiera a la cárcel, aunque sea un disidente civilista como
Vladimiro Roca. O a la muerte, aunque sea un “héroe de la república
de Cuba” como el general Arnaldo Ochoa. Para organizar este control
sobre la población no hace falta ninguna mayoría. Bastan unos pocos
informantes y una organización de asesinos que disfrute de relativa
impunidad. Es posible que los informantes sean revolucionarios,
más probable es que sean hombres y mujeres vulgares a quienes la
delación proporciona una embriagadora sensación de poder sobre sus
semejantes. Y en cuanto a la organización de asesinos impunes, en
Colombia es las FARC. En Cuba, es el Estado socialista.
En Colombia, la imposibilidad de aplastar
a las guerrillas y el consiguiente resquebrajamiento del estado
de derecho han permitido la proliferación de los informantes de
la subversión. Su tarea es informar sobre la actitud de sus compañeros
de trabajo. ¿Fustigan los maestros al imperialismo y a la oligarquía
nacional o defienden las instituciones nacionales y el papel histórico
de Estados Unidos? ¿Se concentran los sacerdotes en criticar la
barbarie que se cierne sobre la nación o, por el contrario, se concentran
en criticar el orden vigente para desprestigiarlo y abrir el camino
al cambio revolucionario? ¿O establecen una equivalencia moral entre
ambos que necesariamente redunda en beneficio de los insurgentes?
¿Cierran los ojos los banqueros al lavado de dinero? ¿Se arriesgan
los fiscales a encausar a los revolucionarios? ¿Los persiguen con
diligencia los policías? ¿Se atreven los jueces a condenarlos? ¿Informan
los periodistas sobre la complicidad terrorista dentro del aparato
estatal? ¿Fortalecen u obstaculizan los legisladores la lucha contra
la subversión? Los informantes elaboran el expediente y, basadas
en él, las FARC realizan sus asesinatos y sus secuestros. Y, más
importante todavía, gracias a esa intimidación consiguen un apoyo
y complicidad más o menos activos.
En Cuba y en Colombia opera el mismo mecanismo.
Desde el poder del Estado, en un caso, y desde un poder casi estatal
en el otro. Una sociedad auténticamente libre no tiene necesidad
de informantes. La policía se encarga de los que violan la ley.
Por otra parte, cualquier denuncia tiene que ser probada. De lo
contrario, el presunto informante puede convertirse, él mismo, en
reo de los delitos de difamación o calumnia.
¿Cómo enfrentar a estos delatores, espías
e informantes? En primer lugar, recordando que van a ser descubiertos.
Son conocidos por las personas que utilizan sus servicios y cuando
éstas sean capturadas los van a utilizar como fichas de cambio.
Sus nombres están en muchas listas. Sólo tienen una esperanza de
supervivencia: informar sobre sus antiguos jefes. Estos cambios
no son raros. Dependen de cómo se perciba la correlación de fuerzas.
Cuando la subversión se encuentre en retirada, van a abundar los
informantes en las filas de las FARC. Pero hay que llegar ahí. En
Colombia, la red de la subversión, subvencionada por el multimillonario
narcotráfico, es singularmente poderosa. Es por eso que para salir
de ese abismo, un nuevo Gobierno colombiano tiene que pedir la ayuda
directa de Estados Unidos para aplastar a las FARC, el centro del
eje del mal en América Latina.
El autor es columnista de El Nuevo Herald
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