La Asamblea Legislativa considera el anteproyecto de ley que pretende regular el ejercicio del periodismo en la república de Panamá. El texto propuesto insiste en mantener un régimen de idoneidades para el ejercicio del periodismo, con algunas variantes en relación al establecido por la Ley 67 de 1978. Craso error, que ignora por completo lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Panamá. Ocurre que, según ese convenio, “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Se trata, pues, de un derecho humano que no depende de idoneidades ni autorizaciones de naturaleza alguna. Así lo reitera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, al considerar que “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”. En lugar de que el anteproyecto sea un avance, constituye un claro retroceso que en nada ayuda al periodismo y poco honor le hace a la Asamblea.