Entre los temas pendientes de discusión en el Diálogo por la Reactivación de la Economía, está la conveniencia de vender o no las acciones de las que el Estado es tenedor en las empresas privatizadas. Los recursos que provengan de la venta, aumentarían el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y contribuirían a la reactivación económica, pero independientemente de las consideraciones financieras, se resolvería de una vez por todas el conflicto de intereses entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos y las empresas que debe fiscalizar. El Ente Regulador se creó para la protección de los usuarios, pero los intereses del Estado en las empresas reguladas, en cierto modo inhiben la amplitud de la regulación, o por lo menos así se percibe. No se trata solo de evitar el conflicto de intereses; hay que ir más allá para evitar incluso la apariencia de conflicto de intereses, a fin de darle transparencia y credibilidad a las actuaciones del Ente Regulador. Lo mejor es pues, que el Estado venda sus acciones en las empresas que prestan servicios públicos. Solo queda exhortar a los participantes en el Diálogo para la Reactivación de la Economía a que consideren estas y muchas otras razones que hacen aconsejable la venta.