Panamá se suma al estatuto de Roma
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
Panamá se convirtió ayer en el quincuagésimo sexto Estado en adherirse al estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, cuya sede estará ubicada en La Haya, Países Bajos, con el depósito del referido documento en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
El mencionado tribunal, que será un institución permanente, estará facultado para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Este estatuto tendrá “carácter complementario” de las jurisdicciones penales nacionales.
La Corte solo se limitará a conocer de asuntos relacionados con crímenes de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra. La importancia que adquiere la creación de este tribunal, según Alfredo Castillero Hoyos, director de política exterior de la Cancillería panameña, consiste en que es la primera vez en la historia de la humanidad en que se establece de manera permanente una Corte dedicada a castigar las violaciones de los derechos humanos y las violaciones de derecho internacional humanitario, particularmente los crímenes de tortura y genocidio.
Representantes de 159 países que mantienen marcadas diferencias, entre ellas de raza, cultura, religión e idiomas consideraron la urgencia de establecer un tribunal que se dedique a castigar “ejemplarmente” esos actos. Los crímenes de lesa humanidad, dijo Castillero Hoyos, “no conocen la aministía, la prescripción, la caducidad ni el indulto”.
Quienes, a partir de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional prevista para septiembre próximo previa reglamentación, cometan crímenes de esa naturaleza podrán ser perseguidos en todo el mundo.
Además de las consideraciones de carácter ético que contempla la aprobación del referido estatuto, también hay consideraciones de naturaleza pragmática. Panamá, dijo Castillero Hoyos, podrá nominar jueces para el referido tribunal e igualmente podrá participar en la reglamentación de la Corte. Sumado a la creación de una Corte Penal Internacional, el estatuto en mención establece un código penal universal y un código de enjuiciamiento penal universal.
La adhesión de Panamá al estatuto, según Castillero Hoyos, forma parte de la política del Gobierno panameño de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, de los cuales son fruto: la creación de la Comisión de la Verdad; la visita oficial del Relator Espacial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos a Panamá y la visita oficial de una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.
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