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¡Cuánto cuesta importar!
Nada garantiza que los precios del combustible, el gas licuado y los derivados del petróleo serán accesibles al consumidor
Mario Andrés Muñoz
andresm@prensa.com
La apertura del mercado de combustible en un escenario donde impere una verdadera competencia es una meta apreciada y ansiada por muchos sectores que confían en que haya mejores precios a la hora de comprar gasolina o diesel en las diferentes estaciones del país.
Lo que se busca es que no sólo los 400 mil automovilistas salgan beneficiados, sino que también bajen los costos de operación del sector eléctrico y del productivo.
Lamentablemente para avanzar hacia esa meta, como país debemos pagar un precio que no es nada barato. Se trata nada más ni nada menos que de acabar con una industria que da empleo a unos 270 trabajadores permanentes y a otros tantos centenares que reciben ingresos de la Refinería Panamá, S.A.
Al rescindir el Contrato-Ley No.35 de 1992 y convertir la planta de esa empresa en un centro de acopio de combustible, aumentará el desempleo de mano de obra calificada en una provincia con el mayor índice de cesantía del país. Esa es la salida que han elegido los directivos de la corporación Chevron-Texaco y del Gobierno, aunque todavía falta la decisión del Consejo de Gabinete. Sin embargo, lo cierto es que esa alternativa nos hace quedar en la incertidumbre, porque nada garantiza que los precios del combustible, el gas licuado y los derivados del petróleo serán accesibles al consumidor.
Consciente del costo político que significa autorizar el cierre de una industria, los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), quienes estuvieron a cargo de las conversaciones con Refinería, han preferido guardar silencio, particularmente el titular de esa cartera, Joaquín Jácome, quien ha decidido no pronunciarse sobre el tema.
Jácome tiene poco nuevo que decir sobre el mismo acuerdo ya que, primero los dirigentes del sindicato de la empresa filtraron a los medios, mediante comunicados, el alcance del plan, que acaba con la refinación en el país y, luego, los directivos revelaron el paquete de indemnización a los trabajadores y explicaron sus planes de dedicarse a la importación.
Sin embargo, el funcionario debe precisar de qué manera se van a regular los precios del combustible, qué mecanismo va a reemplazar a los precios de paridad, cómo se va a establecer el mercado de referencia y cómo se controlará el efecto de los mercados internacionales.
Panamá está dando un paso doloroso y difícil para lograr una liberación del mercado. Un paso que recuerda al que se dio en 1992 cuando se suscribió el contrato con la Refinería y se estableció una tasa de protección del 20%, impidiendo prácticamente la importación de productos de petróleo. A cambio, la compañía debía invertir unos 140 millones de dólares, los cuales no ha recuperado.
Hay que esperar a ver si la política de hidrocarburos del Gobierno nos lleva a la obtención de precios más competitivos, y si habrá una real competencia entre las cinco empresas mayoristas de combustible (Texaco, Shell, Esso, Delta y Accel) y otras nuevas que podrían venir.
El autor es periodista
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