Hablando de percepciones

Públicamente, me he ofrecido a rendir ampliación de mi declaración jurada cuando así lo solicite el procurador

La inmunidad parlamentaria existe para proteger a los parlamentarios de la persecución políticamente motivada por parte de otros órganos del Estado. En nuestro país, el Ministerio Público está en manos de un procurador general de la Nación, que no solamente fue legislador del Partido Demócrata Cristiano, sino que además ha adoptado, en el ejercicio de su cargo, decisiones que claramente indican su vinculación no interrumpida con dicho colectivo político. Puedo citar, por ejemplo, todo el affaire relacionado con la contratación de los Laboratorios Fairfax y la designación de la licenciada Maritza Royo como fiscal superior cuando la misma ocupaba el cargo de vicepresidenta del Partido Popular, como única salida a una eventual crisis interna por su derrota como candidata a la Defensoría del Pueblo frente al candidato apoyado por el presidente de dicho partido.

No coincido con mi copartidario y amigo, Carlos Guevara Mann, en que la inmunidad no tiene justificación alguna en la sociedad panameña. ¿Se imaginan que un legislador pueda ser detenido por un funcionario del Organo Ejecutivo, un juez nocturno o un corregidor de policía? ¿Cree alguien realmente que ya hemos llegado a la etapa de nuestro desarrollo como democracia, que nos permita descartar del todo esa posibilidad como fruto de una maniobra política de presión? Teniendo en consideración los antecedentes políticos del procurador general de la Nación, ¿no cree usted, estimado lector, que quienes no hemos sido mencionados en las sumarias y pertenecemos a un partido político distinto al partido de preferencia del procurador, tenemos razones más que suficientes para sentirnos objeto de una persecución política cuando este funcionario insiste en vincularnos a la investigación a contrapelo de lo que consta en el expediente?

Fíjense en el caso de quien esto escribe. Fui de los primeros en presentar declaración jurada, cuando no teníamos inmunidad. Las únicas cuentas bancarias que tengo, ya constan en el expediente desde el mes de febrero (Global Bank, HSBC y Banco Nacional). Públicamente, me he ofrecido a rendir ampliación de mi declaración jurada cuando así lo solicite el procurador. Le he solicitado al procurador que publique mi información bancaria o que me dé copias, para yo divulgarlas. Me he comprometido, a través de los medios de comunicación, a renunciar voluntariamente a mi inmunidad parlamentaria cuando el procurador cumpla con la ley y con su dicho, expresado en carta fechada 7 de febrero del año en curso, en la que manifestaba que presentaría “una solicitud formal e individual por cada investigado”, refiriéndose a los legisladores. Sin embargo, el procurador general de la Nación dijo el 1 de marzo que este legislador estaba “obstruyendo” la investigación.

¿Qué les parece? No la obstruye quien aparece señalado en las sumarias y no comparece a rendir declaración. Tampoco le quitan el sueño aquellos legisladores que aparecen señalados específicamente. Ni aquel legislador que tiene un cheque girado a su nombre de parte del CEMIS para pagar propaganda política a favor de su partido, apenas unos días antes de la aprobación del contrato-ley. No, el procurador se siente profundamente ofendido con el coordinador de la bancada de Gobierno, que no solamente no aparece señalado en la investigación, sino que ya ha ido a declarar, simplemente porque el mismo manifiesta que debe cumplir con las formalidades de ley, individualizando su solicitud de levantamiento de la inmunidad. ¿No les parece que hay algo de raro, algo de motivación política en sus declaraciones? ¿Por qué, quien debe conducir las investigaciones en forma objetiva, pretende encaminar a la opinión pública en contra de quienes no aparecen señalados en las sumarias, sólo por ser afines al Gobierno?

He tenido la oportunidad de revisar el expediente, gracias a que copia del mismo se encuentra en la Asamblea Legislativa. Me he encontrado allí con informes bancarios de legisladores de Gobierno y oposición que se remontan hasta el año 1995. Si las denuncias bajo investigación se sitúan en diciembre del 2001 y enero del 2002, ¿por qué investigar transacciones de seis años antes? Si algunos legisladores no estaban presentes los días de la votación del contrato-ley del CEMIS, ¿por qué someterlos a los rigores de una investigación? Por la generalidad y liberalidad con que está actuando el Ministerio Público, todo indica que su real propósito es conducir lo que se denomina una “expedición de pesca”. ¿Con qué propósito? Adivine usted.

Está de moda hablar de percepciones. Con lo antes dicho, teniendo en cuenta que hay elementos suficientes para considerar que el Ministerio Público se ha excedido en sus facultades al momento de conducir las presentes investigaciones, lo que puede poner en peligro la validez misma del proceso, ¿no existe acaso fundamento para tener la “percepción” de que no se está conduciendo esta investigación con el propósito de descubrir la verdad de lo ocurrido? ¿No existen razones de peso para considerar que el Partido Popular está tratando de aprovechar la actual coyuntura para desacreditar a los dos grandes partidos y tratar de venderse a sí mismos como los “impolutos” (la reserva moral)? Analizándolo desde esa perspectiva, ¿no cobra sentido que quieran concentrar la discusión en que se levanten la inmunidad quienes no han sido señalados, en vez de centrarla en que se investigue a quienes sí aparecen específicamente vinculados a los hechos denunciados?

Que no haya confusión: es mi deseo que la investigación llegue a su fin y que, si se cometió un delito, sus responsables sean severamente castigados. Eso solamente será posible si, respetando el debido proceso, se encuentran pruebas suficientes para condenar a los que resulten culpables. De poco sirve tomar decisiones que satisfagan a la opinión pública, si al final se anula el proceso por errores garrafales de procedimiento. Esa verdad tan sencilla y escueta es la que la bancada de Gobierno ha defendido a capa y espada, pese a lo que las encuestas puedan señalar. Es muy cierto que la percepción importa en política, pero en un proceso penal lo fundamental es el respeto a las garantías procesales y a la formalidad. Olvidarlo, equivale a pisotear el estado de derecho y, a la larga, estimula la arbitrariedad y facilita la impunidad.

Además en opinión

• Ciudadanos centinelas: I. Roberto Eisenmann, Jr.
• El otro lado de la historia: Carlos M . Arango Jr.
• Hablando de percepciones: José Blandón Figueroa
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