La crisis de legitimidad y la salida constituyente

Los acontecimientos desencadenados a partir de la votación parlamentaria del pasado 9 de enero, fecha de la ratificación de los hoy Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, abrieron una crisis sin precedentes en la historia de la sempiternamente débil y espuria democracia panameña, tanto por su dimensión y profundidad como por su naturaleza. Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa ha reconocido, en su discurso inaugural de la tercera legislatura, que “la crisis afecta por igual a los tres órganos del Estado”, y que la misma es “la más grave en la historia de la institución legislativa”, al extremo que, “de no levantarse la inmunidad la totalidad de los legisladores, puede colapsar el órgano legislativo”. Con ello advierte el presidente de la Asamblea del peligro de un posible colapso institucional del régimen político, que solo podría evitarse mediante lo que llamó “una modernización constitucional integral”. Para ello clama por un acuerdo nacional que haga posible la designación de una comisión de notables, a fin de que redacte un nuevo texto constitucional, que sería posteriormente adoptado, vía referéndum, para así respetar “el actual marco constitucional”.

Si lo anterior arroja luz sobre la dimensión y profundidad de la crisis, las cuatro encuestas que sobre el estado de la nación han sido publicadas hasta la fecha, permiten avanzar en la necesaria indagación de su naturaleza: una abrumadora mayoría de los consultados ha señalado a los tres órganos del Estado como corruptos, ineficaces e incapaces de resolver los problemas fundamentales de la sociedad panameña, expresando, además, no guardar ninguna expectativa en que ello cambie en el futuro inmediato. Pero aún más significativo, en dichas encuestas los partidos tradicionales y sus principales dirigentes se derrumban electoralmente, subiendo de forma espectacular la opción por una candidatura independiente. Hay que decir, al respecto, que no se debe confundir esa opción independiente, sin rostro, con la del empresario Alberto Vallarino. Una cosa es la posibilidad de capitalizar esa opción y otra muy distinta ser el "dueño" de la misma.

Entender el cómo se ha originado la presente crisis no supone un mero, aunque importante, ejercicio académico o teórico. Por el contrario, desentrañarlo es el único camino para insertarse políticamente en su evolución, en la perspectiva de intervenir en ella con la finalidad de lograr una salida lo más favorable posible a los intereses de los trabajadores, las capas medias y las fuerzas democráticas de la sociedad, que constituyen, indudablemente, la mayoría nacional.

La imposición por parte del bloque oficialista de sus candidatos a magistrados en la CSJ, utilizando para ello el cerco económico y el chantaje político a la Asamblea Nacional (hechos por lo demás notorios para la opinión pública), subordinó a los tres órganos del estado, así como a otras instituciones fundamentales, al férreo control del gobierno, creando de esa manera las condiciones necesarias para intentar imponer un resultado electoral favorable al oficialismo en las elecciones del 2004.

El escenario político en que se ha realizado esta peligrosa y antidemocrática maniobra, puede sintetizarse de la forma siguiente:

—Una corrupción rampante, solo comparable, si cabe, al gobierno liberal del presidente Marco A. Robles, salpicada de escándalos y denuncias públicas desde la toma de posesión.

—Una política económica carente de objetivos, zigzagueante e incoherente, e incapaz por tanto de responder a fracción alguna de las clases y capas sociales que integran la sociedad.

—Un populismo verbal (“el gobierno de los pobres”), abandonado en la práctica al día siguiente de la toma de posesión, ocasionando con ello la corrosión permanente de su base electoral, especialmente en las concentraciones urbanas.

—Una grave crisis económica y social, profundizada por las políticas económicas neoliberales impuestas, y que el actual gobierno preserva, agravada por la incapacidad del gobierno para articular políticas públicas paliativas, ocasionando así el aumento desenfrenado del desempleo y el cierre indiscriminado de grandes, medianas y pequeñas empresas.

—Una administración del Estado desarticulada e incoherente, carente de cuadros gerenciales mínimamente capaces de conducir las instituciones, lo que ha dado por resultado la cuasi postración en que se encuentran los servicios públicos de educación, salud, agua, etc.

—El aumento galopante de la inseguridad ciudadana, generada por un escenario de exacerbada violencia urbana, ausente en tales grados incluso después de la invasión.

—Una opinión pública y unos medios de comunicación sociales casi absolutamente volcados a la crítica de la gestión gubernamental, al extremo que el clamor ciudadano, que atraviesa todas las capas sociales, se expresa en frases tales como “esto no lo aguanta nadie”, “esto no puede continuar”, “hay que hacer algo”, etc., etc.

—Y, por último, la ausencia de un claro liderazgo en la conducción del gobierno de la nación, así como la de proyecto nacional alguno.

En ese marco, dos acontecimientos políticos de gran envergadura estremecieron el aparato gubernamental, desahuciando sus futuras posibilidades electorales. Nos referimos concretamente a su pérdida del control político de la Asamblea Legislativa (Pacto Meta, septiembre de 2000)) y la movilización popular contra el alza del pasaje ( 9 de mayo de 2001). La construcción del inesperado Pacto Meta, con todo lo que ello significa en otro importante orden de cosas, posibilitó el control político de la Asamblea Legislativa por parte de la oposición, provocando el debilitamiento extremo del actual gobierno. Con ello, si es que hacía falta, la opinión pública le retiró al bloque oficialista su ya mermado crédito electoral. Por su parte, la movilización popular del 9 de mayo puso al desnudo las debilidades e incoherencias del gobierno, convenciendo a todas las fracciones burguesas de la peligrosidad que representa para la estabilidad del país la renovación del mandato electoral al arnulfismo.

Suspendidos en el aire por carecer de apoyo social alguno, que no sea el de sectores desorganizados y muy atrasados del campo, acorralados políticamente por el Pacto Meta y por una opinión pública volcada en su contra, el gobierno, utilizando métodos bastardos, forzó in extremis la abrupta ruptura de la fracción parlamentaria del PRD, garantizándose de esa manera la recuperación del control de la mayoría legislativa y una correlación de fuerzas ampliamente favorable en la CSJ. Con esto último se hace posible la separación del procurador general de la Nación y del fiscal electoral, para nombrar en sustitución de los mismos a personal férreamente adscrito al círculo íntimo del gobierno. Por lo demás, tales circunstancias pueden ser aprovechadas para el nombramiento de un señalado nuevo director de la PTJ, personalidad que, sin la modificación de la correlación de fuerzas existente en la CSJ, no obtendría tal designación. Para rematar, la nueva mayoría legislativa le permite al gobierno la utilización del Presupuesto General de Estado sin ataduras ni controles y, lo más importante, la apropiación clientelista de los mil trescientos millones del Fondo Fiduciario.

Conscientes de las graves implicaciones que tenía la ruptura de su fracción parlamentaria y la imposición de la ratificación de los dos magistrados de la CSJ, el PRD lanzó en el hemiciclo legislativo un demoledor ataque, denunciando que el gobierno había utilizado el soborno para lograr los tres votos “rebeldes” de su bancada, así como el cobro de coimas, por parte de uno de los magistrados ratificados y hasta ese momento ministro de Gobierno y Justicia, para otorgar indultos a favor de reos de narcotráfico. Con ello se propinó un golpe mortal a la ya frágil legitimidad del Ejecutivo y la CSJ. Por su parte, creyendo que podría desviar la atención pública respecto de su responsabilidad en la ratificación de los magistrados, y sumir de paso al PRD en una grave crisis política, el legislador Afú denunció, unos días más tarde, que el PRD había sido sobornado para lograr la aprobación del Contrato-Ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). Por lo que se ve, nadie pensó que sus declaraciones, bochornosamente autoinculpatorias, deslegitimarían sin remedio al órgano legislativo, arrastrando con ello a los partidos mayoritarios del gobierno y de la oposición al mismo precipicio.

Se trata, pues, de una situación sin precedentes en la historia de la democracia panameña, ya que la crisis de legitimidad se produce “en frío”, es decir sin el concurso de movilizaciones populares significativas, lo que de paso nos permite comprender por qué el gobierno no ha tenido necesidad de utilizar la coerción todavía, y por qué, lo que es mucho más significativo, el régimen político se mantienen por inercia.

¿Cómo se explica que la gravedad de la crisis no haya generado movilizaciones ciudadanas significativas? Hay que tener presente que se trata de una crisis política surgida en “las alturas”, en y entre los órganos del Estado, resultado de las contradicciones políticas de un régimen agotado. Por lo demás, la población, aunque indignada e insumisa, no ha sido víctima todavía de ninguna agresión directa. Otra cosa sería que además se tomaran medidas económicas o de policía que empujaran a la población a la calle para defenderse, tales como la imposición de la utilización del Fondo Fiduciario o el corte del suministro y la subida de las tarifas del agua a los sectores populares, tal como vienen anunciando, o que el gobierno cometiera la imprudencia de reprimir a sectores sociales específicos. Lo que debe quedar claro es que cualquier chispa puede incendiar la pradera.

Con relación a lo anterior, debemos señalar que las últimas acciones políticas del bloque oficialista apuntan hacia una profundización de la crisis:

—La bochornosa negativa a levantarse la inmunidad legislativa, pese al generalizado clamor nacional, resulta ser un desafío inaudito al soberano, que abre las puertas a que se levanten voces exigiendo, ahora, la dimisión colectiva de la corporación legislativa.

—El ataque político frontal contra el procurador general de la Nación, en razón de la investigación que realiza, acusándolo de formar parte de un “complot político”, no es otra cosa que una peligrosa y descubierta maniobra tendiente a paralizar las investigaciones.

—La descarada resistencia a la aplicación de la ley de Hábeas data, sancionada por el gobierno bajo una gran presión de la opinión pública, utilizando para ello el falaz argumento de que requiere ser reglamentada, separa aún más, si cabe, a la sociedad civil del régimen político que dice representarla.

—El desafío que ha realizado el gobierno al movimiento popular y a otros sectores sociales y políticos, amenazando con enviar la ley que regula la utilización del Fondo Fiduciario a la Asamblea Legislativa para su aprobación, aprovechando su actual mayoría legislativa y con desprecio de la inexistencia de consenso político y social al respecto, constituye un acto de suma irresponsabilidad, que podría devenir en graves enfrentamientos sociales.

Con estas acciones no se hace otra cosa que radicalizar y extender la crisis, llevándola a sus límites más peligrosos, ya que la crisis de legitimidad no ha afectado todavía en grado extremo al Ministerio Público, y por ello la ciudadanía aún guarda ilusiones en la posibilidad de que el sistema sea capaz de purgarse a sí mismo, mediante el esperado juicio y castigo a los culpables de los actos de corrupción y soborno. Perdida esa ilusión, las movilizaciones callejeras no se harán esperar.

La apertura de la tercera legislatura evidenció otro hecho crucial: mientras el presidente de la Asamblea Legislativa dedicó gran parte de su discurso a la gravedad de la crisis y a su posible salida política, la presidenta de la República la ignoró casi por completo, dedicando sus mejores esfuerzos a explicarnos el prometedor futuro económico que nos espera con el inicio de sus inminentes megaproyectos. Este manifiesto estrabismo político del Legislativo y el Ejecutivo, lo que pone de relieve es que nos encontramos, por la profundidad y gravedad de la crisis de legitimidad, a un paso de la ingobernabilidad. Tómese en cuenta que ambos discursos expresan salidas diferentes a la crisis: la presidenta se aferra al salvavidas del Fondo Fiduciario, con la esperanza de poder articular así una salida política clientelista, mientras que el presidente de la Asamblea Legislativa y del Partido Popular opta por una salida constituyente controlada.

Dejando de lado el autismo político incurable del bloque oficialista en la presente coyuntura, el debate constituyente se ha instalado en el seno de la sociedad. Los medios de comunicación casi unánimemente, partidos políticos tales como el Popular y Solidaridad, personalidades políticas de todos los signos (incluyendo a significados dirigentes del PRD), el propio Tribunal Electoral, y una opinión pública mayoritaria, discuten abiertamente sobre las vías para lograr una nueva Constitución, o la reforma inmediata de la misma, como único camino para salir de la crisis.

Por su parte, el régimen electoral, firme apoyatura del bipartidismo y pieza fundamental e indisoluble del actual régimen político, se ha constituido en un obstáculo insalvable para la expresión política y la representación de las nuevas corrientes sociales que pugnan por hacerse escuchar e intervenir en la dirección del estado y la sociedad. Dicho de otra manera, el régimen que agoniza está incapacitado para mediar en los conflictos políticos y sociales que emergen de la sociedad actual, e inhabilitado para administrar adecuadamente las contradicciones políticas en su seno. Y ¿qué es lo que ocurre? Ni más ni menos que el régimen político está agotado y se ha convertido en una losa que le impide a esas nuevas corrientes verse representadas. ¿Y cuáles son esas nuevas corrientes? A vuelo de pájaro, intentaremos dar una inicial respuesta a esa pregunta crucial.

Como correlato del surgimiento, fortalecimiento y expansión de la burguesía industrial, se consolidó un nuevo proletariado, alimentado fundamentalmente por las masas que emigraron del campo a la ciudad, buscando ávidamente la nueva vida que significaba insertarse en ese mercado laboral. De ahí surgen nuevas y más poderosas organizaciones sindicales y políticas, que exigen leyes laborales y espacios políticos democráticos que les posibilitarán la representación y defensa de sus intereses. Era natural que chocaran sistemáticamente con una “clase política oligárquica” de terratenientes, rentistas y comerciantes, para los que tales demandas eran la expresión viva y aterrorizante de la “revolución comunista” en ciernes. Como era de esperarse, el único diálogo posible era el entablado a través de la cachiporra, la caballería y el fusil, deviniendo las más elementales protestas democráticas en duros y sanguinarios enfrentamientos sociales.

Sobre ese piso social se levantó una pequeña burguesía ilustrada, ajena a las burocracias políticas de la oligarquía, que se expresó con cada vez mayor fuerza exigiendo la apertura de espacios democráticos que hicieran viable su participación en la administración del estado, llegando incluso a liderar organizaciones políticas que, abiertamente, cuestionaban el régimen político oligárquico y el enclave colonial. Con sus luchas lograron representación ocasional en la Asamblea Nacional.

Una sociedad urbana y plural, con una “clase media” en ascenso y expansión, en cuya cúspide se situaba una fracción ilustrada y modernizadora, asentada sobre la burguesía industrial en ascenso y un proletariado joven y vigoroso, no podía menos que luchar denodadamente por liberarse de un régimen político oligárquico, deslegitimado, que había dejado de representarla y que la asfixiaba política, social y económicamente. Se requería de un nuevo régimen político y nueva legitimidad, fundada en las fuerzas sociales emergentes, que abriera las puertas a una democracia capaz de incorporarlas y representarlas.
El golpe militar y la consolidación del “torrijismo”
El golpe de estado de 1968 vino a resolver, manu militari, previa expropiación política del régimen de representación y gobierno oligárquico, la insostenible crisis que atenazaba a una sociedad preñada de contradicciones. Sin entregar el gobierno del Estado a las nuevas fuerzas sociales, el torrijismo materializó la alianza denominada “yunta pueblo-gobierno”, que no fue otra cosa que la integrada, inicialmente, con la burguesía industrial, la pequeña burguesía y los trabajadores. Con ello, y desde “arriba”, se dio paso libre a la masificación de la educación, al financiamiento y protección industrial, a la regulación modernizadora del mercado de trabajo, al desarrollo del capitalismo en el agro, al impulso de una nueva forma de inserción de la burguesía en el mercado mundial y al inicio de la cancelación de las relaciones contractuales que permitían la existencia del enclave colonial.
Dicho sea de paso, esa alianza no constituyó obstáculo para que la burguesía financiera obtuviera grandes beneficios al amparo de las inversiones descomunales que se hicieron en servicios públicos y ampliación y modernización de infraestructuras, además de los incentivos importantísimos que obtuvieron para posibilitar la sustitución de una vieja y atrasada fracción de clase oligárquica denominada “casateniente”, posibilitando así el surgimiento de un gigantesco mercado hipotecario de viviendas. La burguesía financiera se expandió y fortaleció y la burguesía comercial se modernizó.
Bajo la sombra de ese franco y acelerado proceso de modernización burguesa, se masificó una poderosa clase media, escolarizada e ilustrada, al extremo que la dirección política y administrativa del Estado estuvo en sus manos.
El nuevo régimen democrático
Muerto Torrijos, y clausurados por sus sucesores los planes para traspasar el poder político a las nuevas fuerzas sociales en presencia, rápidamente el régimen bonapartista devino en mera dictadura militar, al autonomizarse completamente la institución armada y dejar de representar a las fuerzas sociales en las que inicialmente y durante un largo período se apoyó, y que ahora exigían su representación directa en el gobierno del Estado. Al ser aplastada la dictadura por la invasión militar norteamericana, la sociedad surgida de sus entrañas, aún más compleja y fuerte por su desarrollo bajo el torrijismo, demandó el establecimiento del nuevo régimen político que habría de representarla. Por el contrario, y desaprovechando esa oportunidad histórica, los gobernantes surgidos después de la invasión no se atrevieron a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que hubiese sentado las bases políticas de esa nueva legitimidad. ¿Las razones? El miedo a ser desbordados por una sociedad que había realizado las movilizaciones más grandes en la historia de la República, en lucha por establecer un nuevo régimen que posibilitara la expresión y representación directa de sus intereses. Ciertamente, ese nuevo régimen es muy probable que no hubiese legitimado a los viejos partidos tradicionales, ni reproducido, calcándolas, las viejas instituciones políticas, y prueba de ello es que la lucha contra la dictadura se hizo al margen de esos partidos, apoyándose la sociedad en organizaciones y dirigentes ajenos a ellos. En esa situación, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente representaba un peligro evidente para el restablecimiento de la vieja burocracia política, sus partidos e instituciones. Por supuesto, elevaron a rango constitucional el que la institución armada, ahora denominada Fuerza Pública, no pudiera jugar el papel de árbitro sustituto de la vieja burocracia política y sus partidos en la mediación de los conflictos y contradicciones políticas y sociales.
Esa enorme estafa política ha durado apenas tres gobiernos. Hoy se evidencia, con fuerza renovada, el agotamiento del régimen político, alimentado por las consecuencias desastrosas de las medidas neoliberales que el actual gobierno preserva. El actual bipartidismo no representa para nada a las nuevas fuerzas presentes en el escenario social, y el resto de los “partidos saltimbanquis” representan únicamente a sus dueños unipersonales, que compran cuotas de poder con sus aportes millonarios a uno (o los dos) grandes partidos hegemónicos, o truecan sus menguados votos legislativos por un ministerio o dos instituciones estatales.
En el régimen político todavía hoy dominante pero en abierta crisis, reproductor renovado de las viejas lacras de la oligarquía, los partidos políticos representan los intereses de sus propias burocracias enquistadas, ya sea en el gobierno o la oposición, con el único objetivo de acumular privativamente del presupuesto del Estado, al margen de las clases y fracciones de clases de la sociedad.
La burguesía panameña requiere de un aparato estatal modernizado, capaz de responder a sus crecientes necesidades de desarrollo orgánico e inserción renovada en el mercado mundial. No en vano la totalidad de los gremios empresariales se han convertido en agentes críticos que levantan demandas imposibles de satisfacer por el actual régimen político, o piden abiertamente una constituyente controlada, para así concretar las reformas necesarias para la representación en el Estado de sus intereses empresariales.
La pequeña burguesía y las capas medias, escolarizadas como nunca antes en nuestra historia, con acceso a un torrente de información diaria y constante, inconcebible hace solo veinte años atrás, son generadores de una opinión pública poderosa, crítica y exigente. Sometidas a un proceso de empobrecimiento constante, cuando no al desempleo y la quiebra, son las principales demandantes de una “candidatura independiente”, ajena a los actuales partidos políticos que ya no los representan, y exigen que se les abran los canales de participación política necesarios para defender su interés de ampliar la inversión presupuestaria en salud, educación y servicios públicos en general, participando en la elaboración de una política económica capaz de generar empleos bien remunerados y redistribuir parcialmente en su beneficio el ingreso nacional.
Los trabajadores y las abigarradas masas de desempleados de las dos grandes concentraciones urbanas, pugnan por empleo, salud, educación, vivienda, servicios públicos eficientes y baratos, procurando, además, garantizarse la permanencia de una de sus conquistas más preciadas: la Caja de Seguro Social, y hacer escuchar su voz, interviniendo en la elaboración de una política económica elaborada y ejecutada en ignorancia de su existencia y fuerza social.
Todos coinciden, aunque por intereses distintos y hasta enfrentados, en la necesidad de un cambio político en el país, abriendo canales de participación política que les permitan representarse en la conducción del Estado y la sociedad. Lo que está, pues, en el orden del día del debate nacional es un necesario proceso constituyente que reorganice el país sobre bases políticas y sociales que expresen y recojan las demandas de las nuevas fuerzas presentes en el escenario social. De dicho proceso, las fuerzas populares deberán salir fortalecidas, levantando sus demandas y disputando su satisfacción. Ciertamente, se trata de producir una profunda reforma política, esencialmente democrática, orientada a establecer un nuevo régimen político y una nueva legitimidad.
Una burguesía necesitada con urgencia de renovar, modernizándola, su forma de inserción en el mercado mundial, y que choca una y otra vez con un régimen político autista y depredador; una pequeña burguesía y unas capas medias ilustradas, cuya presencia y peso social en la sociedad no puede seguir siendo ignorada; un proletariado cronológicamente joven, que desconoce y rechaza la autoridad de los viejos aparatos políticos y sindicales, desprestigiados e incapaces por ello de seguirlos reteniendo y amordazando, pujan con fuerza por desembarazarse de las ataduras de un régimen político agotado, caduco e inservible como instrumento para dirimir los conflictos y exigencias de la sociedad surgida de los grandes cambios y portentosas transformaciones materiales ocurridas durante los últimos 50 años.

VI- EL DEBATE CONSTITUYENTE
El tema de la obsolescencia de la actual Constitución está en la calle. Políticos, intelectuales, medios de comunicación sociales, organizaciones sociales y movimientos políticos, reflexionan públicamente sobre la conveniencia o inconveniencia de un cambio constitucional, y sobre todo, y principalmente, sobre la forma o el proceso que debe seguirse. Muchas son las interrogantes que surgen y muy pocas se despejan. Veámoslas.
Lo primero que debemos respondernos es si una nueva Constitución es capaz de resolver los graves problemas que aquejan al país. Y la respuesta es terminante: ¡ No! No hay Constitución que por sí misma pueda transformar la realidad y, por lo tanto, resolver ningún problema. La realidad no la cambian las leyes ni las constituciones, de la misma forma que las revoluciones no se hacen por decreto. Por el contrario, es la realidad la que puede cambiar constituciones, regímenes políticos y Estados. Las constituciones son la expresión más o menos deformada de la realidad política y social de una nación. Y cuando el régimen político constitucionalizado no se corresponde con la realidad política y social, entonces el árbol de la crisis está sembrado, y florecerá cuando la sociedad tome conciencia de esa contradicción, lo que ocurre, generalmente, a partir de los acontecimientos más inesperados.
Los que se atrincheran tras el argumento de la imposibilidad de que una Constituyente pueda resolver los problemas del país, pierden de vista, por ignorancia o perversión política, que la Constituyente, más que un hecho jurídico es un proceso esencialmente político, del que luego devendrá un conjunto de normas escritas elevadas a rango constitucional. La Constituyente tiene por único objeto resolver un grave problema de carácter político: sustituir un régimen que no se corresponde con la realidad política y social de una nación. En ese escenario, recae sobre las fuerzas populares y democráticas levantar su propio programa, proponerlo y luchar por él en el seno de la sociedad, y defenderlo con ahínco en la Asamblea Nacional Constituyente.
Otros sectores, mucho más lúcidos políticamente, plenamente conscientes de la crisis de legitimidad de la que está mortalmente enfermo el actual régimen político, levantan el astuto argumento del cambio constitucional controlado, proponiendo un proceso constituyente que deja en manos de un “grupo de notables” la elaboración de un nuevo texto constitucional, que luego de ser aprobado por la actual Asamblea Nacional, sería llevado a plebiscito para su aprobación o rechazo por “el pueblo”. Los proponentes de esta salida de la crisis “olvidan” que el texto constitucional de 1946 fue elaborado por un “grupo de notables” para luego ser llevado a debate a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sentido tendría un texto constitucional elaborado por un grupo de notables, representantes de los que cargan en sus espaldas con la responsabilidad de la crisis, ya sea por omisión o por acción? Y el plebiscito que proponen, ¿no estaría desvirtuado por la furibunda campaña publicitaria a favor de su aprobación, realizada por el actual gobierno y la misma “clase política” que hoy está cuestionada? ¿O es que pretenden insinuar que elaborarían un texto constitucional con el que no estarían de acuerdo, y por tanto no harían campaña en su favor? Y por último, ¿aprobaría la vigente Asamblea Legislativa un texto constitucional que castrara todos y cada uno de sus vergonzosos privilegios, rompiendo además con el monopolio político de sus partidos?
Igualmente, ya han surgido voces que, percatándose de la crisis agónica del régimen, pero temerosas incluso del resultado del plebiscito, pese a que este sería “una pelea de tigre con mulo amarrado”, proponen el recurso de recorrer el camino seguro de su aprobación, respetando igualmente el actual marco constitucional, en dos períodos legislativos distintos. En pocas palabras, proponen que la actual Asamblea Legislativa, deslegitimada completamente, apruebe el texto constitucional, y que luego la siguiente, electa bajo las vigentes normas electorales excluyentes, lo volviera a aprobar. Ambas vías respetan, efectivamente, el marco de la vigente constitución caduca, y presuponen el acuerdo de los partidos que hoy monopolizan el poder político y el escenario electoral. Los mismos que ante la faz de la nación se aferran desesperadamente a su inmunidad, a la vergüenza del voto secreto, a las partidas circuitales, a la inclusión vergonzosa de su parentela en la planilla legislativa, a la exoneración y posterior venta de decenas de automóviles, al tráfico escandaloso de influencia, y un largo etcétera. Son los mismos que ahora nos proponen que asistamos boquiabiertos al inaudito, sorprendente y público espectáculo de su harakiri político. Los tiempos de la “patria boba” han terminado. Ya no pueden ofrecernos el puente y el río a la vez, ni sustentar con descaro que el nepotismo tiene justificación alguna, o que las dádivas, después de una votación legislativa, deben ser consideradas como la generosa gratificación de un agradecido beneficiado.

VII- LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Lo que la sociedad exige es la democratización del actual régimen político, que por excluyente ha entrado en crisis agónica. ¿Cómo, entonces, proponer un proceso esencialmente antidemocrático, que excluye del debate constituyente a las fuerzas políticas y sociales que lo están demandando?
La nueva legitimidad solo puede surgir de un gran debate entre todas las fuerzas políticas y sociales presentes en la sociedad panameña de hoy, y para ello no hay otro camino que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en la que puedan hacerse representar todos los sectores que hoy demandan, por ejemplo, el levantamiento de la inmunidad legislativa, recibiendo por respuesta el desprecio del bloque oficialista; o los que exigen el cumplimiento de los mandatos de la recién aprobada ley de Hábeas data, y reciben la callada por respuesta. O los que piden, ya casi a gritos suplicatorios, que no se cometa la infamia de elevar la edad de jubilación ni de subirles la cotización porque, de lo contrario, la recibirán en su lecho de muerte, a causa de no comer para arrancarse de sus ya míseros bolsillos las elevadas nuevas cuotas que tendrían que pagar a la Seguridad Social. O los que piden poner en pie una política económica que mire hacia el país de los panameños y panameñas, desbancando de una vez por todas la política económica neoliberal, ahora ya en crisis en todos los rincones del planeta. O los que piden el fin de las partidas “discrecionales” y el despilfarro insolente de las decenas (¿o son centenas?) de millones de dólares “invertidos” por el mal llamado Fondo de Inversión Social, con exclusivos fines de clientelismo político. Y los que demandan el debate legítimo y justificado, cara al pueblo, sobre la necesaria nacionalización de las empresas privatizadas, que nos prometieron mejor servicio y tarifas más baratas, y todo ha sido un gigantesco y perverso engaño.
La Asamblea Nacional Constituyente es el escenario en que los ciudadanos debatiremos abierta y públicamente las bases de una nueva legitimidad republicana, y del que saldrá el nuevo texto constitucional que la regulará. Para avanzar hacia ello solo se requiere el acuerdo sobre una normativa electoral que posibilite la participación democrática y sin exclusiones en las elecciones constituyentes.
En la actual crisis de legitimidad, las fuerzas populares y democráticas deben de estar en la primera fila de los luchadores por lograr ese acuerdo sobre una normativa electoral democrática, para así llevar a la Asamblea Nacional Constituyente un programa que recoja las demandas de la mayoría social. No es el momento de esbozar ese programa completo, pero sí podemos señalar, a vía de ejemplo, algunos de sus ejes fundamentales:
—Reforma integral de la Asamblea Legislativa, acabando con los odiosos privilegios de astronómicos salarios, canonjías, partidas circuitales, inmunidades y votos secretos, además de con los largos meses de ociosidad de los “honorables legisladores”. A este cuerpo legislativo se le deben ampliar y fortalecer sus funciones fiscalizadoras y de control. Su composición debe ser más representativa de la sociedad, instituyéndose la revocatoria de mandato por sus electores, y eliminando, además, los superfluos suplentes. Debe aplicárseles el principio de no reelección inmediata.
—Reforma Integral del Órgano Judicial, instituyendo una carrera judicial profesionalizada, con plena estabilidad y graves penas para la prevaricación. A los magistrados de la Corte Suprema debe acortárseles su período y su elección debe democratizarse, exigiéndoseles requisitos de profesionalidad. Deberá ponerse en pie un Consejo del Poder Judicial, facultado para nombrar jueces y juzgarlos. El incumplimiento de los términos procesales debe ser penado.
—Reforma integral de las normativas electorales, posibilitando las candidaturas independientes y la inscripción de partidos políticos, cuyas autoridades y candidatos a puestos de elección deben surgir de procesos internos auténticamente democráticos, rompiendo así con el monopolio de la representación en la vida política. La facultad de referéndum debe poderse ejercitar sobre todos los asuntos que afecten la soberanía y seguridad nacional, los servicios y la propiedad pública. Debe poderse ejercer tanto sobre asuntos nacionales como municipales.
—Creación de la carrera del funcionario público y una ley general de salarios, que libere a los funcionarios de la tiranía del poder político partidista, les dé estabilidad y capacitación permanente, estableciendo que su ingreso a la misma será por méritos y concurso público. Los salarios que pagamos los contribuyentes a los funcionarios deben ser públicos y razonables, haciéndose valer el principio de “a igual trabajo igual salario”.
—Autonomía efectiva y completa a la Caja de Seguro Social, democratizando la elección de sus autoridades y garantizando su existencia como entidad pública y solidaria.
—La salud pública y la educación deben ser despolitizadas, sustrayéndolas de la injerencia política del Órgano Ejecutivo, acabando con las odiosas “ternas”, para lo cual se crearían órganos de dirección autónomos, democráticos y profesionales.
—La transparencia y el rendimiento obligado de cuentas a la sociedad debe garantizarse mediante leyes que introduzcan penalizaciones inmediatas a su incumplimiento.
—El referéndum que se convoque para la aprobación de la nueva Constitución, llevará ante el soberano un texto de mayoría y uno de minoría, para garantizar así una decisión verdaderamente democrática.
Normas básicas como estas, hoy exigidas por la inmensa mayoría del pueblo, deben ser llevadas y defendidas, como mandato, por los representantes electos del movimiento popular y democrático en la Asamblea Nacional Constituyente.

VIII- LAS REIVINDICACIONES DE LA COYUNTURA
Las consignas movilizadoras que en esta coyuntura debe levantar como suyas el movimiento popular, están siendo expresadas por la opinión pública mayoritaria. Estas deben ser defendidas en todos los foros y movilizaciones, intentando que todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales, estudiantiles, institucionales, etc., tomen posiciones respecto a las mismas.
1. Levantamiento colectivo de la inmunidad legislativa, renuncia de los magistrados cuestionados, suspensión de la entrada en vigor del contrato del CEMIS, juicio y castigo a los culpables de soborno, vigencia inmediata de la ley de Hábeas data, defensa del Fondo Fiduciario y paralización de la suspensión del servicio de agua, a los sectores populares, por falta de pago.
Este conjunto de reivindicaciones están hoy unidas en la conciencia del pueblo. Todos las sienten como suyas, y solo el movimiento popular puede defenderlas e impulsarlas coherente y consistentemente. Todas ellas responden a necesidades sentidas como inmediatas, y de ahí su carácter movilizador.
2. La utilización del Fondo Fiduciario debe ser llevada a referéndum nacional.
Efectivamente, ¿cómo permitir que una Asamblea Nacional, deslegitimada por corrupta y desobediente del mandato soberano de que se levanten la inmunidad, decida la utilización que debe dársele al ahorro histórico de todos los panameños? Si lo intentan, habrá que demandar a los legisladores que renuncien de inmediato a sus curules. Hay que exigir la realización de un referéndum con dos propuestas, a fin de que el pueblo decida democráticamente el destino de sus dineros.
3. ¡Elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, ya!
Esta es la consigna central que articula todas las demás y que permitiría salir de la crisis que mantiene empantanado al país. Por supuesto, el pacto electoral que proponemos, así como el necesariamente consensuado organismo que la convocaría, será acusado de “romper el marco de la actual constitución”, pero, como ya hemos explicado, nos encontramos ante un problema esencialmente político y no jurídico, que atañe exclusivamente al soberano.
En esta lucha se abren para el movimiento popular y democrático posibilidades inéditas y extraordinarias de poner en pie una organización política capaz de jugar un papel histórico, superior incluso al intento realizado en su momento por el Frente Patriótico Nacional.

DOCENTES POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
(Firman) Miguel Ángel Candanedo, Nelva Reyes, Celestino Andrés Araúz, Gladys F. de González, Pedro Pineda, Anel González, Marco A. Gandásegui, José A. Maturín, Simeón González, Julio Arosemena, Manuela Foster, Luis López, Francisco Castañeda.

Panamá, República de Panamá, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dos.

Gran foro sobre la Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de abril a las 6:pm. en el Paraninfo Universitario

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• Fondo Fiduciario para el Desarrollo: ¿por qué modificar la ley?
• TLC traerá seguridad jurídica
• Ecuador se ajusta para pactar con el FMI
• Cancelan licencia a consorcio mexicano
• Piden incluir a República Dominicana en TLC con EU
• Se cuadruplica oferta por compra de minera brasileña
• Cae en un 37% turismo chileno en el 2002
• Anuncian crisis en la industria ecuatoriana del calzado
• Se acelera la crisis en Argentina
• Argentina justifica advertencias del FMI
• C&W facilita juicios por video conferencia
• Bancos españoles confían en medidas de Argentina
• Republicanos impulsan comercio exterior
• Siguen cayendo acciones de G. Electric
• Subirán las tasas de interés en EU
• Algunas recesiones de E. Unidos
• Economía estadounidense muestra fortaleza en el 2002
• Grandes empresas reciben ofertas para no abandonar Manhattan
• La crisis de legitimidad y la salida constituyente
• Piden más dinero para países pobres
• Bush anuncia acuerdo con México
• Castro se marchó de la Cumbre de Monterrey
• Crisis argentina preocupa a alemanes
• Endesa compró a su filial italiana
• Déficit público creció en la UE el año pasado
• Bolsa madrileña cierra con pérdidas
• Encuentro iberoamericano
• Vale do Río Doce debuta ganando
• Inditex obtuvo 264.8 millones en beneficios
• Represalia contra EU
• A la quiebra, principal constructora alemana
• France Télécom registró pérdidas históricas en el 2001
• Gucci reduce sus beneficios en 278.4 millones de dólares
• Caen las Bolsas de Asia, arrastradas por Wall Street
• Diferencias tecnológicas
• China abre nuevos sectores a la inversión
• Motorola confirma planes en China
• Corea del Sur ingresa a la Agencia de Energía
• Asia y Europa, en pie de guerra
• Andersen se asociará con Pricewaterhouse HK-China
• Automotriz Fiat entra en el mercado chino
• Vaticinan que China traerá una deflación global