Cuestionan a tribunales militares
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El secretario de Defensa de EU, Donald Rumsfeld, anunció ayer en Washington las reglas de funcionamiento de los tribunales que juzgarán a terroristas extranjeros implicados en los atentados del 11 de septiembre.
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WASHINGTON, EU (REUTERS). — Amnistía Internacional describió este jueves como profundamente preocupante los planes de Estados Unidos de someter a juicios militares a algunos de los detenidos del Talibán y Al Qaida, sin darle a los acusados que sean condenados el derecho de apelar en tribunales civiles.
La reacción se produjo antes de que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, anunciara este jueves por la tarde en conferencia de prensa con el más prominente abogado del Pentágono, las reglas de las llamadas comisiones militares, autorizadas por el presidente George W. Bush en la guerra contra el terrorismo.
Aunque fuentes gubernamentales describieron las normas como menos rígidas de lo que algunos críticos temen, el grupo de derechos humanos dijo que le preocupaba el hecho de que los acusados en las comisiones militares no tendrán el derecho de apelar ante tribunales civiles, incluyendo la Corte Suprema.
“Amnistía Internacional considera que las comisiones militares amenazan con socavar severamente, en lugar de reforzar, la confianza en la administración de la justicia y el mantenimiento de la ley”, dijo el grupo en un comunicado.
Otros críticos de los juicios militares para los detenidos, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumentaron que a los prisioneros capturados en la guerra de Afganistán se les podría negar la celebración de juicios justos.
Similar a tribunales marciales
Fuentes gubernamentales allegadas a las reglamentaciones dijeron el miércoles que los tribunales serían similares a las cortes marciales militares, pero los fiscales tendrían más libertad para presentar pruebas.
Las apelaciones también estarían limitadas a un análisis especial y una sentencia a la pena de muerte requeriría de una decisión unánime, dijeron las fuentes, que no quisieron ser identificadas.
Sólo un pequeño número de los 300 sospechosos de la red Al Qaida y del Talibán detenidos actualmente en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo en Cuba y más de 200 retenidos en instalaciones de Estados Unidos en Afganistán, serían sometidos a juicios militares.
Conforme a las reglas del tribunal, se les asignaría a los acusados un abogado militar y también podrían tener un abogado civil, de acuerdo con las fuentes.
Los tribunales estarían cerrados para los medios de comunicación solamente si los fiscales desean presentar material confidencial, mientras que los oficiales militares del panel tendrían que llegar a un consenso unánime para imponer la pena capital.
El presidente de Estados Unidos o el secretario de Defensa tendrían la última palabra respecto a la pena de muerte.
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