Panamá, 22 de marzo de 2002
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Piden reinvestigar asesinato de arzobispo Romero

La CIDH declara El Salvador como responsable de la violación del derecho a la vida de Romero

SAN SALVADOR, El Salvador (AFP). —La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió este jueves al Estado salvadoreño que cumpla una recomendación en la que se le solicitó abrir “una investigación” para enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980.

“La PDDH coincide con las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exhorta al Estado de El Salvador a dar cumplimiento a las recomendaciones referidas al caso monseñor Oscar Arnulfo Romero”, señaló la PDDH en una resolución que emitió sobre el caso.

La PDDH recordó que el 13 de abril de 2000 la CIDH declaró en un informe al Estado de El Salvador como responsable de la violación del derecho a la vida de Romero, e incumplió su deber de investigar y sancionar esa violación.

En su resolución, la dependencia de Derechos Humanos señaló que ha existido impunidad en el caso del asesinato del arzobispo, ya que hasta el momento no ha existido castigo alguno para los responsables del asesinato de Romero.

El domingo 24 de marzo se cumplirán 22 años de la muerte del arzobispo, fecha que aprovechará la Iglesia católica para rendirle tributo a su memoria en una misa en la catedral de San Salvador.

“Nos vamos a mantener firmes en nuestra posición” de pedir al Estado salvadoreño que se castigue a los responsables intelectuales y materiales del asesinato, señaló la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice Alamanni.

La resolución de la procuraduría de Derechos Humanos también señaló la necesidad de que se sancione a los responsables del crimen como forma de “reparación moral” de los familiares del asesinado arzobispo.

En abril de 2000, tras conocerse la resolución de la CIDH, el gobierno salvadoreño sostuvo que no se procedería a una apertura de investigaciones en el caso de Romero, ya que las recomendaciones de la entidad internacional no eran vinculantes.


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