Para investigar y juzgar las más graves violaciones al derecho internacional humanitario –el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad–, la comunidad internacional propuso, mediante el Estatuto de Roma de 1998, la creación del Tribunal Penal Internacional. El Tribunal iniciará sus funciones una vez el Estatuto sea aprobado por 60 Estados, y con la ratificación de Panamá, formalizada ayer en la sede de la ONU en Nueva York, faltan solo cuatro adhesiones para llegar a la cifra requerida. Panamá contribuye así a impulsar la vigencia de este mecanismo multilateral, encargado de reprimir y castigar la perpetración de atrocidades que hieren violentamente la conciencia de la humanidad, como la esclavitud y el exterminio de grupos étnicos o religiosos. La culminación de nuestro proceso de adhesión al Estatuto, que se inició en julio de 1998 y terminó ayer, constituye un gran logro de la política exterior panameña, que en esta ocasión ha interpretado adecuadamente el deseo de justicia en la ciudadanía. Al suscribir, aprobar, sancionar y promulgar el Estatuto, nuestras autoridades han manifestado un firme compromiso contra la impunidad y en favor de los más altos valores humanos. Mucho convendría a la Nación que adoptaran esa misma postura frente a la grave crisis de credibilidad y moralidad que nos agobia.