Los millones de la discordia

No es justo para nuestro pequeño país que nos enredemos en el cómo y en el cuánto, y nos olvidemos del qué

Fondo Fiduciario para el Desarrollo. ¿Los millones para la posteridad o los millones de la discordia? ¿El mentolatum chino, que sirve para todo, pero no se ha podido usar para mucho?

En Panamá esos mil 252 millones de dólares han puesto en “jaque mate” a ministros, descontrolaron a políticos, acabaron con alianzas parlamentarias, dieron en qué entretenerse a los economistas y pusieron los nervios de punta a las calificadoras de riesgo.

Pero sobre todo han logrado sentar en un gran “Diálogo Nacional” a los sectores representativos de la sociedad panameña. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) es ahora un tema de Estado.

La mala noticia es que han transcurrido cinco meses tratando de llegar a un acuerdo, mientras el “ahorro nacional” deja de ganar cada día 100 mil dólares diarios por el diferencial entre lo que se paga por la deuda pública y lo que rinden estos “millones de la discordia” en depósitos a bajísimas tasas de interés.

¿Por qué en los últimos dos años, Panamá ha vivido de desacuerdo en desacuerdo en temas cruciales? Los políticos de Gobierno y de oposición tendrían mucho que responder. Mientras al Gobierno le cuesta trabajo tomar decisiones con alto costo político, como la del FFD, la oposición toma una postura muy cómoda y le deja la responsabilidad “al consenso”, del cual ellos precisamente forman parte. El resultado final es que no se toman las decisiones y, peor aún, se envía un mensaje de que en Panamá no podemos ponernos de acuerdo en una visión de país.

Ciertamente, no es fácil explicarle a un pueblo hambriento que vive en la pobreza, que es necesario tomar gran parte del ahorro nacional para pagar la deuda externa, en lugar de construir acueductos, calles, escuelas y hospitales.

Pero sucede que el peso de la deuda externa desangra cada año el presupuesto y limita la capacidad para invertir precisamente en esas escuelas, hospitales y acueductos, sin contar la cuestionable eficiencia del gasto gubernamental, que sería tema para otro artículo.

Lo cierto es que este año el pago de la deuda externa representa cerca del 24% del presupuesto nacional, en un país donde el endeudamiento público representa un 83% del Producto Interno Bruto.

Pedir la condonación de la deuda. Ignorar a las calificadoras de riesgo, los mercados internacionales y decir “no pagamos la deuda”, son también opciones, pero a la larga podrían resultar en “un tiro en el pie”.

Panamá tiene una agobiante deuda, pero no califica como país pobre, porque su ingreso per cápita (lo que produce el país, dividido entre el número de habitantes) supera con creces las mediciones internacionales. Esto se llama pésima distribución de la riqueza, pero el resultado final es que no aplicamos para solicitar la condonación de la deuda.

También se podría ignorar a los mercados internacionales y no pagar la deuda. Para un país que gasta más de lo que produce (siempre tiene déficit fiscal) y debe pedir prestado cada año para financiar su presupuesto, los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo “sí importan”.

Y si no lo cree, pregúntele a Argentina, que vio cómo sus bonos se depreciaron hasta valer “nada”, mientras los intereses de su deuda se volvieron insostenibles. ¿Queremos eso para Panamá?

A diferencia de Argentina, que se gastó el dinero de las privatizaciones, en Panamá existe el Fondo Fiduciario, que se ha convertido en el talón de Aquiles en las negociaciones del diálogo nacional.

El FFD puede cumplir dos misiones: reactivar la maltrecha economía a través de obras de infraestructura que tengan retorno social y económico. Y segundo, mejorar el perfil de deuda del país para obtener financiamiento más cómodo y liberar recursos para la inversión social.

No es justo para nuestro pequeño país que nos enredemos en el cómo y en el cuánto, y nos olvidemos del qué. Ya es hora de ponerle “fecha de cumpleaños” al Fondo Fiduciario y que su apellido “para el Desarrollo” cobre realmente un sentido práctico y productivo.

La autora es periodista

¡Cuánto cuesta importar!

Nada garantiza que los precios del combustible, el gas licuado y los derivados del petróleo serán accesibles al consumidor

La apertura del mercado de combustible en un escenario donde impere una verdadera competencia es una meta apreciada y ansiada por muchos sectores que confían en que haya mejores precios a la hora de comprar gasolina o diesel en las diferentes estaciones del país.

Lo que se busca es que no sólo los 400 mil automovilistas salgan beneficiados, sino que también bajen los costos de operación del sector eléctrico y del productivo.

Lamentablemente para avanzar hacia esa meta, como país debemos pagar un precio que no es nada barato. Se trata nada más ni nada menos que de acabar con una industria que da empleo a unos 270 trabajadores permanentes y a otros tantos centenares que reciben ingresos de la Refinería Panamá, S.A.

Al rescindir el Contrato-Ley No.35 de 1992 y convertir la planta de esa empresa en un centro de acopio de combustible, aumentará el desempleo de mano de obra calificada en una provincia con el mayor índice de cesantía del país. Esa es la salida que han elegido los directivos de la corporación Chevron-Texaco y del Gobierno, aunque todavía falta la decisión del Consejo de Gabinete. Sin embargo, lo cierto es que esa alternativa nos hace quedar en la incertidumbre, porque nada garantiza que los precios del combustible, el gas licuado y los derivados del petróleo serán accesibles al consumidor.

Consciente del costo político que significa autorizar el cierre de una industria, los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), quienes estuvieron a cargo de las conversaciones con Refinería, han preferido guardar silencio, particularmente el titular de esa cartera, Joaquín Jácome, quien ha decidido no pronunciarse sobre el tema.

Jácome tiene poco nuevo que decir sobre el mismo acuerdo ya que, primero los dirigentes del sindicato de la empresa filtraron a los medios, mediante comunicados, el alcance del plan, que acaba con la refinación en el país y, luego, los directivos revelaron el paquete de indemnización a los trabajadores y explicaron sus planes de dedicarse a la importación.

Sin embargo, el funcionario debe precisar de qué manera se van a regular los precios del combustible, qué mecanismo va a reemplazar a los precios de paridad, cómo se va a establecer el mercado de referencia y cómo se controlará el efecto de los mercados internacionales.

Panamá está dando un paso doloroso y difícil para lograr una liberación del mercado. Un paso que recuerda al que se dio en 1992 cuando se suscribió el contrato con la Refinería y se estableció una tasa de protección del 20%, impidiendo prácticamente la importación de productos de petróleo. A cambio, la compañía debía invertir unos 140 millones de dólares, los cuales no ha recuperado.

Hay que esperar a ver si la política de hidrocarburos del Gobierno nos lleva a la obtención de precios más competitivos, y si habrá una real competencia entre las cinco empresas mayoristas de combustible (Texaco, Shell, Esso, Delta y Accel) y otras nuevas que podrían venir.

Un nuevo traslado del Aeropuerto Marcos A. Gelabert

Los empresarios de la terminal doméstica han dicho que no están dispuestos a perder sus inversiones millonarias con un nuevo traslado

A finales de 1998, los empresarios tomaron sus aviones y fueron obligados a alzar vuelo porque los terrenos de Punta Paitilla, donde operaba el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, habían sido comprometidos para la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para construir el Corredor Sur.

Punta Paitilla era el sitio ideal y estratégico para que el Aeropuerto Marcos Gelabert continuara operando. Aparte de que el Gobierno necesitaba los terrenos para una transacción con ICA y para construir un centro comercial, no había mayores razones para trasladar el aeropuerto hacia la antigua base estadounidense de helicópteros de Albrook.

Pero en su momento, algunos pilotos alegaron que las instalaciones del aeropuerto fueron trasladadas improvisadamente por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares hacia Albrook, y hoy nuevamente la administración de Mireya Moscoso pretende cambiarlas para la antigua base aérea de Howard o a terrenos contiguos al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Sólo que esta vez el Gobierno argumenta que necesita los terrenos de Albrook para construir la Ciudad Gubernamental.

Hace dos semanas, el Consejo de Gabinete aprobó traspasar al Ministerio de Economía y Finanzas un lote de 95 hectáreas para el traslado del Aeropuerto Marcos Gelabert. Esto fue visto como un preámbulo al traslado del aeropuerto.

La noticia cayó como un balde de agua fría a los empresarios, pilotos y trabajadores del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, que aún no han terminado de reponerse del desalojo de Punta Paitilla.

El Gobierno ha recibido un rechazo total al traslado de las instalaciones del aeropuerto por parte de empresarios, pilotos, trabajadores y usuarios del Marcos Gelabert.

Incluso hasta el propio director de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC), Jorge Rodríguez, está en contra del traslado. Rodríguez considera que el aeropuerto Gelabert funciona perfectamente en Albrook.

Los empresarios de la terminal doméstica han dicho que no están dispuestos a perder sus inversiones millonarias con un nuevo traslado, porque nunca se les dijo que cada tres años iban a ser movidos.

Pero los pilotos –que han desvirtuado todos los argumentos del Gobierno– de que Albrook no es el lugar apropiado para que opere la terminal aérea, realizaron un paro de labores de ocho horas como medida de protesta para que no se reubique nuevamente el Marcos Gelabert.

Pilotos, empresarios y trabajadores coinciden en que un eventual traslado hacia Howard pondrá en la quiebra a muchas empresas y traerá como consecuencia la desaparición de la industria de la aviación local.

Los expertos consideran que la Ciudad Gubernamental no debe ser construida en Albrook, porque este lugar debe dejarse para la expansión de las actividades de los puertos que están adyacentes al Canal de Panamá.

Algunos han propuesto que la Ciudad Gubernamental mejor sea edificada en terrenos del barrio de El Marañón, o de la Avenida Ricardo J. Alfaro, mejor conocida como Tumba Muerto o de la vía Transístmica.

Las propuestas parecen sobrar; solo habría que ver si el Gobierno está dispuesto a aceptarlas, después de que ya pagó miles de dólares por un estudio de la firma F. G. Guardia y Asociados Clement y Medina Arquitectos, S.A., que recomendó trasladar las instalaciones del Aeropuerto Marcos Gelabert hacia Howard o Tocumen.

El autor es periodista