Está por caer inmunidad de los oficialistas
Lorenzo Abrego y
Vianey Castrellón
planas@prensa.com
El proceso sobre el levantamiento de la inmunidad a los legisladores está en la “recta final” y una vez concluya este miércoles el tiempo estipulado para que presenten sus pruebas o descargos, la Comisión de Credenciales tiene que entregar un informe final y considerar la citación del procurador José Antonio Sossa, señaló su presidente Roberto Abrego.
El perredista explicó que los legisladores oficialistas y de oposición que no se han levantado la inmunidad tienen hasta el miércoles para presentar sus pruebas para luego que la comisión entregue su informe final recomendando o no el levantamiento de la inmunidad. El pasado viernes, se publicó el último edicto en el que se notificaba a los legisladores de la solicitud del procurador.
¿Cuál es la acusación?
Pero el legislador oficialista, Jacobo Salas, expresó que no entiende cómo puede presentar sus pruebas o descargos si no conoce los señalamientos específicos que le hace el procurador Sossa para que se despoje de su inmunidad.
Salas reiteró que el presidente de la Asamblea, Rubén Arosemena, permite que se viole el estado de derecho al aceptar la petición del procurador, quien a su juicio se extralimita y abusa de su poder en este caso. Debido a esto, el arnulfista advirtió anteriormente que demandaría al procurador Sossa por haberle revisado ilegalmente sus cuentas bancarias.
Según Abrego, la Comisión no puede hacer más de lo que la ley le confiere y por ello tiene que esperar el tiempo estipulado, para analizar “sin pasión” si recomienda o no el levantamiento de la inmunidad de los legisladores que no han accedido a ello.
Consideró que la citación del procurador Sossa es perfectamente “normal” en el proceso, por lo que está de acuerdo (con) que concurra ante la comisión para que explique las razones que lo motivan a solicitar el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores.
Los oficialistas han insistido en que el procurador Sossa debe señalar los cargos específicos que existen contra ellos para que se despojen de su inmunidad tal como lo contemplan las leyes vigentes, porque de lo contrario no van acceder a esa pretensión.
Condenado
La defensa del legislador Carlos Tito Afú confía en que el Tribunal Electoral se apegue a la ley cuando le corresponda analizar el caso de expulsión y posterior revocatoria de mandato que se le adelanta en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El abogado de Afú, Roberto García Flores, da por sentado que la sentencia y su consecuente apelación será en contra de su defendido.
“Yo sé que ya está hecha (la sentencia del Tribunal de Honor) desde hace un mes, pero tienen que hacer la pantomima”, declaró el abogado.
De ser la sentencia en contra del legislador Afú, su defensa apelará inmediatamente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde -según García Flores- “lógicamente van a desestimarla”.
Roberto García Flores presentará hoy en la audiencia del caso que se le sigue a su defendido pruebas de supuestas violaciones a la Constitución Nacional y al reglamento interno del PRD durante el proceso disciplinario contra Afú, por desobedecer la línea del partido en la ratificación de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora.
El Tribunal de Honor y Disciplina que sigue el caso está conformado por Felipe Cano, Rafael Mezquita, Carmen Wong de Tuñón, Irasema de Ahumada, Amado Cerrud, Boris Cedeño, José Octavio Huertas, Florencio Muñoz y el juez sustanciador, Dionisio Méndez.
García Flores indicó que se enteró de la supuesta negociación entre la presidenta del PRD, Balbina Herrera, y el Ejecutivo para las nominaciones de los magistrado cuando había expirado su plazo de presentación de pruebas, el pasado 12 de marzo.
El abogado se vio impedido a citar a los supuestos testigos de esta negociación, los legisladores Elías Castillo y Franz Wever. A juicio de García Flores, el Tribunal de Honor debería haberlos citado.
García Flores y los abogados de Carlos Alvarado, Humberto Toala, y el de Tomás Gabriel Altamirano Duque, Santiago Sanford, presentaron la semana pasada un recurso para suspender el proceso contra los legisladores, que les fue negado por el Tribunal de Honor.
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