Vuelve a discutirse proyecto de ley sobre información de crédito
Vianey Castrellón
vcastrellon@prensa.com
La Asamblea Legislativa iniciará hoy la discusión en segundo debate del proyecto de ley para regular el servicio de información sobre solvencia económica e historial de crédito.
El jueves pasado, cuando el presidente de la Comisión de Comercio, el legislador Laurentino Cortizo, presentó el documento a sus colegas, advirtió que existen tres temas en los cuales no se ha logrado un consenso.
El primero de ellos se refiere a la exclusión de la Central de Crédito de la Superintendencia de Bancos del ámbito de aplicación del proyecto.
Esta central es de uso exclusivo de los bancos para consultas sobre el deudor.
El capítulo IV establece una discrepancia sobre el ente competente de aplicar la ley.
Según el documento, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) expedirá y revocará las licencias de las agencias que manejan información crediticia, y estará facultado para sancionarlas.
La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, además de investigar las denuncias de los consumidores, también podría establecer sanciones.
Para el secretario de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta, el “MICI no tiene vela en esto, lo más que pueden hacer es expedir la licencia”.
La prescripción de los datos crediticios de consumidores morosos a los siete años después de su último pago es otro punto de discordia.
Para la Asociación Panameña de Crédito (APC) esta prescripción forzaría a los agentes económicos a tomar nuevas medidas que garanticen el cobro de su dinero y, por consecuencia, limitaría el crédito en perjuicio de los no morosos.
El vaticinio de la APC está reconocido en el informe del tercer trimestre del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que indica que la banca tomó medidas restrictivas al crédito del consumo, por el aumento en el índice de morosidad y su consecuente incremento del riesgo del crédito.
El crecimiento del crédito al consumo personal pasó de un 31% en el primer trimestre del 2000 a un 4.3% en el tercer trimestre del 2001.
Actualmente, un 30% de los 905 mil personas naturales, jurídicas y extranjeras que se encuentran en la base de datos de la APC son morosos.
Acosta señala que los consumidores están particularmente interesados en los procesos de rectificación e indemnización por errores en la información crediticia.
El artículo 14 del proyecto de ley contempla el pago por parte de las agencias que manejan información crediticia de un seguro de responsabilidad civil de 200 mil dólares.
La APC se ha opuesto al pago de este seguro por posibles daños y perjuicios a los consumidores, al considerarlo un monto desproporcionado que aumentaría sus costos de operación.
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