Futuro del seguro social, aquí… y allá

Hay que ser creativo, pero todos los sectores tendrán que ayudar si hemos de lograr la contribución del Estado y la solución integral

Los cambios en la sociedad moderna han puesto a los sistemas de seguridad social en peligro en el mundo entero. El hecho de que los seres humanos estemos viviendo muchos más años, el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, reducciones –por política– en las edades de jubilación, y otros cambios, han provocado que los sistemas de seguridad social tengan, casi todos, fechas más o menos conocidas de insolvencia.

En EU la administración Bush nombró una comisión presidencial para reformas al seguro social, que produjo un informe el 11 de diciembre pasado, en el que solicitaba un año más de discusión pública antes de proponer legislación alguna. Propuso la comisión algunos “modelos posibles de reformas”, pero advirtió que todas requerirían de “otras acciones adicionales” (sin decir cuáles), para evitar la insolvencia del seguro social. Los Liberales atacan el informe aduciendo que reduciría beneficios, y los Conservadores, a su vez, lo hacen “porque el informe es muy flojo”. Para el presidente, el informe es una buena excusa para no hacer nada.

En Europa el dilema ha sido catalogado como “la bomba de tiempo de las jubilaciones”. Todos los países europeos están inmersos en un debate sobre las jubilaciones provenientes de los sistemas de seguro social. En Inglaterra, en los últimos dos años, los fondos de pensiones han perdido 20% de su valor.

En el campo privado han ocurrido enormes tragedias como la de Enron, donde el fondo de pensiones de sus miles de empleados quedó, de la noche a la mañana, en cero.

El prestigioso diario The Economist, en su edición del 16 de febrero, publica un suplemento de 23 páginas titulado “Pensions”, con un análisis profundo del debate. En él se indica que si la solvencia de los sistemas de seguridad social dependieran únicamente del aumento de cuotas, las contribuciones tendrían que llegar a un impagable 25% de los salarios. En Alemania los auto-empleados se han salido del sistema de seguridad social (pasaron del 60% al 20%), y en Japón ya no queda ninguno en el sistema.

Todo esto indica que el problema es grande y complicado, que nadie ha encontrado la fórmula perfecta, y que muchas de las pretendidas reformas simplemente no parecen ser políticamente viables.

En Panamá la presidenta, quien por ser arnulfista siente una emoción especial por la Caja de Seguro Social creada por su difunto esposo, convocó a tiempo a un Diálogo Nacional usando como facilitador al PNUD, entidad internacional con una amplia experiencia exitosa en el campo de los consensos nacionales. Los participantes han venido trabajando intensamente y en todos los temas se ha logrado consenso, con excepción del programa que atiende lo de las jubilaciones. Allí, por razones que no son particulares a Panamá, se han ido polarizando las posiciones al igual que ha ocurrido en otros países. Los de izquierda no quieren reducción de beneficios ni la privatización, y los de derecha quieren reducciones de beneficios y/o –al menos– una semi-privatización.

La presidenta hace poco expresó que estaba preparando una propuesta, contribución del Estado, siempre que los otros sectores de la sociedad también pusieran de su parte para lograr una solución integral.

El Estado puede fortalecer los activos de la Caja, pero los demás debemos considerar cosas como, por ejemplo, un sistema de jubilaciones por actividad, en vez de por género. No es lo mismo la edad productiva de un obrero de la construcción que la de una secretaria, aun cuando debe haber reconocimiento por el hecho del doble trabajo de la mujer. Podría considerarse más volumen de cuotas para lograr la jubilación. Podrían incluirse los gastos de representación, inicialmente los de los funcionarios de Gobierno, y luego del sector no gubernamental, pasada la crisis económica. Podría dividirse el sistema de cuotas del Programa de Hospitalización y Jubilación, haciendo posible el ingreso voluntario del cada día más grande sector informal. Hay que ser creativo, pero todos los sectores tendrán que ayudar si hemos de lograr la contribución del Estado y la solución integral.

En el ínterin se produjo una controversia respecto a un informe de la OIT sobre la Caja. He escuchado y leído las distintas posiciones respecto al informe, todas complejas porque los actuarios tienen la virtud de hablar un idioma que sólo ellos entienden. Para mí, la controversia tiene poca importancia ya que los números no tienen ideología. Primero debemos ponernos todos de acuerdo en cuanto al tamaño numérico del déficit del programa en los próximos 20 años (no en 50 como propone OIT). En el mundo de hoy es difícil proyectar cinco años, mucho menos 50; prueba de ello es el radical cambio del informe de la OIT de hace algunos años, al de hoy. Luego de consensuado el tamaño del déficit, todos –Estado, empresarios y obreros– debemos contribuir a subsanarlo para evitar el desplome del sistema para todos, evitando, eso sí, empecinarnos en propuestas políticamente imposibles (privatización, aumento en la edad de jubilación, y aumentos impagables en las cuotas).

Comprendo la incomodidad del sector empresarial que por primera vez en la historia ve a un postulado por los obreros en la dirección de la Caja, pero la Guerra Fría terminó hace buen rato. Repito: los déficit numéricos no tienen ideología. Las posturas de lado y lado respecto a las grandes conspiraciones son ridículas e inútiles. Hay que trabajar afanosamente en busca de soluciones posibles, o si no, simplemente aceptar que no hubo consenso y esperar otro momento –con la crisis del Seguro más próxima– para afrontar las realidades con otro sentido de urgencia.

Yo sigo con la esperanza de que el difícil y complejo consenso se dará, porque sé que los actores principales, por razones especiales, están motivados a encontrar la solución en su período de responsabilidad. Mireya Moscoso no puede dejar el Seguro Social a la deriva, y Juan Jované tampoco tiene intención de dejar la Caja en un limbo económico. El momento es, sin duda, el mejor para lograr consenso y solventar a tiempo las finanzas de la institución social más importante de la nación panameña.

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