La comisión, el Niño Dios y Mefistófeles
La comisión, con buen tino, ha prescrito un tratamiento radical contra el mal de la corrupción al promover cambios constitucionales
Rubén M. Castillo Gill
rcastillo@mavclex.com
El Organo Ejecutivo, en medio del tormentoso teatro de denuncias sobre actos de corrupción, nombró una comisión especial que tenía por objetivo hacer recomendaciones para erradicar del entorno de la administración pública, las prácticas infames que generaron actos como los denunciados. La comisión cumplió su papel a cabalidad y determinó, en forma prolija y detallada, una serie de medidas cuya aplicación dependerá de la voluntad política de los que administran el Estado y del voluble sentido de la responsabilidad de los políticos.
La corrupción no se circunscribe a la fría entrega de un sobre con dinero a cambio de supuestos favores legislativos o a la deleznable venta de la conciencia de un funcionario que, de forma subalterna, se olvida de sus deberes ciudadanos. La corrupción es también, un entramado de normas y disposiciones que le quitan volumen y peso a claros principios éticos y morales y que, en consecuencia, generan el caldo de cultivo de actos alejados de la probidad.
Las normas que generan absurdos privilegios o que establecen escandalosas prerrogativas, provocan un ambiente en que el ciudadano siente que el Estado no existe para satisfacer las necesidades colectivas, sino para cultivar una corte parasitaria que se acomoda en el mullido mobiliario estatal para garantizar, exclusivamente, sus bastardos apetitos.
La comisión, con buen tino, ha prescrito un tratamiento radical contra el mal de la corrupción al promover cambios constitucionales que, de ser implementados, asegurarían una sociedad más equilibrada y equitativa.
La ciudadanía no entiende por qué el estado de derecho permite la existencia de partidas discrecionales para el Organo Ejecutivo o por qué el presidente del Organo Legislativo tiene una remuneración adicional por ostentar la referida condición. Tampoco podemos entender por qué los ex presidentes deben disponer, a costas del erario público, de una nutrida e innecesaria escolta.
La ineficiente e irracional legislación de los privilegios surgió, principalmente, en épocas donde el poder no se ejercía desde el solio de los ideales democráticos, sino desde la cabeza descerebrada del domicilio de los fusiles. Esa realidad producía los continuos intentos por dominar el espíritu de las mediocridades a través de dádivas y beneficios que fueron generando ese monstruoso espectáculo que, poco a poco, fue trastornando el correcto sentido de las cosas.
A mi juicio, esas disposiciones “legales” se han convertido en la “matriz del infierno” ya que han contribuido a adelgazar el sentido de los valores éticos y a propagar, entre los jóvenes, que algunos puestos públicos tienen la virtud de sacarnos de la pobreza sin necesidad de realizar esfuerzos sustanciales.
En Latinoamérica la institucionalización de las prácticas negativas es tragicómica. Recuerdo que al visitar, por razones profesionales, el registro público de uno de nuestros países hermanos, descubrí que había tarifas, previamente establecidas, que permitían obtener un documento en forma expedita. Vale anotar que la velocidad de entrega decrecía a medida que menguaba el valor de los servicios.
Esa realidad macondiana nos hace meditar en el hecho de que necesitamos restablecer la vigencia de los valores fundamentales, de tal manera que la ciudadanía vuelva a entender que el servicio público es sinónimo de sacrificio y abnegación.
Para algunos espíritus innobles y faltos de fe, las recomendaciones de la comisión constituyen, en el mejor de los casos, una carta al cielo que nunca será contestada. Pese a lo anterior, creo que si la sociedad entera la endosa con fervor, el Niño Dios se apiadará de nuestro sufrimiento colectivo y nos permitirá disfrutar de mejores días.
En todo caso es mejor seguir escribiendo cartas al Niño Dios que mantener un vergonzoso e inmoral pacto con Mefistófeles.
El autor es abogado
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