La ofensiva anticorrupción de Bush
en la región
¿No debería Estados Unidos
vigilar mejor lo que hacen sus propias empresas para hacer más efectiva
la lucha anticorrupción?
Andrés Oppenheimer
aoppenheimer@herald.com
El gobierno de Estados Unidos se apresta
a sacar de la manga un nueva arma para luchar contra la corrupción
en América Latina: una lista de funcionarios o ex funcionarios corruptos
de la región, a los cuales se les negará visas de entrada a Estados
Unidos.
Este plan anticorrupción está siendo dirigido
por Otto J. Reich, el nuevo jefe del Departamento de Estado para
Asuntos Interamericanos, y ya está en plena marcha. El Departamento
de Estado ya ha pedido a las embajadas norteamericanas en la región
que elaboren listas de funcionarios corruptos, para que se les revoquen
las visas de entrada en territorio estadounidense.
Me enteré de esto durante una entrevista
telefónica con Reich la semana pasada, cuando el alto funcionario
señaló que el fortalecimiento de las democracias en la región y
la lucha contra la corrupción serían las principales prioridades
de su gestión. Reich sacó el tema de la corrupción cuando estábamos
hablando del colapso de la economía argentina.
“Lo que ha pasado en Argentina es el resultado
de dos cosas: nunca llegaron a implementar una política económica
apropiada y, en la medida en que trataron de hacerlo, fueron socavados
por un pésimo manejo económico y una enorme corrupción”, indicó
Reich.
¿Qué van a hacer para evitar que esto vuelva
a ocurrir?, le pregunté.
“El Departamento de Estado, siguiendo instrucciones
del presidente [George W.] Bush, está llevando a cabo una campaña
para identificar casos documentables de corrupción y de lavado de
dinero en altos niveles del poder”, dijo Reich. “Vamos a revocar
las visas de aquéllos de quienes tengamos evidencias que están involucrados
en casos de corrupción o lavado de dinero, de la misma forma que
negamos la entrada al país a criminales de guerra o narcotraficantes”.
¿De cuánta gente estamos hablando?, inquirí.
“El cielo es el límite ... Tenemos más de
uno [ya identificado], y estamos trabajando en varios más”, dijo.
“Estoy pidiendo a todas las embajadas que busquen casos ... No queremos
que esta gente viva en o visite Estados Unidos, o que compren apartamentos
en Miami Beach”.
“La gente se dará cuenta de que estamos hablando
en serio en materia de la lucha contra la corrupción”, añadió. “Y
hay un motivo muy egoísta en todo esto: nosotros somos los que terminamos
pagando la cuenta cuando esta gente roba el dinero de sus países,
porque después tenemos que dar ayuda económica, o aceptar a sus
ciudadanos como refugiados políticos o inmigrantes”.
La ofensiva anticorrupción de Bush comenzó
sin mucho ruido el 25 de enero, cuando Byron Jerez, uno de los principales
funcionarios del equipo del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán
se enteró en el Aeropuerto de Managua –cuando estaba a punto de
embarcar en un vuelo a Miami– que Estados Unidos le había revocado
su visa. Según informes de prensa, Jerez está vinculado a varios
escándalos de corrupción, aunque no ha sido objeto de cargos por
ellos.
¿Es una buena idea el plan anticorrupción
de Bush? Creo que sí, aunque no sea más que por la vergüenza social
que implicará para sus destinatarios.
Pero para ser realmente efectivo, debería
también tomar medidas contra la complicidad consciente o inconsciente
de grandes corporaciones de Estados Unidos en muchos casos de corrupción
en América Latina. En cada caso de corrupción, hay una mano que
recibe y una mano que da. Y sería un error que Bush sólo apuntara
contra una de las dos partes de esta ecuación.
Bush debería tomar medidas para hacer que
se cumplan con mayor rigor las leyes que prohíben a las empresas
de Estados Unidos pagar sobornos en el extranjero, o aceptar depósitos
bancarios de dinero sucio. Las empresas estadounidenses –y ni hablar
de las europeas– no siempre salen bien paradas en este rubro.
Por ejemplo, los bancos estadounidenses que
aceptaron más de 130 millones de dólares en depósitos de Raúl Salinas
de Gortari, el hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas,
nunca se esforzaron demasiado en averiguar si el origen de los fondos
era legítimo, como lo exigen las leyes estadounidenses, según una
investigación del Senado. De acuerdo con investigadores mexicanos,
el dinero provenía directamente del palacio presidencial.
Algo parecido sucedió más recientemente con
260 millones de dólares en depósitos del ex jefe de inteligencia
peruano Vladimiro Montesinos. Varios bancos europeos y estadounidenses
recibieron alegremente el dinero, a pesar de las leyes que prohíben
la aceptación de depósitos con orígenes no explicables.
Y varias corporaciones estadounidenses, como
IBM, han sido mencionadas en tribunales latinoamericanos en casos
de corrupción en que se pagaron sobornos a cambio de contratos gubernamentales.
¿No debería Estados Unidos vigilar mejor
lo que hacen sus propias empresas para hacer más efectiva la lucha
anticorrupción?, le pregunté a Reich.
“Estamos haciendo valer nuestras leyes, y
las vamos a reforzar aún más”, me contestó.
Esperemos que así sea. La idea de revocar
las visas de funcionarios corruptos de América Latina es un paso
adelante, pero a menos que Bush haga algo más para evitar que las
firmas estadounidenses paguen sobornos o reciban dinero sucio, esta
iniciativa va a ser vista en el extranjero como un caso más de hipocresía
estadounidense.
El autor es corresponsal extranjero y columnista
de The Miami Herald y de El Nuevo Herald
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