El eufemismo reverdece en el mundo político local, donde el juego de máscaras es algo que discurre con normalidad. En medio de ese juego y en un momento en que el disgusto ciudadano es generalizado, surge en el seno de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley No. 127. La iniciativa se refiere a “incentivos para la modernización y mejoramiento del servicio de transporte colectivo en el área metropolitana”. Ese nombre que encandila encubre un nuevo impuesto, en este caso a los contribuyentes propietarios metropolitanos de vehículos. Según el anteproyecto, el Estado, con esa recaudación subsidiará, vía incentivos, a los empresarios del transporte urbano. Subsidio y paternalismo, dos fórmulas que han llevado a muchos fracasos en la historia republicana. La explotación del transporte urbano es un negocio que brinda un servicio público y con reglas modernas de gerencia está obligado a manejarse. Está demostrado que los usuarios no regatean, y por el contrario privilegian, el transporte público con eficiencia, comodidad y respeto. Si tiene tanto interés en contribuir con soluciones duraderas sobre la materia, la Asamblea debe proponer fórmulas estructurales que pasen por una buena administración de un negocio que de hecho es rentable. Además debe olvidarse de los nada originales subsidios, de las prácticas paternalistas y dejar de castigar a los contribuyentes.