Aprobación del CEMIS todavía es un enigma
No hay respuesta sobre las razones que llevaron a algunos legisladores a ser sobornados
Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com
Los supuestos sobornos recibidos por algunos legisladores para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) continúan siendo un enigma.
El 16 de enero de 2002, el legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Carlos Afú confesó haber sido sobornado, junto a otros colegas y copartidarios, para que aprobaran el CEMIS que desarrollará el Consorcio San Lorenzo, y cuyos accionistas mayoritarios son algunos miembros de la familia Rodin.
El Consorcio San Lorenzo planea desarrollar un puerto de transbordo de contenedores y el aeropuerto de Franz Field en la provincia atlántica de Colón.
Actualmente los Rodin son investigados por el Ministerio Público bajo la sospecha de haber sido ellos quienes, a través del Consorcio San Lorenzo, presuntamente habrían aportado dinero para los legisladores.
Luego de más de dos meses de estallar el escándalo, la pregunta que se hacen muchos es: ¿Había necesidad de sobornar a legisladores para que aprobarán el CEMIS?
Para el legislador Laurentino Cortizo, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, no era necesario recibir dinero a cambio de la aprobaci´on del CEMIS.
Cortizo, quien fue el que manejó todas las consultas del contrato, dice que el consenso para la aprobación fue amplio, porque se hicieron las respectivas modificaciones que eran lesivas para el país.
El legislador recordó que, tras recibirse el contrato original el 17 de septiembre de 2001 en la Comisión de Comercio, se hicieron una serie de observaciones, porque el documento discrepaba con las reglas del juego establecidas en el pliego de cargos.
Agrega que se le hicieron más de 40 modificaciones al contrato, que fueron apoyadas, incluso, por los gremios que se opusieron al contrato original.
Se modificaron cláusulas importantes, como el periodo de duración del contrato, el límite de tierras para la expansión del proyecto, y el precio de opción de compra de las tierras, entre otras.
“A mí se me hace difícil entender por qué hubo necesidad de pagar, si existió consenso para aprobar el contrato con todos los sectores”, subrayó Cortizo.
Señala que mientras no se aclaren estas interrogantes, el proyecto del CEMIS debe ser suspendido.
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