Sossa investigó las cuentas
La revisión de las cuentas
bancarias se hizo antes de que los legisladores recobraran su inmunidad
José Otero
jotero@prensa.com
El procurador de la Nación, José Antonio Sossa,
inició las investigaciones de todas las cuentas bancarias de los
71 legisladores desde el 1 de febrero de este año, revela un documento
al que tuvo acceso La Prensa.
La Procuraduría instruye un sumario por las
denuncias de soborno a lo interno de la Asamblea Legislativa.
La revisión de las cuentas bancarias se inició
22 días antes de que los integrantes del pleno legislativo recobraran
su inmunidad.
La providencia firmada por Sossa ordenó oficiar
a todos los bancos locales para que suministraran información referente
a cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y cuentas cifradas que
mantengan o hayan mantenido los actuales 71 legisladores, desde
septiembre a diciembre del 2001 y enero del 2002.
Esta investigación bancaria también se hizo
efectiva para Lisandro Espino, quien es primo del secretario general
del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos. Espino
fue señalado inicialmente como la persona que sirvió como intermediario
entre el Consorcio San Lorenzo y miembros de este partido de oposición.
Espino negó rotundamente estos señalamientos durante una declaración
que rindió en el Ministerio Público.
Para las diligencias de inspección ocular y
auditoría bancaria se comisionó a los funcionarios del Ministerio
Público Angel Calderón y José Candanedo como “agentes especiales”
y a los auditores, Algis Bultrón, Olga Cortés y Gustavo Cárdenas.
Esta investigación a todos los legisladores
de la República se fundamentó en los artículos 2046 y 2077 del Código
Judicial, destaca el documento.
Las averiguaciones penales sobre las denuncias
hechas por el legislador perredista Carlos Afú, referentes a cobro
de dinero a cambio del voto favorable para aprobar el contrato Ley
entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo y la ratificación de
los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Winston
Spadafora y Alberto Cigarruista, se iniciaron el 17 de enero pasado.
Los legisladores habían perdido su inmunidad
el 27 de diciembre del 2001, cinco días antes de culminar el pasado
período ordinario legislativo y volvieron a recobrar este beneficio
constitucional el 23 de febrero de este año.
El miércoles, el legislador arnulfista Jacobo
Salas expresó que presentará una querella criminal contra Sossa
por haber investigado sus cuentas bancarias sin justificación.
Según ha informado Salas, en las sumarias
que adelanta el Ministerio Público nadie lo ha señalado y no existen
cargos contra su persona, por lo que Sossa ha violado sus derechos
de ciudadano.
Por su parte, Sossa ha indicado que para
esclarecer estas denuncias se hace necesario investigar las cuentas
bancarias de todos los legisladores, incluyendo propiedades y sociedades
anónimas que puedan poseer.
Rechazan inmunidad
Franco Rojas
frojas@prensa.com
El 85.4% de la población se pronunció a favor
de que los legisladores renuncien a su inmunidad, para permitir
que el Ministerio Público investigue, sin trabas, las denuncias
de corrupción hechas públicas por dos miembros de la bancada del
PRD, mientras que el 7,1% se manifestó en contra de esta iniciativa.
Con estas cifras, la empresa consultora Dichter
& Neira concluyó un estudio en esta materia llevado a cabo entre
los días 1 y 3 de marzo del presente año, entre 1.205 personas,
número que constituye una muestra significativa de la población.
El 7.5% de los entrevistados en forma individual,
mayores de 18 años, no respondió a la pregunta o bien dijo no estar
empapado en este tema.
La firma consultora que ejecutó esta medición
para La Prensa puso de relieve que el estudio contiene un margen
máximo de error del 3%, lo que significa una máxima confiabilidad
en los resultados.
Esta es la primera encuesta que mide la percepción
en este asunto de la población tras el escándalo que estalló en
enero pasado, luego de que el legislador perredista Carlos Afú denunciara
que su copartidario Mateo Castillero intentara comprar su voto en
6 mil dólares.
Castillero, por su parte, acusó a Afú de
haber recibido 1.5 millones de dólares para votar a favor de la
ratificación de dos magistrados a la Corte Suprema.
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