Superintendentes se contradicen
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
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Delia Cárdenas, superintendente de Bancos de Panamá
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El superintendente encargado de Guatemala, Edgar
Barquín, dijo ayer a La Prensa que la solicitud de información
enviada a Panamá este martes se refiere a las cuentas bancarias de
las personas naturales y jurídicas señaladas en las publicaciones
de los diarios Siglo Veintiuno de Guatemala y La Prensa
de Panamá.
Sin embargo, la superintendente de bancos de Panamá, Delia Cárdenas, había afirmado a medios locales que el requerimiento solo se refiere a las cuentas que estén a nombre del presidente guatemalteco, Alfonso Portillo.
Aunque parezca intrascendente, este detalle haría una gran diferencia en el resultado de las investigaciones sobre presuntos dineros ilícitos del mandatario centroamericano. Las versiones periodísticas no señalan directamente a Portillo como persona con firma en las cuentas bancarias, sino a sus allegados: su secretario privado, Julio Girón; su cuñado Juan Antonio Riley Paiz, el propio vicepresidente, Juan Francisco Reyes López; y su hijo mayor Juan Francisco Reyes Wyld.
La Prensa pudo conocer que al menos un
banco panameño, el Bipan, solicitó información sobre Portillo y
su secretario privado para poder abrir las cuentas bancarias, aunque
finalmente el mandatario quedó excluido.
Por otro lado, la superintendente Cárdenas había declarado que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no realizará investigaciones sobre personas jurídicas, pese a que los diarios indican que los funcionarios guatemaltecos, con ayuda de una firma de abogados panameña, abrieron al menos cuatro sociedades anónimas en este país, a cuyo nombre se abrieron las cuentas.
“La solicitud se refiere a las personas y empresas que aparecen en las publicaciones”, reiteró Barquín, quien además destacó que lo que busca su despacho es comprobar que no hay transacciones cruzadas.
“Y aunque las haya, esto tampoco significa que haya algún delito. Solo se trata de comprobar si existen operaciones inusuales”.
Barquín dijo también que en Guatemala no existe ningún proceso judicial, ni se ha abierto algún expediente sobre este caso, ya que las transacciones no fueron hechas en ese país, sino en Panamá.
Lo más parecido a una investigación es un expediente “preliminar” abierto en la Intendencia de Verificación Especial, homóloga de la UAF panameña, pero la información que contenga dependerá de lo que envíe Panamá.
“En Guatemala no es delito abrir cuentas en otros países, pero el dinero debe provenir de fuentes lícitas, señaló el superintendente guatemalteco.
En tanto, el diario Siglo Veintiuno de Guatemala
publicó ayer que “las investigaciones nacen muertas”.
Según el rotativo, el Ministerio Público pidió a la Contraloría que investigue el origen de los fondos depositados en Panamá, pero esta señala que ello le corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente que no se pronunció en torno a su papel en este caso.
Por su parte, la comisión investigadora del Congreso guatemalteco está a punto de desaparecer, tras la renuncia de tres de sus miembros y la advertencia del resto de los integrantes de retirarse si sus partidos políticos se lo piden.
Ayer La Prensa intentó, infructuosamente, localizar a la superintendente Cárdenas para aclarar estas inconsistencias.
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