Abrumadoramente, la población demanda que los 71 legisladores de la República renuncien a la norma de la inmunidad para que el Ministerio Público profundice en la investigación, fundamental para la salud del país, sobre las denuncias de la compra de votos para la aprobación de dos magistrados de la Corte Suprema y el contrato-ley del CEMIS. La demanda se desprende de la más reciente encuesta “El Pulso de la Nación”, preparada por la reputada firma Dichter & Neira para La Prensa. La figura de la inmunidad, en su origen, pretendía la legítima afirmación en los parlamentos de los derechos de las minorías y de las oposiciones en sus enfrentamientos con las mayorías y los oficialismos. En el camino, los responsables de hacer las leyes le fueron poniendo más arandelas a esa norma para multiplicar las prebendas, partidas circuitales y vehículos exonerados, por ejemplo, de los que se han revestido. Lamentablemente, por conveniencia, se confunden dos términos que suenan parecido, inmunidad e impunidad, pero cuyos significados son diferentes. La inmunidad es la exención de ciertos cargos o penas y la impunidad es la falta de castigo. La inmunidad no es un valor absoluto ni un chaleco para la impunidad. Las denuncias de soborno son graves y el país abriga esperanza en la investigación. Cuando la figura de la inmunidad en todo el mundo se restringe y está en desaparición, conviene que todos los legisladores den paso a la conciencia de responsabilidad y se despojen de esa prerrogativa para contribuir a esclarecer lo que tanto ofende al país.