Cuando de decisiones se trata

La paciencia de la comunidad ya empieza a terminarse, especialmente porque estima que para penetrar la barrera de la inmunidad legislativa no basta con un ¡ábrete Sésamo!

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

Nunca el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, había tenido tanto respaldo a su gestión como ahora. Y no es, precisamente, por las medidas ejecutadas durante su período, sino por las diligencias que, de oficio, ordenó iniciar su suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, en torno al supuesto soborno en la Asamblea Legislativa denunciado por el legislador perredista Carlos Afú, y que salpicó a varios de sus colegas y copartidarios.

Sossa, quien se encontraba fuera del país cuando se destapó el escándalo, se incorporó a las investigaciones que en sus primeras etapas lograron la recolección de información que permitió seguir las huellas dejadas por el ilícito. Mientras las variables iban tomando forma y los hallazgos encontrados parcialmente eran reproducidos en La Prensa, la comunidad cimentaba su confianza en las tareas del Ministerio Público.

La Asamblea Legislativa estaba en receso y sus miembros se encontraban desamparados de la protección constitucional denominada inmunidad legislativa. Esta norma constitucional ha sido recitada tantas veces en estos días como la poesía Al Cerro Ancón, de Amelia Dennis de Icaza, en noviembre: “cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa”.

Ello significaba que Sossa no tenía mayores escollos que superar para apuntalar las diligencias que se adelantaban. Pero el placer de las buenas noticias no duró mucho. El 7 de febrero el propio procurador, en carta enviada al presidente de la Asamblea, Rubén Arosemena, solicitaba el levantamiento voluntario de la inmunidad de los 71 legisladores, quienes el 24 de febrero entraban a la sombra de este paraguas del pentágono criollo.

En su misiva, Sossa advertía de las dificultades que enfrentarían las investigaciones que por supuesta corrupción de funcionario adelanta el Ministerio Público, sin la “plena colaboración voluntaria” de los integrantes de la cámara legislativa.

“...Sin perjuicio de que posteriormente pueda presentar una solicitud formal e individual por cada legislador, le solicito la promoción de una iniciativa para que todos los legisladores de la Asamblea Legislativa, se levanten la inmunidad...”, acotaba en su carta.

Ya, a juicio de fuentes del propio Ministerio Público, había elementos para ordenar detenciones preventivas. Con ello se involucraba al pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados entrarían a considerar la legalidad o no de la medida, si los afectados resolvían recurrir a esa instancia con un recurso de habeas corpus.

Pero los oficios, lamentablemente, no fueron girados.

Sossa, quien durante su gestión al frente del Ministerio Público ha combatido abiertamente el uso de certificados médicos que presentan imputados o abogados con la finalidad de dilatar el proceso, cayó en la estrategia del equipo de la defensa de los ejecutivos del Consorcio San Lorenzo.

Mientras los abogados defensores anunciaban que su cliente se encontraba indispuesto para continuar la diligencia de indagatoria a que era sometido, presentaban asimismo ante el tribunal una solicitud de fianza que impidiera la detención de su representado. Su finalidad era clara: con el otorgamiento de la fianza por el Juzgado Cuarto de Circuito, ramo penal, la defensa calmaba parcialmente los nervios que se había apoderado del resto de los empleados del aludido consorcio. Algunos de ellos, incluso, habían anunciado privadamente estar dispuestos a colaborar con las investigaciones.

Esta semana, el procurador sorprendió a la ciudadanía con el anuncio de que ha recibido amenazas de muerte, sin identificar plenamente de qué naturaleza y de dónde provenían. Previo a ello, participó en una reunión de junta directiva ampliada de esa cámara en donde solicitó nuevamente a los legisladores que se levantaran la inmunidad. ¿Por qué no formuló la petición concreta e individual a los legisladores que, según las diligencias, directa o tangencialmente aparecen vinculados en este expediente? Solo él lo sabe; pero la paciencia de la comunidad ya empieza a terminarse, especialmente porque estima que para penetrar la barrera de la inmunidad legislativa no basta con un ¡ábrete Sésamo!

El autor es periodista

¿Qué Canal queremos?

La solución al tema de la carga radiactiva, a mi modesto juicio, no está en medidas como la que intenta aprobar la Asamblea

Franklin Castrellón

Franklin Castrellón
fcastrellon@prensa.com

Algunas de las personas que lean este comentario terminarán pensando que estoy defendiendo el tránsito de carga radiactiva por el Canal de Panamá. No hay tal cosa. Me preocupa, eso sí, la alarma que se ha generado en torno al tránsito de ese tipo de carga, en gran medida producto de informaciones falsas o de medias verdades. Pero esta es harina de otro costal.

Mi inquietud principal surge del riesgo de que los políticos panameños –sin lugar a dudas más dañinos que cualquier carga de plutonio– basados en el precedente que se intenta establecer en la Asamblea Legislativa, terminen metiendo sus narices en el manejo del Canal. Veamos por qué.

En virtud del Tratado de Neutralidad, el Canal está abierto al tránsito de mercaderías de todas las naciones del mundo en condiciones de igualdad, sin discriminación. En otras palabras, siempre y cuando la carga sea embalada de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia, y los buques que la transportan cumplan las normas internacionales y las del propio Canal, pueden transitar libremente por la vía, previsto que paguen los peajes y demás cargos que les sean aplicables.

Como quiera que la Autoridad del Canal –gracias al título constitucional que la rige– tiene autonomía administrativa y financiera, no va a impedir que una carga que cumple con todos los requisitos pase por la vía. Entonces, ¿qué han hecho nuestros inquietos políticos? Muy simple; buscaron la forma de aplicar la prohibición en las aguas jurisdiccionales de Panamá, de manera que los barcos con ese tipo de carga no puedan ingresar a lo que se conoce como “aguas del Canal”.

Para quienes no lo saben, la carga radiactiva (que viene cruzando el Canal desde hace más de 40 años sin que se haya producido un solo accidente), es apenas una de muchos tipos de carga peligrosa que cruzan la vía acuática panameña. Para decirlo en números, el 32% de los 13 mil 492 buques que cruzaron la vía acuática en el 2001 llevaban carga peligrosa. De acuerdo con los estándares internacionales, las más peligrosas son gasolina, químicos y gas licuado transportados a granel, esto es en enormes cantidades. Si la vía no se manejara con tan estrictos controles de seguridad, una de esas “bombas flotantes” podría explotar con graves repercusiones para el Canal y las comunidades próximas.

Entonces, ¿por qué no prohibir toda la carga peligrosa que pasa por el Canal? Después de todo, así estaríamos protegiendo la vida de todos los asociados y de quienes nos visitan desde otros países. La fórmula a seguir por los genios que hacen nuestras leyes sería la misma que han concebido para con la carga radiactiva. Es decir, “sorteando” el título constitucional, lo cual intentan lograr con el apoyo de los mejores aliados disponibles: las organizaciones ambientalistas.

Al suscrito, quien laboró por más de 26 años en el Canal de Panamá, le preocupa tanto como al que más la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Pero la solución al tema de la carga radiactiva, a mi modesto juicio, no está en medidas como la que intenta aprobar la Asamblea.

El foro a donde se deben llevar esas legítimas inquietudes es al de los organismos internacionales que rigen el transporte marítimo mundial. Muchas de las estrictas normas que rigen el transporte de carga peligrosa –incluida la radiactiva– son producto, precisamente, de la fuerte presión que han venido ejerciendo ante esos organismos grupos ambientalistas como Greenpeace. Pero es más cómodo y fácil presionar a nuestros países para que sus gobiernos, generalmente vulnerables a las presiones, actúen en consecuencia.

El problema es que Panamá no es “un país latinoamericano más”. Nuestro país tiene un canal interoceánico que sirve como un eslabón vital del comercio mundial. Este hecho nos representa grandes beneficios, pero también involucra responsabilidades y riesgos.

Otra fórmula que pudiera explorarse dentro de la administración (no por los políticos), sin vulnerar nuestra responsabilidad como país operador del Canal, es la de exigir seguro catastrófico y aplicar una rigurosa vigilancia a los buques con carga radiactiva desde antes de que ingresen a aguas panameñas. El costo de esta vigilancia adicional se le cargaría al operador del buque, desalentando así el uso de la ruta panameña. Cualquier fórmula es razonable, menos la que se impulsa en la Asamblea Legislativa, que sería un grave precedente en el manejo del Canal por Panamá.

El autor es periodista

¿Y los demás corruptos, qué?

Por lo regular, la corrupción no es accidental ni circunstancial; es una conducta aprendida a lo largo de los años

Hermes Sucre Serrano

Hermes Sucre Serrano
hsucre@prensa.com

El pasado domingo 17 de febrero, un portazo anunció la llegada de mi hijo adolescente, acompañado de un grupo de supuestos “amigos”. Uno de ellos pidió agua; situación que aprovechó para, en un santiamén, llevarse un celular de la sala. El forastero, de una barriada distante, utilizó un nombre falso para unirse –con el pretexto del juego– a jóvenes sanos, sin malicia.

Los intentos para convencer al ladronzuelo –vía telefónica– para que devolviera el aparato fueron inútiles. Pregunto, ¿cómo es posible que un chiquillo (a) lleve algo robado a casa y los adultos no averigüen su procedencia? Me imagino que el padre de este pichón de ladrón estaba furioso porque no le había conseguido un celular a él.

“Quien roba un botón, roba un millón”, nos decía –en 1959– la maestra de tercer grado Aurora Solanilla de Quiroz, de la escuela Alejandro Tapia Escobar, de Aguadulce. Por lo regular, la corrupción no es accidental ni circunstancial; es una conducta aprendida a lo largo de los años. A lo mejor los pillos de hoy hicieron sus pininos cuando robaron oxígeno a un compañero de incubadora o cuando se tomaron una mamadera ajena en un maternal.

El tema de la corrupción hay que manejarlo con pinzas para no desfigurar la realidad. Desde que el legislador Carlos Afú mostró los “fajos de la vergüenza” las críticas se enfilaron hacia toda la Asamblea Legislativa. Es cuestionable que haya legisladores que pierden su honra de un solo mameyazo, pero no es justo generalizar. Decir que todos los legisladores son corruptos sería irrespetar la dignidad individual, para dar paso a una infundada condena colectiva.

¿Cree usted que solo hay corrupción e impunidad en la Asamblea Legislativa? Qué me dice de una empresa telefónica (que no es Bell South) que en septiembre de 1999 me obligó a pagar una cuenta, por supuestas llamadas hechas desde mi casa a mi persona (celular 674-8749), cuando me encontraba de viaje en Japón, y el teléfono estaba inactivo. Una empleada hosca sentenció: “eso es lo que dice la computadora (palabra de Dios); tiene que pagar”. Eso es corrupción. ¿Y qué de las empresas eléctricas que cobran por la energía que no consume el usuario? Simplemente ¡corruptas!

También son corruptos los profesores que cobran y no asisten a clases, que acosan sexualmente a los (as) estudiantes; el comerciante que vende libras con menos de 16 onzas; los que venden pastas de dientes llenas de aire, papel higiénico sin el tamaño adecuado. Es corrupto aquél que otorga (no por gusto) concesiones amañadas para destruir los ríos, las playas, los bosques. ¿Acaso no son corruptos los que han mercantilizado la educación privada? También lo son aquellos periodistas que venden su conciencia.

Una buena etiqueta de corruptos se merecen los banqueros que se quedan con la plata de los ahorristas.

Igual de corruptos son los médicos que practican abortos, que trafican con órganos humanos, que cobran por horarios que no cumplen. También son corruptas algunas cajeras de los supermercados que marcan (a los descuidados) mercaderías que nunca llegan a la despensa.

La corrupción es tan vieja como el hombre primitivo. Sabrá Dios cuántos plagios se dieron con los dibujos que aparecen en las cavernas. Nada hay 100% puro, ni siquiera el agua envasada.

Bien lo dijo Jesucristo “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Nadie en el mundo puede decir que nunca ha cometido un pecadillo (negro, tinto, rosé o blanco). Por naturaleza el ser humano es imperfecto, sin embargo, esto no es excusa para que la justicia deje de luchar por el ideal de la equidad y cumpla con su deber de castigar al delincuente.

Quizás en Panamá ningún corrupto que se roba la plata del contribuyente vaya a la cárcel, pero no duden que tarde o temprano la justicia divina les pasará la factura. En la vida nadie se escapa –para bien o para mal– de la ley de la compensación.

El autor es periodista