El procurador general de la Nación ha hecho lo que el país esperaba. No cabe otra actitud ante la decisión de los legisladores oficialistas de no renunciar a su inmunidad para que el Ministerio Público pueda efectuar las investigaciones necesarias con el fin de aclarar las denuncias de corrupción en la compra de votos para la aprobación del nombramiento de dos magistrados y la del contrato-ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). Según los voceros del oficialismo, sus legisladores no renuncian a su inmunidad, a menos que el procurador no acuse individualmente a determinados legisladores de hechos ilícitos. Evidentemente es imposible hacerlo, por la sencilla razón de que no ha completado la investigación. Puede tener indicios y sospechas, pero no puede pedírsele al Ministerio Público que perfeccione una vista fiscal antes de terminar una investigación. Eso lo sabe hasta un estudiante de primero o segundo año de derecho, y en la bancada oficialista hay algunos abogados que hace tiempo se graduaron. Por último, complace la severa advertencia del procurador: si no se despojan ahora de su inmunidad, esperará hasta el final de la actual legislatura, cuando por efecto del receso la pierdan, porque así, sin impedimento constitucional alguno, podrá comprobar la verdad que la opinión pública reclama y la comunidad internacional necesita para evaluar mejor la justicia panameña.