Cárcel para los corruptos

Hasta en EU ocurre que los funcionarios corruptos no siempre terminan presos, e incluso se han dado casos en que los corruptos logran reelegirse desde la cárcel

Si se llega a comprobar que empresas estadounidenses participaron en el supuesto soborno de legisladores panameños para lograr la aprobación del contrato CEMIS (Centro Multimodal Industrial y de Servicios), los ejecutivos norteamericanos de esas empresas podrían terminar en la cárcel. Sería triste, sin embargo, que los cómplices gringos fueran a la cárcel mientras que los panameños quedan libres.

Revisemos dos casos paralelos al escándalo actual en la Asamblea. Primero, el caso ABSCAM en Estados Unidos: En 1980, el FBI (Buró Federal de Investigaciones) montó una operación tipo sting para atrapar a congresistas corruptos. La operación consistía en que investigadores disfrazados de sheiks árabes intentaran sobornar a unos senadores y representantes (de ambos partidos) que aparentemente estaban bajo sospecha de corrupción. Algunos congresistas rechazaron de plano las propuestas, pero siete congresistas cayeron en la trampa. Los siete fueron enjuiciados, condenados, y expulsados del Congreso. Todos terminaron en la cárcel, cumpliendo penas de dos años en promedio. Y para los siete, el escándalo puso fin a su carrera política.

Claro que hasta en Estados Unidos ocurre que los funcionarios corruptos no siempre terminan presos, e incluso se han dado casos en que los corruptos logran reelegirse desde la cárcel. Aun así, me parece claro que un país donde los corruptos corren un verdadero riesgo de ir a la cárcel será más limpio que un país donde los corruptos saben que no habrá castigo alguno.

Tomemos, por ejemplo, el caso de la empresa Saybolt, Inc., acusada de haber pagado (en 1995) 50 mil dólares en sobornos a funcionarios panameños del Ministerio de Comercio e Industrias. El soborno se descubrió cuando las autoridades estadounidenses investigaban si Saybolt (cuyo negocio es hacer pruebas cuantitativas y cualitativas a grandes volúmenes de petróleo y otros productos energéticos) había falsificado los resultados de algunas pruebas. Como la ley estadounidense “Contra prácticas corruptas en el extranjero” prohíbe el pago de sobornos a funcionarios de otros países, Saybolt y su presidente, David Meade, fueron encausados penalmente. Aunque las pruebas contra Meade no indicaban que él, personalmente, había pagado el soborno, los fiscales federales sostuvieron que él estaba al tanto del plan y aprobó por teléfono que sus subalternos en Panamá hicieran el pago. En octubre de 1998, Meade fue llevado a juicio y el jurado lo declaró culpable. En enero de 1999, la empresa se confesó culpable y recibió una multa de millón y medio de dólares. En marzo de 1999, Meade fue sentenciado a cuatro meses de prisión, seguido de cuatro meses de casa por cárcel y tres años de libertad condicional, además de una multa de 20 mil dólares. El fiscal encargado del juicio dijo: “Esta sentencia es un aviso para los ejecutivos estadounidenses de que pagarle a funcionarios extranjeros para avanzar los intereses de sus empresas conlleva un costo mucho más elevado que el costo monetario del soborno”.

Pero, ¿que pasó con los funcionarios panameños que recibieron el soborno? La respuesta rápida es que no lo sé.

Al estallar en Panamá la noticia del encausamiento estadounidense contra Saybolt, La Prensa informó que las autoridades panameñas buscaban a Hugo Tovar, director de Hidrocarburos y habían detenido al subdirector de la entidad, Auro Escudero. El 11 de febrero de 1998, La Prensa informó que Aristides Romero, entonces contralor, aseguraba que la investigación llegaría hasta “las últimas consecuencias” y que “los funcionarios que incurran en actos de corrupción serán sancionados con todo el rigor de la ley”.

Al día siguiente, La Prensa reportó que Escudero había confesado, implicando a otros funcionarios; se le concedió fianza de excarcelación. En 1999 se informó que Tovar y Escudero irían a juicio en abril, pero allí se acaba el rastro. Por lo menos en las páginas de La Prensa no encuentro otro indicio de que quienes aceptaron el soborno de Saybolt hayan sido enjuiciados.

Sería muy interesante saber cuál ha sido el desenlace del caso. Sin irrespetar la presunción de inocencia que protege a Tovar y a Escudero si no han sido condenados, el hecho es que alguien en el Gobierno panameño aceptó los sobornos de Saybolt; de otro modo, la empresa no hubiera pagado una multa millonaria y su presidente no hubiera ido a la cárcel.

En otras palabras, los estadounidenses han hecho su parte, pero si Panamá no ha hecho la suya, ¿qué nos dice el caso Saybolt sobre corrupción, impunidad y justicia en Panamá?

La autora es corresponsal en Washington

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